El autob¨²s quemado

Es una vieja historia de los a?os de plomo vascos. Tuvo lugar en Ir¨²n, en casa de una prima nacionalista de mi mujer, cuando cerca ya de la cena comenzaron a preocuparse por la tardanza del hijo menor, quien adem¨¢s aparentaba ser m¨¢s joven. Lleg¨® al fin en estado convulso, denunciando la agresi¨®n sufrida de los grises. "?Pegaban a los ni?os! ?Pegaban a los ni?os!", dec¨ªa una y otra vez. Todos, claro, comentaban la barbarie de la polic¨ªa. Cuando ya se calm¨®, le pregunt¨¦: "?Y qu¨¦ hac¨ªais los ni?os?". "Pues quemar un autob¨²s", fue su respuesta.

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A mayor escala, es lo que est¨¢ sucediendo en Catalu?a. ?Por qu¨¦ perseguir judicialmente a unos pol¨ªticos que al proclamar la independencia de Catalu?a contra la Constituci¨®n, el Estatuto y las normas del propio Parlament ¡ªrecordemos el 6 y 7 de septiembre¡ª solo pretend¨ªan hacer un ingenuo ejercicio de libertad de expresi¨®n? Frente a semejante coartada, conviene recordar algo elemental: eso que viene llam¨¢ndose "el choque de trenes" es en realidad el conflicto inevitable entre una estrategia nacionalista de destrucci¨®n del orden democr¨¢tico, con el objetivo desde 2012 de imponer la independencia de Catalu?a, y la inevitable posici¨®n de defensa del Estado de derecho. A partir de sus primeros pasos, la ofensiva asumi¨® la forma de una paradoja pragm¨¢tica: si el Estado cerraba los ojos a la "transici¨®n nacional", es decir, al decisionismo independentista, no hab¨ªa problemas, independencia; si le opon¨ªa la legalidad constitucional, comet¨ªa un crimen de lesa democracia al enfrentarse a los deseos del poble catal¨¢, y todo val¨ªa para llegar a la independencia.

Desde entonces al discurso de investidura de Turull, "pueblo catal¨¢n" no significa "sociedad catalana", sino el conjunto (minoritario hasta hoy) de catalanes que conscientes de su identidad afirman la necesidad de un Estado propio. Son los aut¨¦nticos catalanes, desde los tiempos de Prat de la Riba, hermano menor en racismo de Sabino Arana, as¨ª que los de fuera, si no se convierten y asumen su posici¨®n subordinada, son enemigos mortales como Arrimadas ("que se quede en Andaluc¨ªa a resolver problemas, y no venga aqu¨ª a darnos...", afirmaba el comentario de un lector en La Vanguardia). A esta exigencia de imponer las propias decisiones pol¨ªticas, la llaman "democracia" hasta la saciedad, sin que importe excluir de entrada a m¨¢s de la mitad de los catalanes. Los discursos subversivos del presidente del Parlament, son el mejor ejemplo. Con la complicidad de Podem, se trata de convertirla fractura social vigente en un enfrentamiento violento, de cuya faceta se encarga la CUP.

Torrent utiliza su cobertura en la legalidad constitucional y estatutaria, para atacarlas, buscando de forma implacable su destrucci¨®n. Ni siquiera respeta los usos parlamentarios con la oposici¨®n: a la l¨ªder del partido m¨¢s votado no la recibe porque tiene su agenda cubierta. Desde las elecciones del 21-D, Puigdemont sirvi¨® para mascar¨®n de proa, pero han sido los partidos independentistas, con Torrent al frente, quienes han impedido de modo consciente el regreso a una vida pol¨ªtica normal. De ah¨ª que estemos en un callej¨®n sin salida: a eso iban. ?D¨®nde estar¨ªa Torrent de no haber democracia? La democracia espa?ola, que es tambi¨¦n la democracia catalana, tiene esta virtud.

La estrategia viveriana llevaba a este desenlace. A la luz de las Diadas, si el fraude de ley sistem¨¢tico no consegu¨ªa una independencia indolora, intervendr¨ªa la movilizaci¨®n antisist¨¦mica, m¨¢s el cerco y la difamaci¨®n de los constitucionalistas, en todos los niveles, desde la lluvia de basura en tuits y pintadas, al citado menosprecio en el Parlament. No importa el coste social y econ¨®mico para Catalu?a. El Gobierno acert¨® tard¨ªamente a jugar con el 155 la v¨ªa de la defensa rigurosa del orden constitucional, la denostada judicializaci¨®n. Ignor¨® en cambio que la defensa de la democracia catalana implicaba asimismo la acci¨®n pol¨ªtica, desenmascarar el proc¨¦s, resaltar esa acumulaci¨®n de mentiras que acaba present¨¢ndose como verdad. No hac¨ªa falta esperar a los jueces para exponer que una DUI, como la del 27 de octubre, desde una minor¨ªa de representaci¨®n social, desde el aplastamiento de la oposici¨®n en las sesiones del 6 y 7 de septiembre, y contraviniendo de lleno la Constituci¨®n, ten¨ªa que tropezar con el Estado de derecho. Ante todo, por la salvaguardia de la democracia en Catalu?a. Para los sediciosos, obviamente, toda respuesta del Estado a la rebeli¨®n era ileg¨ªtima. La quema del autob¨²s no exist¨ªa.

Ahora bien, tampoco el constitucionalismo se ha dado cuenta de que ante la demanda independentista, es preciso ofrecer una efectiva reforma constitucional, a mi juicio con federalismo y autodeterminaci¨®n regulada. Otra cosa es confiar err¨®neamente en que se pudra el conflicto.

La posici¨®n independentista es s¨®lida en su base: la elite aut¨®ctona ha confiscado el poder en una sociedad ¨¦tnicamente dual, con la pr¨¢ctica totalidad del v¨¦rtice pol¨ªtico en manos de los Ocho apellidos catalanes. Logr¨® una ampl¨ªsima base entre los f¨¢cticamente excluidos del poder, y mediante una rigurosa estrategia totalista ha implantado una ideolog¨ªa del odio frente a Espa?a.

Cuenta con la ayuda de ese sorprendente reducto de justicia totalmente ciega ante la realidad pol¨ªtica que va dibujando un golpe tras otro al Estado de derecho espa?ol en nombre de los Derechos Humanos. Vale la pena seguir las declaraciones del juez Casadevall en TV3 y Catalunya Radio, y releer sentencias y dict¨¢menes recientes del Tribunal de Estrasburgo y del Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU, convenientemente manipulados por el secesionismo, para entender el sentido de esa actuaci¨®n. Entre tanto, sin bazas pol¨ªticas ni mayor¨ªa social, llega la hora del asalto, esta vez con movilizaciones tan pac¨ªficas que ocasionan decenas de heridos. Igual de pac¨ªficas que el 20-S. Hay que incendiar de nuevo el autob¨²s, esgrimiendo el se?uelo de la democracia.