Una empresa puede obtener la concesi¨®n de una tierra en un mes; un ind¨ªgena, en cinco a?os (o nunca)
Dos estudios demuestran que los pocos avances de las comunidades para titular sus territorios son posibles con apoyo de terceros, como la cooperaci¨®n financiera internacional
Cada a?o son asesinados m¨¢s l¨ªderes ind¨ªgenas que defienden su derecho a la tierra. Un informe reciente sobre la posesi¨®n y titulaci¨®n de terrenos en 15 pa¨ªses alerta de que ha aumentado la violencia en disputas por este motivo y se?ala que cuando las comunidades intentan formalizar sus derechos y obtener un documento oficial que reconozca su propiedad, el proceso es m¨¢s complejo y lento que para las empresas privadas.
El estudio La lucha por los derechos a la tierra, realizado por World Resources Institute (WRI) con el apoyo de cinco instituciones, indica que las comunidades ind¨ªgenas poseen formalmente el 10% de la tierra en el mundo, pero un porcentaje menor ¡°est¨¢ registrado y titulado¡±, y los acuerdos consuetudinarios que antes proteg¨ªan la tierra de posesi¨®n colectiva se han debilitado. Como consecuencia, al perder sus territorios, las comunidades tambi¨¦n pierden sus medios de vida, sus casas y su herencia cultural.
La investigaci¨®n sobre los procedimientos de formalizaci¨®n de tierra comunitaria eligi¨® cinco pa¨ªses en ?frica y el mismo n¨²mero en Am¨¦rica Latina y en Asia. Durante la presentaci¨®n del informe este domingo pasado en Lima, la abogada Laura Notess apunt¨® que ¡°el tiempo de concesi¨®n de las tierras puede ser de 30 d¨ªas a cinco a?os para las empresas y de cuatro a m¨¢s de 25 a?os para las comunidades¡±. Tanzania es el pa¨ªs con el menor plazo para la formalizaci¨®n y adquisici¨®n de la tierra, donde puede tomar menos de cuatro a?os, mientras que en Per¨² y Guyana, las comunidades pueden esperar de 24 a 29 a?os.
Al perder sus territorios, las comunidades tambi¨¦n pierden sus medios de vida, sus casas y su herencia cultural
Los resultados de WRI coinciden con un informe presentado a fines de junio por Forest Peoples Programme (FPP) y la Asociaci¨®n Inter¨¦tnica de la Selva Peruana (Aidesep), la principal organizaci¨®n que representa a las comunidades de la Amazonia. Este se?ala que el Estado peruano ¡°incumple los compromisos de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos ind¨ªgenas¡± asumidos en 2011 como parte de su estrategia nacional de conservaci¨®n de bosques y cambio clim¨¢tico.
Ambos estudios demuestran que los pocos avances de las comunidades para titular sus tierras son posibles con apoyo de terceros, como la cooperaci¨®n financiera internacional.
Colisi¨®n de prioridades
En la Amazonia peruana, est¨¢n pendientes la titulaci¨®n y demarcaci¨®n de aproximadamente 20 millones de hect¨¢reas que corresponden a m¨¢s de 1.300 comunidades ind¨ªgenas, seg¨²n Aidesep. Seg¨²n la informaci¨®n recabada por WRI, en Per¨² unas 6.500 comunidades poseen 36,3 millones de hect¨¢reas registradas y documentadas, pero otras 4.000 tienen tr¨¢mites pendientes por otros 34,9 millones de hect¨¢reas.
El Gobierno se comprometi¨® a titular unos cinco millones de hect¨¢reas de tierras ind¨ªgenas con 20 millones de d¨®lares (17,1 millones de euros) en fondos procedentes de Noruega, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Inversi¨®n Forestal (FIP) del Banco Mundial.
En la Amazon¨ªa peruana est¨¢n pendientes la titulaci¨®n y demarcaci¨®n de aproximadamente 20 millones de hect¨¢reas de tierras que corresponden a m¨¢s de 1.300 comunidades ind¨ªgenas
En diciembre de 2015, poco despu¨¦s de la Cumbre del Clima celebrada en Lima, Noruega hizo un primer desembolso de cinco millones de d¨®lares (4,2 millones de euros), sin embargo, el apoyo econ¨®mico no garantiza que las tierras de las comunidades puedan ser reconocidas por el Ministerio de Agricultura. "En la pr¨¢ctica, el cambio es lento y contradictorio y estas iniciativas corren el riesgo de ser socavadas por obst¨¢culos y lentitudes burocr¨¢ticas", sostuvo Lizardo Cauper de Aidesep en el lanzamiento del informe?Carrera de resistencia, no de velocidad. El papel del financiamiento clim¨¢tico internacional para asegurar los derechos territoriales ind¨ªgenas en Per¨².
