Demandas difusas, respuestas turbias
Es significativo que los partidos pol¨ªticos se hayan convertido, a los ojos de la ciudadan¨ªa, en algo lejano, ajeno y sospechoso
Una de las tareas m¨¢s dif¨ªciles del an¨¢lisis pol¨ªtico es interpretar las demandas, a menudo difusas, de la sociedad para poder ofrecer respuestas concretas. M¨¢xime, si estas llegan en un momento de crisis econ¨®mica, impotencia pol¨ªtica y una profunda desafecci¨®n que abre una brecha entre representantes p¨²blicos y representados. De ah¨ª que sigamos estudiando y debatiendo qu¨¦ ha supuesto la crisis que estall¨® en 2008, c¨®mo ha afectado a nuestras democracias y qu¨¦ era exactamente lo que los indignados gritaban en las plazas.
En aquella amalgama de malestares difusos, un elemento subyac¨ªa con claridad: el distanciamiento, la desconfianza y un profundo cuestionamiento de quienes ostentaban cargos de responsabilidad p¨²blica. Hoy ya tiene nombre: crisis de representaci¨®n. Aunque no es exclusiva de Espa?a, esta crisis tiene en nuestro pa¨ªs perfiles propios. Es realmente significativo que los partidos pol¨ªticos, que en la Transici¨®n del 78 eran sin¨®nimo de modernidad, pluralidad y democracia, ahora se hayan convertido, a los ojos de buena parte de la ciudadan¨ªa, en algo lejano, ajeno y sospechoso. Los que ayer fueron parte de la soluci¨®n, hoy son vistos como parte del problema. La insistencia del CIS al mostrar dentro de las primeras preocupaciones de los espa?oles desde 2010 a "la clase pol¨ªtica y los partidos pol¨ªticos", as¨ª lo atestigua.
Conscientes de ese clamor de la ciudadan¨ªa, tan expresivo como difuso, los partidos van lanzando con m¨¢s o menos acierto iniciativas como las primarias para seleccionar a sus ¨¦lites, o propuestas para acotar, eliminar o edulcorar los aforamientos.
Bienvenida sea toda iniciativa que ayude a cerrar esa brecha entre representantes y representados, pero conviene leer con precisi¨®n la demanda social para no errar la respuesta. Eliminar los aforamientos ¨²nicamente para diputados, senadores y Gobierno seg¨²n parece que va a plantear el Ejecutivo, manteni¨¦ndolo para los hechos "en el uso estricto de su cargo", y dejando al margen a todos los aforados que contemplan la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los Estatutos de Autonom¨ªa de las Comunidades Aut¨®nomas, no es algo que vaya a satisfacer la necesidad ciudadana de recuperar la credibilidad y la confianza en las mujeres y hombres que se dedican a la pol¨ªtica. Es m¨¢s, se puede volver en contra. De la misma forma que quien afirma tajante "La Corona no se toca", para rechazar la idea de retirar la inviolabilidad al jefe del Estado, les est¨¢ haciendo un flaco favor a sus majestades. Lo que jur¨ªdicamente se define como prerrogativa es visto por la ciudadan¨ªa como privilegios raramente justificables en una democracia avanzada. M¨¢xime, cuando se comprueba que es una figura extra?a en muchos pa¨ªses de nuestro entorno y muy acotada en otros.
Urgido por la necesidad de demostrar que no es m¨¢s de lo mismo, de recuperar la iniciativa, y angustiado por la incertidumbre sobre la duraci¨®n de su mandato, el Gobierno tiene prisa. Y las prisas, ya se sabe, son malas consejeras.
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