Contra el Estado

Las acusaciones contra Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, ministro del Interior entre 2011 y 2016 del Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, son de una gravedad extrema porque apuntan a la utilizaci¨®n para socavar el Estado de derecho de cuerpos de seguridad que deber¨ªan estar volcados en protegerlo. Entre 2012 y 2016, el Ministerio del Interior de Fern¨¢ndez D¨ªaz puso en marcha operaciones policiales, ahora conocidas gracias a diversos sumarios que se instruyen en la Audiencia Nacional, cuyo objetivo era atacar a los adversarios pol¨ªticos del Gobierno del PP o defender al Ejecutivo de investigaciones judiciales en marcha sobre corrupci¨®n.

Una de esas operaciones consisti¨® en pagar con fondos reservados a un colaborador para robar pruebas de la corrupci¨®n del PP que supuestamente ocultaba Luis B¨¢rcenas, gerente y tesorero de la formaci¨®n conservadora entre 1990 y 2009. B¨¢rcenas control¨® durante casi 20 a?os una caja b que financi¨® ilegalmente al PP. El magistrado que instruye el caso Villarejo, los desmanes de un comisario sin escr¨²pulos que hizo de su actividad policial un negocio muy lucrativo, ya tiene en su poder las posibles pruebas de esa fraudulenta operaci¨®n policial. Seg¨²n esos datos, el ch¨®fer del tesorero cobr¨® del Estado 2.000 euros al mes durante dos a?os por convertirse en esp¨ªa. Se trata de una operaci¨®n que ning¨²n juez hab¨ªa ordenado y cuyos resultados se ocultaron a la Audiencia.

En otros sumarios se acumulan pruebas de c¨®mo la c¨²pula policial durante el mandato de Fern¨¢ndez D¨ªaz fabric¨® informes contra dirigentes independentistas catalanes. Tambi¨¦n se trat¨® de arruinar el prestigio de dirigentes de Podemos. Se trata de informes chapuceros sin sello ni firma basados en datos falsos o exagerados y en elucubraciones sin fundamento. Para su elaboraci¨®n fueron movilizados agentes de la llamada polic¨ªa patri¨®tica.

Utilizar a quienes tienen el leg¨ªtimo monopolio de la fuerza para perjudicar a rivales pol¨ªticos con mentiras fabricadas y destruir pruebas produce un da?o profundo al tejido institucional sobre el que se sostiene la democracia, ya que mina la confianza de los ciudadanos en los cuerpos que deben protegerles. Que se pague con fondos reservados una operaci¨®n destinada a robar y ocultar pruebas de corrupci¨®n contra dirigentes del partido en el Gobierno no deber¨ªa quedar sin investigar en una democracia. M¨¢s all¨¢ de las responsabilidades penales en las que podr¨ªan haber incurrido los responsables de estos desmanes, resulta pol¨ªticamente imprescindible pedir explicaciones a los que eran entonces sus jefes en el Ejecutivo para determinar qu¨¦ sab¨ªan sobre estas actuaciones.

Los tres m¨¢ximos responsables del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy siguen hoy desempe?ando altos cargos de representaci¨®n. El exministro Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz es diputado nacional y secretario de Interior y Libertades en la ejecutiva de Pablo Casado. Ignacio Cosid¨®, exdirector general de la polic¨ªa, es portavoz del PP en el Senado. Y Francisco Mart¨ªnez, exsecretario de Estado de Seguridad, es parlamentario nacional y portavoz del PP en la Comisi¨®n Constitucional. El presidente de la formaci¨®n conservadora deber¨ªa preguntarse si es compatible la regeneraci¨®n de su partido con el mantenimiento en sus puestos de los presuntos responsables de este asalto contra el Estado de derecho.