Un paso en falso

La consulta ciudadana cuyo resultado ha supuesto este fin de semana el final del nuevo aeropuerto de la Ciudad de M¨¦xico en Texcoco (y su sustituci¨®n por un proyecto alternativo a¨²n por concretar en Santa Luc¨ªa, una base militar) ha dejado un regusto amargo en amplios sectores del pa¨ªs. Otros han celebrado la paralizaci¨®n de lo que consideran un atentado ecol¨®gico de graves consecuencias. Los mercados financieros castigaron con dureza a la Bolsa y a la moneda nacional el lunes (aunque el movimiento tampoco desemboc¨® en p¨¢nico o huidas generalizadas, de momento). Y el a¨²n presidente Enrique Pe?a Nieto se neg¨® a paralizar las obras y anunci¨® que ¨¦stas continuar¨¢n hasta el ¨²ltimo d¨ªa de su mandato, el 30 de noviembre. No se puede considerar pues que esta primera gran acci¨®n pol¨ªtica del presidente electo, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, se haya saldado sin importantes da?os colaterales.

?stos son de dos tipos. El primero es naturalmente, el s¨²bito caos organizativo y la par¨¢lisis que se abate sobre un proyecto que la administraci¨®n anterior hab¨ªa presentado como la soluci¨®n definitiva a la congesti¨®n del actual aeropuerto internacional. El proyecto, valorado en 13.500 millones de d¨®lares, est¨¢ relativamente avanzado (un 30%), con un esqueleto ya erigido sobre terrenos que fueron del lago de Texcoco y que ahora habr¨¢ de ser demolido y sus escombros retirados para devolver la zona a su estado anterior. Se habr¨¢ tambi¨¦n de hacer frente a los costos econ¨®micos, v¨ªa compensaciones pactadas o litigios antes los tribunales, de las empresas afectadas. Resulta innegable que lo sucedido este fin de semana trae causa de los hist¨®ricamente deficientes procesos de decisi¨®n para este tipo de proyectos de largo plazo en M¨¦xico, las pol¨¦micas sobre los beneficiarios de las adjudicaciones o los enormes impactos ambientales y sobre el patrimonio arqueol¨®gico, no suficientemente discutidos antes del inicio.

En paralelo, se habr¨¢ de definir el proyecto alternativo, cuyos vagos perfiles y falta de concreci¨®n amenazan con retrasar la soluci¨®n (pese a protestas en contrario de L¨®pez Obrador y su equipo), licitarlo, resolver los concursos, adjudicar los contratos, comenzar y finalizar las obras. El presidente electo sostiene que todo esto (m¨¢s las adecuaciones que necesitar¨¢ el actual aeropuerto) estar¨¢ operativo en 2021. Dada la complejidad de la operaci¨®n y la incapacidad hist¨®rica que M¨¦xico ha demostrado en este tipo de grandes infraestructuras (los trenes de alta velocidad a Quer¨¦taro y Toluca son los dos ejemplos m¨¢s recientes), no cabe extra?ar el escepticismo de la mayor¨ªa de expertos y observadores independientes. Pocos o ninguno cree que el plan alternativo se ajuste a los costos que se est¨¢n barajando (no existe a¨²n un proyecto formal) o que ¨¦ste logre culminar en los plazos anunciados.

El segundo da?o colateral es m¨¢s dif¨ªcil de aprehender, pero no resulta por ello menos grave. Debe quedar claro que, independientemente de su conveniencia o no, el presidente tiene, a partir de que tome posesi¨®n el 1 de diciembre, todo el derecho a suspender la obra. Gan¨® por amplio margen las elecciones, durante cuya campa?a se opuso con claridad a continuar con el proyecto de Texcoco; tiene mayor¨ªas suficientes en ambas C¨¢maras y como todo gobierno, dispone de mecanismos para liquidar de forma ordenada y de acuerdo a la ley cualquier proyecto que juzgue da?ino para los intereses generales del pa¨ªs.

Por eso no se alcanza a comprender la obcecaci¨®n en revestir la decisi¨®n con el manto de una consulta popular organizada, al margen de lo que establecen las leyes mexicanas, por una consultor¨ªa privada cercana al presidente electo y su equipo, sin m¨¢s garant¨ªas que la fe en los nuevos gobernantes, con (pocas) mesas de votaci¨®n repartidas en el mejor de los casos de forma aparentemente aleatoria ¨Cen el peor, en lugares donde el presidente electo obtuvo sus mejores resultados en julio¨C, m¨¢s un recuento que no cumpli¨® los est¨¢ndares m¨ªnimos tras quedar claro que, adem¨¢s, quien quiso, vot¨® varias veces. Por todo ello, su valor para conocer las preferencias de la ciudadan¨ªa es menor a¨²n que una encuesta, donde al menos las exigencias metodol¨®gicas y cient¨ªficas para determinar la muestra se deben ajustar a criterios acad¨¦micos.

Todo este trastorno se habr¨ªa podido evitar con facilidad si el proceso para liquidar Texcoco se hubiera ce?ido a los mecanismos legales de los que M¨¦xico ya dispone para favorecer la democracia participativa. L¨®pez Obrador logr¨® en julio pasado un mandato claro para poner coto a pr¨¢cticas corruptas que han frenado el desarrollo del pa¨ªs, entre ellas el capitalismo de amiguetes que tanto da?o ha hecho a M¨¦xico en las ¨²ltimas d¨¦cadas. ?se es no s¨®lo su mandato sino su obligaci¨®n hist¨®rica, por la que ser¨¢ juzgado. Para ello necesita grandes dosis de transparencia, fortalecer las instituciones e imponer, esta vez s¨ª, el imperio de la ley. Y cambiar las leyes que juzgue necesario, siempre desde la ley misma. Por desgracia, la consulta que ha acabado con Texcoco no va precisamente en esa direcci¨®n.