Las agricultoras africanas pagan cara la corrupci¨®n en las tierras

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Cuando una empresa fabricante de etanol lleg¨® en 2008 al pueblo de Qhelani Mahanya, situado en el sureste de Zimbabue, para establecer un proyecto de biocombustible, esta agricultora de 29 a?os cuenta que muchos habitantes de la regi¨®n pensaron que traer¨ªa m¨¢s oportunidades de desarrollo y empleo. Diez a?os despu¨¦s, dice que la empresa no ha tra¨ªdo m¨¢s que miseria.

A los aldeanos no les consultaron durante el proceso de distribuci¨®n de tierras y cuando asignaron los terrenos para compensarlos, a muchas campesinas ¨Cincluida ella misma¨C no las tuvieron en cuenta. Por eso ahora tiene dificultades para alimentar a sus dos hijos. ¡°Antes de que llegara la empresa, pod¨ªamos sembrar ma¨ªz y alimentar a nuestras familias y todav¨ªa nos quedaba un poco para vender. Ahora no hacemos m¨¢s que sufrir¡±, se queja. ¡°Si intentamos plantar algo, nos destrozan los cultivos¡±.

Defensores de los Derechos Humanos aseguran que la compa?¨ªa ha traspasado constantemente los l¨ªmites de los terrenos inicialmente asignados, invadiendo los reservados para la comunidad. ¡°Esto no es nuevo¡­ y est¨¢ claro que las cosas no se hicieron de la manera adecuada¡±, afirma Claris Madhuku, director de la Plataforma de Desarrollo Juvenil (PYD), una ONG local. ¡°Se dan los elementos b¨¢sicos para una corrupci¨®n relacionada con las tierras¡±, apunta.

En todo ?frica subsahariana, las agricultoras son quienes salen perdiendo en estos casos de corrupci¨®n, asegura Transparencia Internacional en una nueva investigaci¨®n presentada en marzo pasado que demuestra que el problema est¨¢ extendido y afecta de manera desproporcionada a mujeres como Mahanya. ¡°En todo el mundo, una de cada cinco personas admite haber pagado sobornos por servicios relacionados con la tierra; sin embargo, en ?frica subsahariana, se ve afectado uno de cada dos usuarios de servicios de administraci¨®n de terrenos¡±, especifica el estudio.

Las mujeres son m¨¢s vulnerables en estos casos por una amplia gama de razones, como la discriminaci¨®n social, el menor acceso a la ense?anza y a la informaci¨®n, la pobreza y la vulnerabilidad a la extorsi¨®n sexual. "Ellas dependen especialmente de la tierra. Suponen la mayor¨ªa de la poblaci¨®n agr¨ªcola y tienen menos oportunidades que los hombres para obtener rentas por otros medios¡±, defiende el informe.

En Zimbabue, las mujeres aportan alrededor del 70% del trabajo agr¨ªcola, pero en 2016 solo el 18% de las mujeres rurales declaraba ser participante activa en las decisiones sobre la tierra

En Zimbabue, las mujeres aportan alrededor del 70% del trabajo agr¨ªcola y se calcula que generan el 60% de la producci¨®n, pero en 2016 solo el 18% de las mujeres rurales declaraba ser participante activa en las decisiones sobre la tierra, frente al 30% de los hombres, seg¨²n el informe. ¡°Las comunidades basadas en la agricultura a peque?a escala y familiar dependen significativamente del trabajo de ellas, pero a menudo las estructuras jur¨ªdicas y sociales y la din¨¢mica familiar limitan el acceso de las mujeres a la propiedad y al control de la tierra y de las rentas derivadas de su uso¡±, se?ala Kate Muwoki, asesora regional de Transparencia Internacional para el sur de ?frica. ¡°En los casos en los que ellas son propietarias, a menudo su terreno es de menor calidad y m¨¢s peque?o que la de los hombres. Incluso all¨ª donde existe, la legislaci¨®n para garantizar la igualdad en el derecho a la tierra tiene a menudo una eficacia limitada¡±, a?ade.

Hay organizaciones que trabajan para contrarrestar los incumplimientos del derecho al suelo, y el informe destaca algunas que han encontrado enfoques innovadores. Hay grupos que crean plataformas digitales para informar sobre casos de corrupci¨®n relacionada con tierras, otros que amplifican la voz de las mujeres con videos sobre su propiedad y organizaciones que forman asistentes jur¨ªdicos encargados de defender sus derechos.

Una de ellas es la Iniciativa por la Integridad de Ghana (GII), que promueve el uso del sistema comunitario de resoluci¨®n de conflictos. El grupo ha formado a personas que trabajan como mediadores jur¨ªdicos y que proporcionan a las mujeres informaci¨®n y asesoramiento. Michael Okai, coordinador de proyectos de GII, explica que la organizaci¨®n inici¨® el proyecto al comprender que en Ghana las mujeres pobres y vulnerables tienen dificultades para recibir ayuda legal: ¡°Los procedimientos son muy complicados, los litigios tardan mucho en concluir, y a menudo la presentaci¨®n de una demanda judicial exige la asistencia de abogados, cuyas tarifas son demasiado elevadas para muchas de estas agricultoras¡±.

Okai dice que el programa de asistentes jur¨ªdicos, que est¨¢ en funcionamiento desde 2016, ha logrado ayudar a las mujeres a ser m¨¢s conscientes de sus derechos. ¡°Cuestiones que antes se habr¨ªan barrido bajo la alfombra est¨¢n siendo ahora objeto de atenci¨®n y resueltas, porque han podido ayudar a viudas y marginadas a conservar la tierra y sus derechos de propiedad¡±, apunta.

Al otro lado del continente, en Zimbabwe, Muhanya sigue aferr¨¢ndose a la esperanza de que la comunidad logre alg¨²n d¨ªa justicia. ¡°No s¨¦ qui¨¦n podr¨¢ ayudarnos, porque llevamos esperando ayuda desde 2008¡±, se?ala. ¡°Pero la necesitamos, porque estamos sufriendo¡±.

Este texto fue publicado originalmente en ingl¨¦s en la p¨¢gina web de Newsdeeply en este enlace.

Jumana Farouky es redactora jefa de Women & Girls. Nacida en El Cairo, criada y educada en Londres, ha trabajado para Newsweek y la Fundaci¨®n Thomson Reuters. Rumbi Chakamba es una periodista aut¨®noma radicada en el sur de ?frica. Con formaci¨®n en relaciones internacionales, est¨¢ especializada en desarrollo regional y g¨¦nero.?

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