Colombia: ?repetir el pasado?

La firma del Acuerdo de Paz en Colombia fue un acontecimiento de enorme importancia pol¨ªtica. Sin embargo, el hecho parece no haber sido movilizador ni significativo para muchos colombianos. Cada d¨ªa se incrementa la incertidumbre frente a la implementaci¨®n del pacto firmado entre el Estado nacional y las FARC, a finales del a?o 2016. Durante las ¨²ltimas semanas, diversos hechos ponen en evidencia que lo acordado puede estancarse definitivamente. A un a?o y medio de la firma del acuerdo, es notorio el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de pol¨ªticas p¨²blicas, presupuesto, agenda legislativa, reincorporaci¨®n de combatientes, as¨ª como las sospechas de corrupci¨®n en la administraci¨®n de los fondos de la paz.

El presidente Juan Manuel Santos expresa un preocupante desentendimiento y lentitud frente a los desaf¨ªos abiertos por este proceso. Al desd¨¦n y a la incapacidad institucional del Estado colombiano se le agrega la disidencia y el rearme de varios excombatientes (alrededor de 1.300 hombres), el asesinato de 22 de ellos y el riesgo latente de una judicializaci¨®n del proceso, donde se nota la mano larga de la Fiscal¨ªa colombiana y de la DEA para impedir que la Jurisdicci¨®n Especial de Paz (JEP) cumpla con sus competencias. Como si este oscuro panorama no fuera suficiente, se hizo realidad el alerta que hab¨ªan realizado varios sectores al Gobierno: el copamiento de zonas de influencia dejadas por las FARC por parte de otras estructuras armadas ilegales, con enfrentamientos por el negocio del narcotr¨¢fico y dem¨¢s rentas ilegales, as¨ª como por el control social y territorial, bajo la mirada casi siempre ausente y precaria de una institucionalidad democr¨¢tica fr¨¢gil.

En este escenario, asistimos a un incremento extraordinario de asesinatos de l¨ªderes sociales; la mayor¨ªa de fuentes hablan de m¨¢s de 200, aunque el Fiscal General de la Naci¨®n, N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez, y el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se han negado a reconocer la sistematicidad de estos hechos de violencia, atribuy¨¦ndolos a "l¨ªos de faldas y retaliaciones personales". A esto se suma una campa?a electoral a la presidencia de la rep¨²blica, en la cual los sectores de ultraderecha van dejando claro que la apertura pol¨ªtica no ser¨¢ posible mientras ellos est¨¦n en el poder, manteniendo la posibilidad de reformar profundamente lo acordado, eufemismo con el que pretenden ocultar su voluntad de hacer trizas el Acuerdo de Paz.

Esa misma ultraderecha, que aglutina distintos sectores de poder en el pa¨ªs, ya hab¨ªa hecho parte de la tarea al promover el odio y el miedo para votar por el No en el Plebiscito por la Paz, impedir la reforma pol¨ªtica, negar las Circunscripciones de Paz a las v¨ªctimas y territorios que han sufrido la violencia, retrasar la agenda legislativa del procedimiento r¨¢pido (fast-track), recortarle las competencias a la JEP para salvar de responsabilidad en el conflicto a sectores de las ¨¦lites pol¨ªticas y empresariales, y ahora echarle la culpa a las FARC de los fracasos del proceso. Pero dicha situaci¨®n no puede verse como una excepcionalidad del pos acuerdo en Colombia. Basta con mirar otras experiencias de negociaciones de paz en Centroam¨¦rica, para reconocer que irremediablemente parecer¨ªamos estar repitiendo la historia de un fracaso ya conocido.

En la semana del 23 al 25 de abril de 2018, se realiz¨® en Medell¨ªn el Congreso Internacional ¡°Para NO Volver a la Guerra. La historia de la paz y la paz en la historia¡±. Parte de las experiencias all¨ª narradas por sus protagonistas, evidencian algunos rasgos comunes frente a las dificultades que asisten al proceso de paz en Colombia, en una lectura comparada con las experiencias de El Salvador, Guatemala y M¨¦xico: Incumplimiento del Estado como contraparte de los acuerdos firmados. Aumento de la violencia social y precarizaci¨®n del derecho a la vida, que impide que la sociedad civil asuma como propia la paz. Realizaci¨®n de acuerdos de paz en un contexto de imposici¨®n, en Am¨¦rica Latina, de la econom¨ªa de mercado y disminuci¨®n del papel del Estado, dos realidades que operan de trasfondo al incumplimiento de las reformas sociales y pol¨ªticas emanadas de los acuerdos de paz.

Mantenimiento de un proyecto paramilitar que debilita y agrede la organizaci¨®n social y su apoyo a los acuerdos de paz. Excesiva confianza en los partidos pol¨ªticos tradicionales, que luego no apoyan u obstaculizan los acuerdos logrados. Arremetida de sectores conservadores contra los esfuerzos de esclarecimiento de la verdad y b¨²squeda del derecho a la justicia, para mantener la impunidad. La guerra nunca deja nada bueno. Pese a este panorama, las experiencias coincidieron en expresar que la guerra nunca deja nada bueno. Tal vez, s¨®lo para aquellos que se enriquecen con ella y conservan su poder de manera mezquina.

El Acuerdo de Paz firmado en Colombia, ya es de la sociedad, y ese quiz¨¢s sea el mensaje fundamental que nos dejan las dem¨¢s experiencias contadas. Para hacer la transici¨®n de la guerra a la paz en Colombia hay que comprender los aprendizajes de otros pa¨ªses como propios. Esto nos fortalece como sociedad y nos pone en el camino de defender lo logrado y aportar con fuerza y compromiso a su implementaci¨®n. El Acuerdo de Paz es un acontecimiento pol¨ªtico que ya est¨¢ en la sociedad colombiana, su desarrollo requiere asumir la dimensi¨®n cultural y pol¨ªtica que lo sustenta, avanzando en los procesos de democratizaci¨®n y de movilizaci¨®n social que permitan materializarlo. Otro asunto aprendido es que quienes han gobernado hist¨®ricamente, y los sectores de poder a los que representan, siempre tendr¨¢n un repertorio de guerra y un discurso que lo justifique, para evitar cualquier apertura en la que participen los sectores excluidos social, econ¨®mica y pol¨ªticamente.

Por todo esto, la jornada electoral presidencial del pr¨®ximo 27 de mayo ser¨¢ fundamental para decidir el el futuro del pa¨ªs. Se abren dos destinos: o repetimos el pasado y dejamos que las ¨¦lites conservadoras sigan destrozando el Acuerdo de Paz, cabalgando sobre la impunidad, apropi¨¢ndose del Estado y de los recursos p¨²blicos, manteniendo los cantos de guerra e impidiendo todo cambio democr¨¢tico; o damos lugar a una nueva narrativa en la que la opci¨®n ser¨¢ la esperanza, la dignificaci¨®n de las personas, la superaci¨®n de la impunidad, la redistribuci¨®n de la riqueza, las garant¨ªas para las futuras generaciones y la apertura pol¨ªtica, coordenadas sobre las cuales se edificar¨ªa un Estado al servicio de un renovado proyecto de sociedad en Colombia. Yo, prefiero la segunda.

Diego Herrera Duque es presidente del Instituto Popular de Capacitaci¨®n, IPC, de Medell¨ªn, Colombia.