El oportunismo de la verdad
El intento de establecer una verdad oficial sobre lo que sucedi¨® en la Guerra Civil y la dictadura no ayuda a la estabilidad democr¨¢tica
El presidente S¨¢nchez anunci¨® enf¨¢ticamente ante el Congreso de los Diputados que su programa ¨²nico para ser investido era recuperar la normalidad institucional y llamar a elecciones despu¨¦s de desalojar del poder a un partido corro¨ªdo por la corrupci¨®n y paralizado ante los grandes desaf¨ªos que el pa¨ªs tiene por delante. Tan era as¨ª que, durante el debate de la moci¨®n de censura, reiteradamente ofreci¨® a Mariano Rajoy retirarla si este dimit¨ªa. Sin embargo, seg¨²n pasan los meses, sus acciones evidencian un intento de agotar la legislatura, al tiempo que utiliza la acci¨®n de gobierno como oportunista contribuci¨®n a las diversas campa?as electorales que se avecinan.
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Dada la debilidad parlamentaria de su Gobierno, la heterogeneidad de los apoyos con los que cuenta y la profundidad de las cuestiones pendientes, su gesti¨®n se reduce en gran medida a una pol¨ªtica de gestos. Las reformas que Espa?a necesita y que el propio PSOE reclama desde hace a?os precisan establecer algunos consensos b¨¢sicos que las hagan posibles. Ni el Gobierno y los partidos que le apoyan parecen dispuestos a intentarlo siquiera, ni la oposici¨®n tampoco, mucho menos despu¨¦s de que el nuevo l¨ªder del Partido Popular haya decidido echarse al monte. De manera que ya casi nadie en la clase pol¨ªtica demanda esos grandes pactos a los que aspiran los electores, a comenzar por la prometida reforma constitucional, urgente y necesaria seg¨²n declar¨® la ministra Batet nada m¨¢s estrenar su cartera. Una propuesta as¨ª es del todo inviable sin contar con el PP y Ciudadanos, y ya est¨¢ excluida de anta?o por quienes aspiran a un periodo constituyente. Pero tampoco los acuerdos sobre educaci¨®n o las pensiones pueden abordarse excluyendo del di¨¢logo a conservadores y liberales, y mucho menos cualquier tregua o arreglo del conflicto territorial.
El desalojo de la momia del Caudillo puede y debe convertirse en un acto simb¨®lico
El ¨²ltimo gran gesto de S¨¢nchez para galvanizar a la opini¨®n p¨²blica ha sido el decreto de exhumaci¨®n del general Franco y la propuesta de crear una comisi¨®n de la verdad que investigue lo que sucedi¨® durante la Guerra Civil y la dictadura. El desalojo de la momia del caudillo, y esperemos que tambi¨¦n de los restos del fundador del fascismo espa?ol, puede y debe convertirse en un acto simb¨®lico que ayude a la estabilidad de la democracia y la honorabilidad de las instituciones. Pero, a decir verdad, ni la una ni las otras est¨¢n hoy amenazadas por la derecha fascista, sino por el nacionalpopulismo que ha dividido y enfrentado a la sociedad catalana. El Gobierno socialista deber¨ªa en cualquier caso haber asumido alguna autocr¨ªtica al respecto. Sus veintid¨®s a?os en el poder, algunos de ellos con mayor¨ªa absoluta, no han bastado hasta ahora para tomar esa decisi¨®n y es l¨ªcito preguntarse por qu¨¦. No se aprovech¨® para ello la Ley de Memoria Hist¨®rica de Zapatero, de escasa aplicaci¨®n, que ahora se quiere reformar. Ni Felipe Gonz¨¢lez emprendi¨® una revisi¨®n del antiguo r¨¦gimen que permitiera reparar agravios y cicatrizar heridas. En el libro El futuro no es lo que era, que hace casi veinte a?os escribimos al alim¨®n, le preguntaba yo si no hubiera sido pertinente hacer algo as¨ª durante la Transici¨®n. ?l explic¨® que efectivamente se lo hab¨ªa planteado, pero que atendi¨® la sugerencia del general Guti¨¦rrez Mellado en el sentido de que era demasiado pronto, hab¨ªa demasiadas heridas abiertas por ambas partes y ya el tiempo se encargar¨ªa de poner las cosas en su sitio. Guti¨¦rrez Mellado, un h¨¦roe de la Transici¨®n que se enfrent¨® valientemente a las metralletas de Tejero en el Congreso de los Diputados, hab¨ªa sido durante la Guerra Civil miembro del servicio de inteligencia franquista infiltrado en el Madrid republicano. Este es solo un ejemplo de lo que en verdad fue la Transici¨®n democr¨¢tica: una reconciliaci¨®n efectiva entre vencidos y vencedores de la Guerra Civil sin necesidad de comisi¨®n oficial ninguna que no fuera la que redact¨® la Constituci¨®n de 1978.
