Cortina de humo

La demanda del expresident Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena ante la justicia belga no es en sentido estricto una iniciativa judicial, sino una argucia pol¨ªtica que pretende servirse de los tribunales de ese pa¨ªs para arrojar dudas sobre el car¨¢cter democr¨¢tico del Estado espa?ol e intentar provocar enfrentamiento o desconfianza entre las fuerzas politicas.

?A los efectos de Puigdemont y de sus abogados, poco importa que al final la justicia belga acepte o no su demanda, o el sentido de la sentencia que eventualmente pudiera dictar: de lo que se trata es de mantener bajo sospecha el sistema espa?ol durante el mayor tiempo posible y con la vista puesta en el proceso contra los dirigentes independentistas procesados. Para lograr este objetivo, no val¨ªa recusar al juez Llarena dentro del proceso de naturaleza penal que se est¨¢ siguiendo en el seno de la justicia espa?ola, sino que era preferible emprender una aventura judicial de naturaleza civil ante una jurisdicci¨®n extranjera. Eso es exactamente lo que han hecho Puigdemont y sus abogados, confiando en convertir los pasos a los que est¨¢ obligada cualquier justicia ante una demanda civil (como dar traslado autom¨¢ticamente de esa reclamaci¨®n a la persona afectada) en la materia de una nueva campa?a de propaganda contra la democracia espa?ola.

De un pr¨®fugo de la justicia como Puigdemont era dif¨ªcil esperar otro comportamiento; una conducta, por lo dem¨¢s, cuya principal gravedad no reside en el desgaste que pueda provocar en la imagen exterior de las instituciones democr¨¢ticas espa?olas, sino en su fr¨ªvola disposici¨®n a profundizar la divisi¨®n entre catalanes, llev¨¢ndola hasta extremos que, de no ser detenida de inmediato, podr¨ªa acabar en fracturas y episodios dif¨ªciles de resta?ar.

Lo que, por el contrario, resulta incomprensible es que las fuerzas pol¨ªticas espa?olas, e incluso algunas instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial o la propia Abogac¨ªa del Estado, no hayan advertido desde el primer instante que el principal problema que plantea la demanda presentada en B¨¦lgica no es de naturaleza jur¨ªdica, sino pol¨ªtica. En concreto, la respuesta que urge, y que es la que se echa en falta, no es la que se refiere a la protecci¨®n de la jurisdicci¨®n espa?ola, que ning¨²n Gobierno dejar¨¢ de asumir con todas sus consecuencias y todos los instrumentos legales internos e internacionales, sino la dirigida a desenmascarar la argucia pol¨ªtica de Puigdemont y sus abogados. El abuso de derecho que est¨¢n llevando a cabo.

En la rep¨²blica de fantas¨ªa desde la que el expresident se ha declarado en conflicto con la Constituci¨®n del 78, cualquier documento oficial de un tercer Estado, as¨ª sea la simple respuesta a una demanda civil, parece dotar a su estrategia de un componente de realidad del que carece. Pero lo que no es fantas¨ªa fue el intento de Puigdemont de imponer la independencia de Catalu?a a una mayor¨ªa de catalanes que la rechaza. Puede echar cortinas de humo, pero no escapar a la grav¨ªsima responsabilidad por ese atropello.