Mensaje contradictorio

El Gobierno ha anunciado a trav¨¦s de su portavoz, que estudia que los servicios jur¨ªdicos del Estado se personen en defensa de las v¨ªctimas de violencia sexual. La noticia se produjo el d¨ªa despu¨¦s de la puesta en libertad de los condenados en el caso de La Manada, libertad que ha generado una fuerte contestaci¨®n ciudadana. El Gobierno traslada dos mensajes que pueden confundir a la opini¨®n p¨²blica. El primero es que las v¨ªctimas de violencias sexuales no est¨¢n ni protegidas ni defendidas en el proceso penal y por eso se hace precisa la intervenci¨®n del Estado y el segundo, que la personaci¨®n de la Abogac¨ªa del Estado podr¨ªa realizarse en este asunto concreto de La Manada para defender a la v¨ªctima. Ninguno de los dos mensajes resulta cierto.

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Este anuncio desconoce de manera manifiesta la funci¨®n constitucional del Fiscal como garante y defensor de los derechos de las v¨ªctimas, de todas ellas sin exclusi¨®n (Art¨ªculo 124 de la Constituci¨®n y art¨ªculo 3.10 del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal)

No es una funci¨®n m¨¢s de las m¨²ltiples que a los fiscales nos han encomendado a lo largo de los a?os. Proteger a las v¨ªctimas forma parte de la esencia de nuestra instituci¨®n y para ello, a trav¨¦s de una Fiscal¨ªa de Sala de Protecci¨®n y Tutela de las v¨ªctimas en el proceso penal, se despliegan en las fiscal¨ªas espa?olas secciones especializadas. No existe ning¨²n pa¨ªs de nuestro entorno con una fiscal¨ªa garante y especializada en protecci¨®n de v¨ªctimas.

Baste recordar aqu¨ª, por ser necesario, que en el caso La Manada, la Fiscal¨ªa a trav¨¦s de su representante en el proceso, Elena Sarasate, ha cumplido de manera impecable y encomiable esta funci¨®n, sosteniendo que en aquel rellano angosto la v¨ªctima fue intimidada, que sufri¨® una agresi¨®n sexual y no unos abusos sexuales y as¨ª recurrir¨¢ la sentencia para que instancias superiores la revoquen, oponi¨¦ndose con vehemencia a la libertad provisional de los penados y recurriendo el auto que as¨ª lo acuerda. La v¨ªctima ha contado con la defensa activa del Fiscal. Adem¨¢s, la v¨ªctima ha estado durante todo el proceso y sigue estando permanentemente atendida por ese servicio de protecci¨®n de v¨ªctimas y testigos del Ministerio Fiscal.

Siendo este el panorama de protecci¨®n existente y que es preciso que la opini¨®n p¨²blica conozca, es obligada la pregunta sobre la pertinencia de la medida anunciada con solemnidad por el Gobierno: ?Qu¨¦ utilidad y eficacia se consigue en defensa de las v¨ªctimas con una nueva acusaci¨®n en el proceso como sugiere el Gobierno? ?Acaso el abogado del Estado habr¨ªa hecho o pedido cosa distinta a las peticiones del fiscal? A mi juicio, no. Con la abogac¨ªa del Estado mantenemos una estrecha colaboraci¨®n en aquellos supuestos en los que es el Estado el perjudicado por el delito (por ejemplo, delitos fiscales), pero no entendemos qu¨¦ plus de utilidad o de mejora tendr¨ªa su presencia en el proceso penal en materia de delitos sexuales cuando existe ya una parte especializada en materia de protecci¨®n de v¨ªctimas y en materia de derecho penal. Esa parte es el Ministerio Fiscal.

Si este Gobierno quiere proteger a las v¨ªctimas, y no tengo ninguna duda de que es bienintencionado en su prop¨®sito, deber¨ªa encaminar sus pasos y los recursos econ¨®micos de todos los ciudadanos hacia medidas que s¨ª redunden en un mayor beneficio de las v¨ªctimas y que no supongan duplicar esfuerzos donde no son necesarios. Est¨¢n descritas y expuestas aquellas materias en las que es preciso incidir y mejorar, a modo de ejemplo; la necesaria agilizaci¨®n de la justicia dot¨¢ndola de m¨¢s medios materiales y humanos, la necesaria mejora en la formaci¨®n de los intervinientes en el proceso, la creaci¨®n de unidades de valoraci¨®n forense, la creaci¨®n de unidades asistenciales, el turno de oficio, pieza clave en el engranaje de asistencia a las v¨ªctimas y de los que nadie parece acordarse, entre otras muchas.

Que el primer anuncio del Gobierno para proteger a las v¨ªctimas sea la personaci¨®n de una nueva acusaci¨®n ha causado perplejidad entre quienes cada d¨ªa trabajamos para su tutela. Lo que reclamamos los que cada d¨ªa cumplimos con nuestro compromiso como fiscales son medidas que impliquen efectivamente una mejor protecci¨®n para ellas. La anunciada el viernes no contribuye a este objetivo.

Sof¨ªa Puente Santiago es fiscal.