Est¨¢ fuera de dudas la necesidad de resolver los casos pendientes de reparaci¨®n a las v¨ªctimas de la guerra del bando republicano: aportar financiaci¨®n p¨²blica para el cumplimiento de la ley de la memoria. Pero reconozco mi perplejidad al escuchar las declaraciones en Bolivia del presidente del Gobierno en el sentido de que la comisi¨®n de la verdad acordar¨¢ una versi¨®n de pa¨ªs sobre nuestra Guerra Civil. Este intento de establecer una verdad oficial sobre lo que sucedi¨®, frente a las memorias, emociones e informaciones de quienes militaron en diferentes trincheras, parece un empe?o tan in¨²til como peligroso. Lejos de resta?ar heridas puede contribuir a profundizarlas y es sumamente arriesgado hacerlo sin el apoyo de los partidos fieles a la Constituci¨®n en un contexto tan complicado y l¨¢bil como el de la actual pol¨ªtica espa?ola.
Est¨¢ fuera de dudas la necesidad de reparar a las v¨ªctimas de la guerra
Ha habido en el mundo m¨¢s de treinta comisiones de la verdad en el ¨²ltimo medio siglo, muchas de ellas en Am¨¦rica Latina. Todas se inscribieron en procesos de transici¨®n pol¨ªtica o acuerdos de paz. En todos los casos se trataba de buscar v¨ªas para la reconciliaci¨®n entre los bandos enfrentados y una reparaci¨®n a las v¨ªctimas de los conflictos. La intervenci¨®n en esos procesos de organizaciones o potencias internacionales estaba justificada por la debilidad de las Administraciones de los pa¨ªses protagonistas o por la desconfianza entre las partes signatarias. Y no todas fueron exitosas. Baste recordar las cr¨ªticas que cosech¨® la comisi¨®n argentina, presidida por un intelectual tan honesto y respetado como Ernesto S¨¢bato, que no se libr¨® de los ataques de los familiares de desaparecidos. La Comisi¨®n S¨¢bato fue creada por el presidente Alfons¨ªn cinco d¨ªas despu¨¦s de que asumiera el poder en sustituci¨®n de la junta militar, derrocada tras el fracaso en la guerra de las Malvinas. El presidente S¨¢nchez y el PSOE promueven la suya para investigar lo que sucedi¨® hace casi un siglo, despu¨¦s de cuarenta a?os de democracia, la mayor parte de ellos bajo Gobiernos socialistas.
El prop¨®sito se ampara por lo dem¨¢s en informes y resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un ¨®rgano en el que se sientan una cincuentena de pa¨ªses, muchos de los cuales no cumplen ni de lejos los m¨ªnimos est¨¢ndares de respeto a las libertades y derechos de sus ciudadanos. Afortunadamente, desde este mes de septiembre se har¨¢ cargo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la expresidenta de Chile Michele Bachelet. Ella fue v¨ªctima de la dictadura pinochetista y art¨ªfice y protagonista de la transici¨®n democr¨¢tica en su pa¨ªs. Su autoridad es una garant¨ªa de imparcialidad y estoy seguro de que contribuir¨¢ a establecer el sentido com¨²n en las deliberaciones. Ojal¨¢ sea as¨ª porque tratar de llevar adelante un programa como este sin buscar un consenso previo, con un Congreso fragmentado y dividido, un Senado de mayor¨ªa absoluta de la derecha y una insurrecci¨®n civil en Catalu?a, arroja una imagen de oportunismo que en nada sirve a la estabilidad democr¨¢tica.
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