Espa?a practica el masoquismo en Europa

En unos tiempos en los que la imagen de Espa?a se zarandea dentro y fuera de sus fronteras, las ¨²ltimas condenas de Estrasburgo por malos tratos a detenidos y por violar un derecho fundamental como el de la libertad de expresi¨®n act¨²an como eficaces torpedos en plena l¨ªnea de flotaci¨®n. Sin embargo, esos merecidos castigos a todo un pa¨ªs se habr¨ªan evitado f¨¢cilmente si las autoridades espa?olas hubieran cumplido sus propias leyes y las insistentes recomendaciones del mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Lejos de hacerlo, jueces, fiscales, Gobierno y Parlamento se empe?an en repetir errores e incluso agravarlos.

Hace cuatro a?os, Estrasburgo dictamin¨® en una sentencia sobre malos tratos que Espa?a deb¨ªa ¡°adoptar medidas para proteger a los detenidos de posibles violencias por parte de las autoridades¡±. Desde entonces, el tribunal ¡ªcuya jurisprudencia es de obligado cumplimiento¡ª ha emitido una decena de dict¨¢menes sobre malos tratos o negligentes investigaciones sobre los mismos. Las autoridades espa?olas han hecho caso omiso. Solo as¨ª se entiende que el Gobierno haya indultado sistem¨¢ticamente a la treintena de agentes implicados y que alguno de ellos haya sido promovido a las m¨¢s altas responsabilidades, como es el caso del coronel Manuel S¨¢nchez Rub¨ª, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO).

A¨²n es m¨¢s flagrante el otro cap¨ªtulo en el que Espa?a recibe los mayores rejones de Estrasburgo. Con la reciente sentencia sobre la quema de una foto de Juan Carlos I y Do?a Sof¨ªa en Catalu?a en 2007 son ya siete las condenas por violaciones de la libertad de expresi¨®n y todas ellas pod¨ªan haber sido evitadas con sencillez.

A los fiscales y jueces les hubiera bastado pedir solo multas, pero no penas de c¨¢rcel. Es exactamente lo que ha exigido una y otra vez el TEDH a Espa?a. Lo reiter¨® en la m¨¢s emblem¨¢tica de esas siete condenas en 2011, cuando el Estado tuvo que indemnizar con 23.000 euros a Arnaldo Otegi, l¨ªder de Batasuna, tras ser condenado en Espa?a por calificar al Rey de ¡°jefe de los torturadores¡±. Desde entonces, ha ocurrido todo lo contrario: los fiscales se han ensa?ado en pedir penas tan abultadas como contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Y lo contrario han hecho tambi¨¦n el Gobierno y el Parlamento. No solo no han atendido esa recomendaci¨®n, sino que han promovido y aprobado leyes para ampliar los supuestos de ¡°discurso de odio¡±: ahora basta con incitar ¡°directa o indirectamente¡± el odio o ¡°la hostilidad contra un grupo determinado¡± y se han elevado las penas de prisi¨®n de dos a cuatro a?os. Por eso se han producido otras recientes condenas ¡ªtres a?os y medio de prisi¨®n el mes pasado contra el rapero Valtonyc¡ª susceptibles de acabar en nuevos y vergonzosos veredictos de Estrasburgo.

Al perseguido escritor Salman Rushdie le gusta decir que ¡°la libertad de expresi¨®n es un bien escaso¡±. No lo ha sido en las ¨²ltimas d¨¦cadas en Espa?a, pero las autoridades se empe?an en que lo parezca.