Las violaciones de derechos ind¨ªgenas de las inversiones chinas
Los autores denuncian que el gigante asi¨¢tico no tiene en cuenta a las pueblos originarios en sus inversiones en Latinoam¨¦rica
Este a?o, China se presenta al Examen Peri¨®dico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. Es un reto para el pa¨ªs asi¨¢tico y sus empresas ante las violaciones de derechos humanos y medioambientales que ser¨¢n denunciadas por varias organizaciones de Am¨¦rica Latina. Pero tambi¨¦n lo es para la ONU, que debe elegir entre el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio o continuar avalando el modelo que impone China en la regi¨®n.
En su ¨²ltimo EPU, la ONU recomend¨® especialmente al Gobierno chino el respeto por las minor¨ªas ¨¦tnicas dentro y fuera de sus fronteras. Sin embargo, la actuaci¨®n de las empresas de este pa¨ªs no sigue estas recomendaciones en Am¨¦rica Latina y, por el contrario, las violaciones a los derechos humanos y al medioambiente contin¨²an. Esa es la conclusi¨®n a la que llegan ONG, comunidades campesinas e ind¨ªgenas latinoamericanas, como La Coordinadora de las Organizaciones Ind¨ªgenas de la Cuenca Amaz¨®nica - COICA y la Coalici¨®n Regional por la transparencia y la participaci¨®n, en un informe que presentaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en el consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Aqu¨ª algunas de las violaciones cometidas por las inversiones chinas en Am¨¦rica Latina:
Colombia: Bloque Petrolero El Nogal
Este proyecto ubicado en Caquet¨¢, Colombia, es explorado y explotado por La compa?¨ªa Emerald Energy PLC Colombia, filial de la estatal china Sinochem. La compa?¨ªa china desconoce la riqueza ambiental de la regi¨®n y la presencia de cinco comunidades ind¨ªgenas, y evita realizar un proceso de consulta.
Pese a las denuncias, el di¨¢logo no es opci¨®n para el Gobierno colombiano, que ha respondido con represi¨®n a las protestas de comunidades ind¨ªgenas y campesinas con la polic¨ªa y el ej¨¦rcito tal cual como lo vienen denunciando las Comisiones por la Vida del Agua (CVA) y la Asociaci¨®n Ambiente y Sociedad.
Venezuela: Arco Minero
La regi¨®n Arco Minero, ubicada en el Orinoco venezolano, es explotada por m¨¢s de 100 empresas que buscan colt¨¢n y oro, incluidas las de capital chino Camc Engineering Co. Ltd. y Yankuang Group Co. Ltd. (Yankuang). Sin embargo, las compa?¨ªas se niegan a reconocer y consultar a las 13 comunidades ind¨ªgenas que habitan la zona, como lo denuncia Orpia, la organizaci¨®n regional de pueblos ind¨ªgenas del Amazonas.
En paralelo a las protestas de las comunidades, se cometen violaciones a los derechos humanos por la polic¨ªa y las mafias que cohabitan con la miner¨ªa ilegal de la regi¨®n. Las comunidades denuncian el hostigamiento de la fuerza p¨²blica, el asesinato de l¨ªderes nativos y los escasos estudios ambientales, ya que el entorno y las pr¨¢cticas culturales ind¨ªgenas ser¨¢n afectadas por la deforestaci¨®n y la contaminaci¨®n que causa la explotaci¨®n minera en su ¨²nica fuente de agua, el r¨ªo Orinoco.
Ecuador: Proyecto C¨®ndor Mirador
En Los Andes ecuatorianos se encuentra el proyecto C¨®ndor Mirador, un territorio declarado como ¨¢rea de bosque y vegetaci¨®n protegidas por el Estado ecuatoriano, pero rica en cobre plata y oro. Este territorio ind¨ªgena shuar fue concedido para su explotaci¨®n a la empresa minera Ecuacorriente S. A. (ECSA), subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan.
La comunidad shuar ha denunciado el proyecto ante el Banco de Desarrollo de China, que financia a la compa?¨ªa, y ante la Comisi¨®n Interamericana de los Derechos Humanos por la actuaci¨®n de la polic¨ªa y el ej¨¦rcito en el desalojo de 30 familias en una clara violaci¨®n de sus derechos. Sin embargo, pese a los llamados al di¨¢logo por parte de la comunidad, la violencia continu¨® con el asesinato de tres l¨ªderes opositores al proyecto.
Per¨²: Lote 58
15 comunidades ind¨ªgenas habitan la zona del Lote 58, una regi¨®n ubicada en la selva del Cusco y que contiene grandes reservas de gas. Con fines exploratorios se instal¨® la compa?¨ªa Petrobras Argentina S.A., una filial de la compa?¨ªa China National Petroleum Corporation (CNPC), actualmente el mayor productor y proveedor de petr¨®leo y gas de China.
La empresa abri¨® cuatro pozos en la regi¨®n y se encuentra a punto de comenzar la explotaci¨®n, pero niega el derecho de consulta previa a las comunidades que habitan el lote, violando la legislaci¨®n internacional y la constituci¨®n peruana, como denuncia la ONG DAR. Las comunidades afectadas por la contaminaci¨®n exigen indemnizaciones a la empresa y piden al Gobierno una consulta sobre la nueva fase del proyecto.
Brasil: Represas Teles Pires y Sao Manoel en el r¨ªo Teles Pires
El r¨ªo Teles Pires, afluente del Amazonas, es el centro de la vida cultural de los pueblos kayabi, apiak¨¢ y mundurukul, adem¨¢s del motor de cuatro represas, dos de ellas, las hidroel¨¦ctricas Teles Pires y S?o Manoel, de las empresas chinas State Grid y la estatal China Three Gorges Corporation (CTGC).
Teles Pires inund¨® el lugar sagrado Siete ca¨ªdas, de extrema importancia cultural y religiosa para el pueblo mundukuru, y la hidroel¨¦ctrica Sao Manoel afectar¨¢ el Morro de los Monos, lugar de vivienda de los esp¨ªritus de animales para los kayabi y munduruku. Dichas comunidades habitan aguas abajo de las dos represas, nunca se les consult¨® por el futuro del r¨ªo, como lo exige legislaci¨®n de Brasil y la legislaci¨®n internacional suscrita por este pa¨ªs. Por el contrario, el gobierno brasile?o, antes de reconocer el da?o sufrido a las comunidades, avala el proyecto argumentando inter¨¦s nacional, social y econ¨®mico.
China es el segundo inversor de Am¨¦rica Latina, pero su respeto por los derechos socioambientales en la regi¨®n contrasta con los pronunciamientos de su Gobierno en varios foros internacionales: su modelo de desarrollo no se ver¨¢ truncado por ninguna ley internacional. Ahora, la ONU debe pronunciarse a favor de las comunidades latinoamericanas, los Derechos Humanos y el medioambiente o, por el contrario, sentar¨¢ un precedente favoreciendo el desarrollo econ¨®mico acompa?ado del desprecio a la legislaci¨®n internacional.
Edwin Vasquez es miembro de COICA; Camilo Perdomo, de la Asociaci¨®n Ambiente y Sociedad-Colombia y Jackeline Borjas, de DAR-Peru.
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