Hay que proteger la propiedad de la tierra en ?frica

Hace poco, la presidenta de Liberia y premio Nobel de la Paz Ellen Johnson Sirleaf advirti¨® de que ?frica no podr¨¢ escapar de la pobreza, el hambre y la inanici¨®n hasta que los gobiernos garanticen a los peque?os agricultores la propiedad de sus tierras. Al hacerlo, hablaba desde su propia experiencia, personal y pol¨ªtica.

Sirleaf y su diminuto pa¨ªs del oeste de ?frica son ejemplos perfectos del enorme coste que la falta de protecci¨®n del derecho sobre la tierra supone para las personas, las comunidades y los pa¨ªses. Las disputas por la propiedad de los terrenos fueron un factor importante de los 14 a?os de sangrienta guerra civil en Liberia. Y la superposici¨®n de reclamos de propiedad sigue fomentando el conflicto y obstaculizando la inversi¨®n extranjera. Ni siquiera la presidenta est¨¢ a salvo: una parcela de una hect¨¢rea y media que Sirleaf compr¨® en 1979 fue invadida por ocupantes ilegales que se instalaron all¨ª durante a?os.

Historias como estas se oyen en todo el continente. Seg¨²n el Banco Mundial, m¨¢s del 90% de los terrenos rurales africanos est¨¢ indocumentado. La superposici¨®n e incoherencia de los sistemas de gesti¨®n de la tierra es la norma; tambi¨¦n lo es que los registros de terrenos sean inaccesibles, desactualizados, incompletos, inexactos o inexistentes. Esta disfuncionalidad ha tenido un costo indudable para los gobiernos africanos, en la forma de p¨¦rdidas millonarias de inversi¨®n extranjera; pero los perjudicados m¨¢s directos han sido los agricultores africanos.

Las familias de peque?os agricultores africanos (que ya padecen la degradaci¨®n del suelo, el cambio clim¨¢tico y una competencia por los recursos disparada por el crecimiento poblacional) se enfrentan a un obst¨¢culo burocr¨¢tico todav¨ªa m¨¢s dif¨ªcil: la falta de documentos que les permitan probar que el lugar donde viven les pertenece. No saber si podr¨¢n controlar sus granjas hasta la pr¨®xima estaci¨®n reduce el horizonte de planificaci¨®n de los agricultores. En vez de invertir en aplanar el terreno, plantar ¨¢rboles y comprar fertilizante de calidad, los agricultores africanos tratan de maximizar las ganancias inmediatas. Esto vale especialmente para las mujeres agricultoras, que adem¨¢s deben luchar contra costumbres y leyes de propiedad discriminatorias.

Hay estudios que muestran que no ser¨¢ posible reducir la pobreza, mejorar la nutrici¨®n o alcanzar otros objetivos de desarrollo si no se fortalece el derecho a la tierra, especialmente para las mujeres. Es simplemente un prerrequisito del desarrollo.

No saber si podr¨¢n controlar sus granjas la pr¨®xima estaci¨®n reduce el horizonte de los agricultores

En Tanzania, las mujeres cuya propiedad de la tierra est¨¢ protegida ganan tres veces m¨¢s que las otras. En Nepal, los ni?os de madres en esas condiciones tienen un 33% m¨¢s de probabilidades de estar bien nutridos. Y en Zambia, en ¨¢reas donde las mujeres no tienen seguridad sobre la propiedad de sus terrenos y las tasas de infecci¨®n por VIH son altas, es m¨¢s dif¨ªcil que hagan inversiones para mejorar las cosechas (incluso si sus maridos no son VIH-positivos), ya que prev¨¦n que si enviudan, ser¨¢n expulsadas de sus tierras; esa expectativa reduce la inversi¨®n agr¨ªcola y afecta las cosechas y la nutrici¨®n de la familia por a?os.

Como hay 400 millones de mujeres agricultoras, estos datos son un indicador de los altos costes globales (medidos como p¨¦rdida de productividad y potencial econ¨®mico no realizado) que supone la falta de protecci¨®n de la propiedad femenina de la tierra.

En ?frica, los signos de esa desprotecci¨®n est¨¢n literalmente escritos en el paisaje. En algunas regiones, las deficiencias de registro y las malas estructuras administrativas han obligado a los propietarios a poner carteles en sus campos o casas para advertir a posibles compradores sobre el riesgo de ser estafados por vendedores que se hacen pasar por due?os leg¨ªtimos. En muchos pa¨ªses, simplemente no hay modo de saber a qui¨¦n pertenece cada terreno.

Las comunidades con control legal claro de la tierra administran esos recursos mejor que otras donde la propiedad es incierta. Lo mismo puede decirse de las personas. En Ghana, all¨ª donde la propiedad de la tierra est¨¢ bien protegida, es un 39% m¨¢s probable que los agricultores planten ¨¢rboles. En Etiop¨ªa, hay un 60% m¨¢s de inversi¨®n en prevenir la erosi¨®n del suelo en aquellas parcelas cuya propiedad est¨¢ clara.

Pero a pesar de la evidencia, casi 1.000 millones de personas en todo el mundo carecen de derechos de propiedad seguros sobre la tierra de la que dependen para vivir. Hace poco, la Fundaci¨®n Cadasta y Habitat for Humanity mediante su campa?a Solid Ground demostraron con un nuevo estudio en l¨ªnea que estas incertidumbres tienen amplias consecuencias. La falta de protecci¨®n del derecho a la tierra puede limitar el acceso de los agricultores a seguros de cosecha, dificultar a sus hijos la inscripci¨®n en la escuela e incluso contribuir a tasas de suicidio m¨¢s altas.

El Senado de Liberia analiza aprobar leyes que fortalecer¨ªan enormemente el derecho de los agricultores (y de las agricultoras) a la tierra. Muchos otros pa¨ªses en ?frica (notablemente, Ruanda y Zambia) y en Asia (entre ellos Myanmar e India) han hecho o planean hacer lo mismo. Es necesario apoyar, acelerar e imitar estos esfuerzos.

Pero la gente no se ha sentado a esperar a que los dirigentes act¨²en. La adopci¨®n de tecnolog¨ªas innovadoras ya ofrece una salida a comunidades de pa¨ªses cuyos gobiernos no quieren o no pueden ayudar. Los avances en GPS, drones y computaci¨®n en la nube permiten a las comunidades documentar la propiedad de la tierra, con o sin reconocimiento o apoyo oficial. Junto con la Fundaci¨®n Cadasta, comunidades de todo el mundo, de Nigeria a la India, usan dispositivos m¨®viles para trazar mapas de los terrenos y apoyar los reclamos de propiedad con evidencia f¨¢ctica, lo que permite un fortalecimiento incremental del derecho de propiedad.

Hay que aplaudir la decisi¨®n de Liberia de liderar una reforma continental del derecho a la tierra; l¨ªderes como Sirleaf comprenden claramente los problemas que se originan en la falta de protecci¨®n de ese derecho. Pero los cambios estructurales llevar¨¢n tiempo. A falta de una intervenci¨®n estatal m¨¢s decidida, las comunidades y las personas tendr¨¢n que puentear los mecanismos convencionales y llenar ellas mismas los vac¨ªos en el mapa.

Frank Pichel es director principal de programas y cofundador de la Fundaci¨®n Cadasta.

Copyright: Project Syndicate, 2017.www.project-syndicate.org. Traducci¨®n de Esteban Flamini

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