Antonio Collantes, jefe de la oficina de comunidades nativas del Gobierno Regional de Ucayali, explica que, en 2015, gracias a la cooperaci¨®n noruega, en esa regi¨®n amaz¨®nica empezaron los tr¨¢mites para titular a 53 comunidades que ocupan unas 320.000 hect¨¢reas, pero han encontrado trabas. 29 comunidades han sido afectadas por la Direcci¨®n Forestal y de Fauna y el Servicio Nacional Forestal que han entregado concesiones, por lo tanto, las gestiones est¨¢n detenidas. ¡°Si no fuera por la cooperaci¨®n (extranjera) no habr¨ªa fondos para titular: hemos encontrado m¨¢s de 100 solicitudes de titulaci¨®n que esperan hace m¨¢s de 20 a?os. Al final, vamos a poder hacerlo con 38 comunidades en 103.000 hect¨¢reas: el territorio se ha reducido a la tercera parte¡±, a?adi¨® Collantes.
Lo que describe Collantes es tambi¨¦n parte del diagn¨®stico de WRI, cuyo estudio indica que para ¡°formalizar su tierra, muchas comunidades deben aceptar derechos restringidos, nuevos riesgos o menos tierra¡±. De los 19 procedimientos de formalizaci¨®n que evaluaron en los 15 pa¨ªses, excepto en un caso, ¡°los funcionarios de Gobierno imponen topes arbitrarios para el tama?o de la tierra otorgada a las comunidades¡±.
El caso de Santa Rosa de Uchunya
En los ¨²ltimos cinco a?os, Ucayali se ha convertido en una de las regiones m¨¢s peligrosas para los l¨ªderes de las comunidades que defienden sus territorios, invadidos por concesionarios de extracci¨®n de madera y de palma aceitera. La Federaci¨®n de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau) inform¨® de que el l¨ªder de la comunidad shipiba Santa Clara de Uchunya, Carlos Hoyos, y su hermano Benjam¨ªn fueron atacados el 7 de julio con armas de fuego mientras inspeccionaban un camino abierto por personas desconocidas.
¡°Fueron a verificar el lindero de su comunidad y encontraron un nuevo camino abierto por m¨¢s de mil metros. Al regreso por la trocha abierta, fueron interceptados por tres sujetos desconocidos¡±, report¨® Feconau en un comunicado el 12 de julio.
En enero, la comunidad logr¨® que una orden judicial suspendiera las actividades de tala y deforestaci¨®n de la empresa de aceite de palma Plantaciones de Pucallpa SAC. D¨ªas despu¨¦s, personas encapuchadas entraron a viviendas de la comunidad con armas de fuego.
¡°El 5 de enero, dos personas armadas y encapuchadas llegaron al hogar de un anciano de la comunidad. Interrogaron a su nuera, que se encontraba sola en la casa, pregunt¨¢ndole si ella era miembro de la comunidad. Cuando lo neg¨®, le mostraron una escopeta y le dijeron que estaban buscando a los l¨ªderes y miembros de la comunidad porque estaban dispuestos a matar¡±, relat¨® un comunicado firmado en febrero por 38 instituciones civiles nacionales e internacionales.
¡°Al mismo tiempo, nuestros tr¨¢mites de titulaci¨®n de la tierra vienen siendo frenados desde hace a?os, y en ese periodo hemos recibido amenazas de muerte y sufrimos ataques violentos contra nuestra comunidad. Tenemos miedo por nuestra vida, pero sin nuestra tierra perdemos todo¡±, se?al¨® Carlos Hoyos en Lima en la presentaci¨®n del estudio de WRI el 11 de julio.
Soluciones
El informe del WRI plantea que los Gobiernos establezcan e implementen reglas claras de formalizaci¨®n de tierra comunitaria, apliquen mecanismos de resoluci¨®n de conflictos y promuevan la comunicaci¨®n entre los ministerios involucrados en los tr¨¢mites de formalizaci¨®n y en los que toman decisiones sobre las concesiones de alto valor.
Adem¨¢s, recomienda que las autoridades garanticen que ciertas clases de tierra, como los bosques y las zonas no ocupadas se incluyan en la formalizaci¨®n y otorguen a las comunidades derechos plenos sobre los recursos naturales en sus tierras.
Otra sugerencia es que los Gobiernos no asignen concesiones de recursos naturales a privados en tierras comunitarias, mientras haya solicitudes pendientes de certificados de tierra o t¨ªtulos de propiedad comunitaria.
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