Error por error

El Gobierno ha anunciado a trav¨¦s de su vicepresidenta, Carmen Calvo, que la mesa de partidos catalanes ideada para buscar una salida negociada a la crisis territorial en Catalu?a se reunir¨¢ en presencia de una tercera figura con atribuciones difusas, entre el mediador, el relator y el notario. Desde la Generalitat, ha sido la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, la encargada de corroborar el acuerdo. El hecho de que hayan sido dos destacadas responsables de los Ejecutivos central y aut¨®nomo quienes han comunicado una decisi¨®n que corresponde a los partidos parlamentarios involucrados no es una banal incongruencia; es la constataci¨®n de que los dos ¨®rganos del Estado en cuyo nombre hablan Calvo y Artadi se comprometen a hacer suyas las eventuales decisiones adoptadas por una instancia pol¨ªtica que invierte el papel institucional del Parlament. De acuerdo con lo anunciado, este dejar¨ªa de ser el ¨®rgano del que emana la voluntad de todos los catalanes para ser el instrumento que ejecuta solo la de los que votaron a determinados partidos.

La iniciativa reci¨¦n anunciada es sin duda congruente con las pretensiones de las fuerzas partidarias de la secesi¨®n, para las que la voluntad de los catalanes reside contra toda exigencia democr¨¢tica en el Ejecutivo que controlan, y desde el que pueden hacer y deshacer a su antojo, no en el Legislativo auton¨®mico, que mantienen paralizado, cierran cuando les conviene o, como ahora, merman en sus funciones, a fin de neutralizar la pluralidad que desmiente su quimera de hablar en nombre de Catalu?a. No es compatible, sin embargo, con la estrategia seguida por el Gobierno de Pedro S¨¢nchez, decidido a explorar las v¨ªas de soluci¨®n ofrecidas por el sistema institucional establecido por la Constituci¨®n. Acordar con la Generalitat una v¨ªa alternativa que involucre a algunos partidos con representaci¨®n en el Parlament, reservando para este una posici¨®n de dependencia, no vulnera formalmente ese sistema: lo sustituye en sus funciones.

Pedro S¨¢nchez se equivoca al trivializar la decisi¨®n, y el PP y Ciudadanos al escoger el terreno para rechazarla

La vicepresidenta Calvo, al igual que el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, han intentado relativizar recurriendo a eufemismos la presencia adicional de lo que, a tenor de sus declaraciones, solo es posible representarse como un inexplicable convidado de piedra en las conversaciones entre partidos. Pero es precisamente la indefinici¨®n de sus atribuciones, as¨ª como las dudas acerca de las caracter¨ªsticas personales que deber¨ªa reunir la figura elegida, lo que confirmar¨ªa el pantanoso terreno en el que est¨¢ entrando el Gobierno. La presencia de un tercero en las conversaciones entre partidos no es requerida por los independentistas para restablecer ninguna confianza rota, sino para obtener la aceptaci¨®n preliminar del principio de la mediaci¨®n.

Ese principio es el que gravita sobre el ambiguo comunicado conjunto suscrito por los Gobiernos central y de la Generalitat el pasado 20 de diciembre, con motivo de la celebraci¨®n del Consejo de Ministros en Barcelona. La vicepresidenta Calvo ha asegurado que el Gobierno solo se considera comprometido con ese comunicado y no con el documento presentado por el president Torra, intencionadamente dado a conocer por este anteayer, y en el que se incluye la exigencia de una mediaci¨®n internacional. El problema de la iniciativa a la que ha dado su visto bueno el Gobierno de Pedro S¨¢nchez es que resuelve la ambig¨¹edad del comunicado conjunto, no en el sentido favorable a su interpretaci¨®n, sino en el que le daban las fuerzas independentistas. Todo ello, adem¨¢s, a cambio de nada, porque estas no han renunciado a la unilateralidad, sino que han redoblado la amenaza. Ni siquiera han apoyado expl¨ªcitamente los Presupuestos, incrementando la debilidad del Gobierno y las incertidumbres en torno a la legislatura.

La reacci¨®n del Partido Popular y Ciudadanos a una iniciativa que, como la anunciada por el Gobierno central y la Generalitat, se apoya en un uso poco escrupuloso de las competencias del Ejecutivo y el Legislativo, no hace m¨¢s que profundizar el deterioro del sistema pol¨ªtico. En v¨ªsperas de un juicio que las fuerzas independentistas cuentan con instrumentalizar para desbordar las instituciones, poniendo en jaque el orden constitucional, el lugar para ejercer la oposici¨®n no son las calles, sino el Parlamento. Invocar el derecho de cualquier ciudadano y cualquier partido a convocar manifestaciones oculta la cuesti¨®n esencial que est¨¢ en juego, y que es la oportunidad de hacerlo en estos momentos. Y hacerlo, sobre todo, sin que ni uno ni otro partido convocante haya adoptado iniciativa parlamentaria alguna relacionada con un asunto de tanta gravedad, ni en Madrid ni en Barcelona. Les basta, por lo que se ve, con un lenguaje brutal e incendiario en la calle. El Gobierno de Pedro S¨¢nchez se equivoca al trivializar la decisi¨®n acordada con la Generalitat, pero lo mismo que el Partido Popular y Ciudadanos al escoger el terreno para rechazarla. Error por error, nadie parece tomar conciencia de que la situaci¨®n puede acabar resultando incontrolable.