Se multiplican los retos en agua y saneamiento en las zonas rurales, pero no las inversiones

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Al menos 18,5 millones de personas en Am¨¦rica Latina y el Caribe, principalmente en zonas rurales, contin¨²an practicando la defecaci¨®n al aire libre, a pesar de los enormes esfuerzos de los pa¨ªses para acabar con esta pr¨¢ctica. Esto solo es uno de los principales retos en el sector de agua y saneamiento al que se enfrenta una regi¨®n en la que 34 millones de personas a¨²n no tienen acceso a servicios mejorados de agua potable y 106 millones a saneamiento adecuado. Para alcanzar en 2030 las metas fijadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en estos ¨¢mbitos, alertan Mar¨ªa Eugenia de la Pe?a y Lourdes ?lvarez, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es necesario acelerar las inversiones y suplir las carencias de datos.

La brecha en el acceso a servicios de agua potable y saneamiento entre la zona urbana y la rural de la regi¨®n ha disminuido en las ¨²ltimas d¨¦cadas, en l¨ªnea con la tendencia mundial marcada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los antecedentes de los ODS se propusieron en 2005 reducir a la mitad la proporci¨®n de personas sin acceso al agua potable y a servicios b¨¢sicos de saneamiento en el mundo. Esta meta se logr¨® en 2010, cinco a?os antes de lo previsto. Am¨¦rica Latina y el Caribe pas¨® entre 1990 y 2015 a niveles de cobertura del 84,9% al 94,6% en materia de agua y del 67,3% al 83,1% en saneamiento. Alrededor de 218 millones de personas gozaron de nuevos y mejores servicios de agua y otros 224 millones de personas, de saneamiento. Sin embargo, todav¨ªa en 2015 cerca de 18 millones de habitantes de la regi¨®n de zonas rurales no contaban con servicios de agua mejorada y 41 millones no dispon¨ªan de saneamiento mejorado.

Con el paso a los ODS, estas cifras se quedaron cortas al no tomar en cuenta nuevos factores como la universalidad y el nivel del servicio, la atenci¨®n especial a las necesidades de las mujeres y las ni?as y las personas en situaciones vulnerables o el tratamiento de las aguas residuales. La falta de datos sobre algunos aspectos relacionados con agua segura (acceso a una fuente mejorada de agua potable que est¨¢ localizada dentro de la vivienda, disponible cuando se necesita y libre de contaminaci¨®n fecal y contaminantes qu¨ªmicos) y sistemas de saneamiento seguros (instalaciones mejoradas que no se comparten con otros hogares y donde la excreta se dispone de forma segura in situ o es tratada fuera de la vivienda) hace imposible determinar el n¨²mero exacto de personas afectadas bajo estas nuevas premisas. Crecen las necesidades, pero las inversiones no se incrementan de forma paralela.

¡°Muchos pa¨ªses a¨²n no disponen de los datos imprescindibles para trabajar en este sentido y, para saber d¨®nde invertir, hay que tener un cuadro m¨¢s claro de la situaci¨®n¡±, explica Mar¨ªa Eugenia de la Pe?a, co-autora junto a Lourdes ?lvarez del informe Ejecutar proyectos de agua y saneamiento en el sector rural, publicado el pasado mes de abril por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Al menos 18,5 millones de personas en Am¨¦rica Latina y el Caribe, principalmente en zonas rurales, contin¨²an practicando la defecaci¨®n al aire libre

Las brechas entre la poblaci¨®n m¨¢s pobre y la m¨¢s rica se van cerrando, sin embargo, a¨²n existen diferencias significativas. Alrededor del 70% de los hogares que no tienen servicio de agua, por ejemplo, y el 85% de los que no tienen saneamiento pertenecen a los dos quintiles de menores ingresos.

¡°Asegurar la calidad del agua y acabar con la defecaci¨®n al aire libre son los retos m¨¢s complejos para la regi¨®n¡±, asegura ?lvarez, quien insiste en las caracter¨ªsticas propias de las zonas rurales a tener en cuenta a la hora de ejecutar un proyecto. ¡°Estamos hablando de una poblaci¨®n que est¨¢ muy dispersa y, en consecuencia, las soluciones tecnol¨®gicas adoptadas tienen que medir la proporci¨®n entre costo y eficiencia¡±. Hay m¨¢s: las zonas rurales a menudo se caracterizan por falta de una pol¨ªtica p¨²blica espec¨ªfica; d¨¦bil institucionalidad; poblaciones de bajos recursos; falta de empresas con experiencia y conocimiento del medio y bajo mantenimiento de los sistemas construidos; migraci¨®n y envejecimiento de la poblaci¨®n rural ¡ªen la actualidad, representa el 20% de la regi¨®n, pero se estima que en 2030 caer¨¢ al 16%¡ª.

Mejorar esta situaci¨®n implica ir m¨¢s all¨¢ de la construcci¨®n de infraestructura. ¡°Hay que desarrollar en paralelo el aspecto de trabajo social y comunitario. Es m¨¢s importante en comparaci¨®n con el medio urbano, porque se necesita una mayor involucraci¨®n¡±, se?ala De la Pe?a. Y este aspecto cobra a¨²n m¨¢s relevancia a la hora de trabajar con poblaciones ind¨ªgenas, por sus caracter¨ªsticas culturales distintas y la relaci¨®n profunda que establecen con los elementos de la naturaleza. ¡°El acompa?amiento social es crucial¡±, se?ala ?lvarez. ¡°Hay que contextualizar muy bien el proyecto para asegurar su sostenibilidad en el ¨¢mbito social, de financiaci¨®n y t¨¦cnico¡±.

Las dificultades relacionadas con la sostenibilidad, los costes m¨¢s elevados y el tama?o a menudo m¨¢s reducido de estos proyectos, los convierten en menos apetecibles para las empresas privadas. Las ONG, sin embargo, pueden constituir una v¨¢lida alternativa. Las expertas del BID destacan que esta alianza presenta numerosas ventajas: si las organizaciones ya est¨¢n presentes en el territorio, tienen muy claras las caracter¨ªsticas del ¨¢rea y la poblaci¨®n local les conoce. Esto se refleja en una mayor involucraci¨®n de las comunidades tanto en el dise?o como en la construcci¨®n de las obras. En cambio, en muchas ocasiones pueden estar limitadas a proyectos de peque?a escala.

De la Pe?a y ?lvarez explican que no existe una f¨®rmula m¨¢gica que valga para todos los proyectos en zonas rurales y que cada uno tendr¨¢ que ajustarse a las caracter¨ªsticas espec¨ªficas del territorio y de la poblaci¨®n en cuesti¨®n. Solo hay un par de factores clave capaces de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de una iniciativa en cualquier contexto. Uno es la participaci¨®n activa de la comunidad en el dise?o, en la ejecuci¨®n y a la hora de definir ciertos aspectos de la operaci¨®n, como por ejemplo el pago de tarifas, incluidas las mujeres. El otro reside en tomar en consideraci¨®n las necesidades de la poblaci¨®n m¨¢s vulnerable, como las adolescentes en aspectos de higiene menstrual o la adaptaci¨®n de la infraestructura a personas mayores o con discapacidad f¨ªsica.

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