Cumplir las esperanzas

El 6 de diciembre de 1978, el pueblo espa?ol aprob¨® en refer¨¦ndum la Constituci¨®n por la que los hombres y mujeres de un pa¨ªs que hab¨ªa padecido una guerra y una dictadura se reconoc¨ªan ciudadanos libres e iguales en un Estado social y democr¨¢tico de derecho. La norma con la que trazaron la frontera entre el r¨¦gimen que padecieron y el que legaban clausuraba una historia que no era resultado de la fatalidad, sino de anteponer la fe religiosa o nacional a las m¨¢s elementales aspiraciones humanas. Una Espa?a que solo fue parte de Europa por padecer sus calamidades retomaba ahora la mejor herencia europea para adoptar un sistema pol¨ªtico de tolerancia y de libertad y un concepto de ciudadan¨ªa que no abandonaba a nadie a su suerte.

El rotundo desmentido a cualquier determinismo del pasado expresado por los espa?oles el 6 de diciembre de 1978 en las urnas no fue producto del miedo, sino de la decidida voluntad de no ceder a ¨¦l.

Por miedo, las leyes de la dictadura seguir¨ªan vigentes y la democracia que pugnaba por afirmarse habr¨ªa cedido a las exigencias del terror. La disyuntiva entre ruptura y reforma considerada entonces no se refer¨ªa a dos proyectos pol¨ªticos distintos, uno verdaderamente democr¨¢tico y otro resignado e insuficiente, sino a dos caminos posibles para alcanzar un mismo objetivo. Fue ese objetivo el que permiti¨® a unos partidos y a unos l¨ªderes tributarios de experiencias y convicciones radicalmente opuestas negociar un texto que no impon¨ªa la renuncia a ning¨²n programa, sino el compromiso de perseguirlo seg¨²n las reglas pactadas. La Constituci¨®n sometida a refer¨¦ndum tal fecha como hoy fue la que los constituyentes acordaron, y las razones y los votos ratificaron desafiando las amenazas, no claudicando ante ellas.

La Constituci¨®n no puede entenderse como un acuerdo singular y limitado tras cuatro d¨¦cadas de vigencia. Por el contrario, hablar en estos momentos de la Constituci¨®n es hacerlo tambi¨¦n del sistema institucional y normativo que ha desarrollado, de los derechos y libertades que garantiza y del progreso econ¨®mico, pol¨ªtico y social que ha acompa?ado, al liberar unas fuerzas creativas que, siendo individuales, han servido lealmente al inter¨¦s general. Bajo la Constituci¨®n, bajo esta Constituci¨®n, Espa?a ha ingresado en la Uni¨®n Europea, ha llevado a cabo un proceso de descentralizaci¨®n pol¨ªtica sin precedentes, ha sido dirigida por Gobiernos de un signo y de otro, ha completado una sucesi¨®n en la jefatura del Estado, ha pasado del bipartidismo a una pluralidad de fuerzas obligadas a pactar, ha removido los obst¨¢culos que la tradici¨®n moral interpon¨ªa a la igualdad o ha desarrollado pol¨ªticas que, como las relacionadas con la conservaci¨®n del medio natural, no estaban previstas en el momento de ser aprobada. Y a¨²n ha superado con ¨¦xito una ¨²ltima prueba: castigar la corrupci¨®n, procediendo con la fr¨ªa imparcialidad que exige la igualdad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, ante la ley.

El sistema pol¨ªtico que los espa?oles construimos bajo la ley fundamental de 1978, reconoci¨¦ndonos como ciudadanos libres e iguales, no se conforma con recordar el pasado

La reforma de una Constituci¨®n que ha mostrado su amplitud m¨¢s que sus l¨ªmites no puede ser objeto de debate, puesto que ella misma la reconoce y la regula; otra cosa son los motivos que justifican emprenderla. La actual crisis del sistema pol¨ªtico tiene que ver m¨¢s con los Estatutos de autonom¨ªa y con la degradaci¨®n de los usos pol¨ªticos iniciada en 1993 que con la norma fundamental aprobada hace cuatro d¨¦cadas. Catalu?a carece de un Estatut que garantice el equilibrio entre el autogobierno y las competencias del Estado central a causa de una reforma poco meditada, y buena parte de las restantes comunidades se rigen por normas que contienen disposiciones incompatibles entre s¨ª y con la jerarqu¨ªa constitucional. Una revisi¨®n federal de la Constituci¨®n no dar¨¢ nada sustancialmente distinto de lo que ya existe, dos listas de competencias de sendas instancias de poder. Pero es deseable emprenderla si bajo su impulso se armoniza el conjunto del sistema y se clarifica el ¨²nico aspecto que no obedece ni a un modelo federal ni a uno centralizado, sino a una constante y desestabilizadora improvisaci¨®n: la financiaci¨®n.

A la altura de 1993 era dif¨ªcil imaginar que la crispaci¨®n ser¨ªa, m¨¢s que un episodio, el mal que debilitar¨ªa el sistema y erosionar¨ªa su legitimidad. La crispaci¨®n no equivale al final del consenso, imprescindible en su momento para establecer las reglas de juego, sino que responde a la idea de que las mayor¨ªas legitiman para ejercer sobre esas reglas un poder al que basta la aritm¨¦tica que lo sostiene. Una aritm¨¦tica que no implica el liderazgo, algo que s¨ª compromete a explicar las razones por las que deben reformarse las reglas en uno o en otro sentido, de manera que nadie deje de sentirlas como propias.

Debido a la crispaci¨®n, hoy se hace menos pol¨ªtica en las instituciones, abordando los principales problemas a los que sigue enfrent¨¢ndose el pa¨ªs, que con las instituciones, buscando escorar el sistema de todos hacia las propias posiciones. En los vaivenes que provoca una estrategia que respeta la letra de la Constituci¨®n para mejor vulnerar su sentido, la vida p¨²blica se convierte en un espect¨¢culo propagand¨ªstico donde los l¨ªderes pugnan por presentarse como los adalides de su defensa, no como servidores p¨²blicos preocupados por desarrollar sus posibilidades.

Si alg¨²n antecedente muestra la exacta dimensi¨®n hist¨®rica del camino recorrido por Espa?a desde aquel otro 6 de diciembre de hace 40 a?os es el discurso con el que el presidente de la Rep¨²blica Manuel Aza?a se despidi¨® de una vida p¨²blica entonces desgarrada por el odio, reclamando simplemente paz, piedad, perd¨®n. El sistema pol¨ªtico que los espa?oles construimos bajo la Constituci¨®n, reconoci¨¦ndonos como ciudadanos libres e iguales, no se conformaba con recordar el pasado, sino que se propon¨ªa cumplir sus esperanzas.