M¨¢s datos, menos corrupci¨®n

Que la corrupci¨®n es un problema con enormes costos para los pueblos de las Am¨¦ricas es algo conocido. Las historias de fiscales y jueces que cual superh¨¦roes modernos combaten contra intereses de empresas y gobernantes parecen ser una constante con ribetes de telenovela o serie de Netflix. Pero el problema va m¨¢s all¨¢ de narraciones ¨¦picas de moda como las de ¡®O mecanismo¡¯. El problema est¨¢ en que no contamos con sistemas que aseguren la prevenci¨®n y eventual sanci¨®n de los casos.

M¨¢s informaci¨®n

Latinoam¨¦rica celebra una cumbre sobre la corrupci¨®n con las ¨¦lites devoradas por los esc¨¢ndalos

La corrupci¨®n de nuestros d¨ªas puede ser sofisticada y transnacional, como lo demuestra el esc¨¢ndalo de los sobornos de la empresa brasile?a Odebretch, o b¨¢sica, como la suma de sobrecostes en peque?as obras p¨²blicas. Hay casos para todos los gustos y cada uno debe combatirse de manera distinta, pero en todos hay una constante: no se puede controlar lo que no se puede ver. Y sobre lo que pactan gobiernos y empresas a¨²n sabemos muy poco.

En la medida en que la informaci¨®n sobre el uso de lo p¨²blico sea escasa, opaca, incompleta o indescifrable, cualquier esfuerzo de vigilancia gubernamental o ciudadana se convierte en una tarea tit¨¢nica. Esto explica que en los ¨²ltimos cinco a?os, una nueva generaci¨®n de periodistas, activistas, personal de gobierno, personas de la academia y un peque?o sector de empresas en varios pa¨ªses de Am¨¦rica Latina hayan centrado sus esfuerzos de lucha contra la corrupci¨®n en una exigencia: que se liberen datos p¨²blicos sobre la actividad de los tres poderes del Estado, incluyendo presupuestos y compras p¨²blicas a nivel nacional y local.

Su objetivo es acabar con la opacidad y la asimetr¨ªa de informaci¨®n que hoy existe entre quienes ejercen control social y quienes son responsables de la ejecuci¨®n de dineros p¨²blicos. Su sue?o es que todos los gobiernos de la regi¨®n publiquen datos relevantes en formato abierto, actualizados, accesibles, completos y que los utilicen no solo para rendir cuentas sino tambi¨¦n para tomar decisiones m¨¢s eficientes y participativas.

Que los datos sean abiertos implica que ustedes y yo podamos reutilizarlos y que a partir de ellos cualquier persona podr¨ªa dise?ar herramientas, reportajes, gr¨¢ficos o intervenciones callejeras que nos permitan conocer, comprender y vigilar c¨®mo act¨²an nuestros gobiernos. Buenos ejemplos son la visualizaci¨®n del proyecto PODER de los contratos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de M¨¦xico, las obras bajo la lupa de Ojo con mi pisto en Guatemala y el proyecto Cuidados Intensivos de Ojo P¨²blico en Per¨², o su reciente proyecto Funes, que se propone desarrollar un algoritmo que ayude a detectar casos de corrupci¨®n en el Estado.

Sin datos no existir¨ªan esas historias y sin ellas ser¨ªa muy dif¨ªcil involucrar a la ciudadan¨ªa en el combate contra pr¨¢cticas corruptas. Sin datos, la Universidad de San Pablo no hubiera podido mapear y entender las redes de corrupci¨®n que operan en Brasil desde hace 20 a?os y no sabr¨ªamos que en Per¨² las obras p¨²blicas que fueron objeto de escrutinio p¨²blico ahorraron hasta 51 % m¨¢s que aquellas que no fueron controladas de igual forma.

Pero obtener datos p¨²blicos no es f¨¢cil y a veces resulta peligroso. En Latinoam¨¦rica, solo siete pa¨ªses tienen pol¨ªticas de datos abiertos. Esa cifra debe crecer, pero sobre todo, necesitamos que los datos publicados sean relevantes, que las instituciones p¨²blicas operen de forma transparente y que gobiernos, empresas y ciudadan¨ªa sepan c¨®mo hacer uso prol¨ªfico de los datos liberados, de lo contrario la corrupci¨®n se tornar¨ªa m¨¢s visible pero seguir¨ªa existiendo.

La corrupci¨®n es compleja y exige respuestas acordes a su complejidad. Eso hace valiosa y transformadora la liberaci¨®n de datos abiertos en sectores clave porque, m¨¢s que normas, gu¨ªas y reglamentos, lo que realmente genera es un tejido social ¨Cplural, colaborativo y aut¨®nomo¨C que permita monitorear las acciones de gobiernos y empresas para anticipar potenciales casos de corrupci¨®n y denunciarlos cuando sucedan.

Reconociendo esto, los jefes de Estado reunidos recientemente en la VIII Cumbre de las Am¨¦ricas incluyeron en el Compromiso de Lima el impulso de un programa de datos abiertos en sectores clave, incluyendo el de las compras p¨²blicas. No esper¨¢bamos menos. As¨ª lo exige este momento hist¨®rico y as¨ª lo reclamamos m¨¢s de 40 organizaciones de la sociedad civil de todo el continente. A trav¨¦s de una declaraci¨®n p¨²blica exigimos m¨¢s pol¨ªticas, m¨¢s datos y m¨¢s mecanismos de participaci¨®n social para enfrentar la corrupci¨®n y su desproporcionado costo sobre los m¨¢s vulnerables.

La construcci¨®n de ese programa demandar¨¢ esfuerzo de muchas personas e instituciones. De los tecn¨®cratas que deber¨¢n generar mejores insumos y herramientas de control, de la prensa que deber¨¢ encontrar nuevas formas de transmitir este fen¨®meno y de la sociedad que deber¨¢ experimentar nuevas formas de participaci¨®n. Todo acompa?ado de una tarea compartida y urgente: promover un cambio ¨¦tico global que cambie la relaci¨®n entre el dinero y el poder que est¨¦ al servicio de un mundo m¨¢s justo y no del beneficio de unos pocos.