Balance provisional

El juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra los dirigentes que presuntamente participaron en la declaraci¨®n de independencia de Catalu?a ha entrado en una nueva fase. Tras la declaraci¨®n de los inculpados es el turno de los testigos, algunos de tanta relevancia como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y destacados miembros de su Gabinete cuando sucedieron los hechos. Hasta el momento, la estrategia de los partidos independentistas dirigida a instrumentalizar el juicio en favor de su causa se ha saldado, m¨¢s all¨¢ de la propaganda ef¨ªmera, con un inequ¨ªvoco fracaso, solo comparable al cosechado por quienes, como el partido ultraderechista Vox ¡ªpersonado en la causa¡ª, aspiran a convertir el procedimiento penal instruido por un tribunal democr¨¢tico en un espect¨¢culo inquisitorial acorde al modelo de sociedad que defienden. Ambos extremos, que han hecho bandera beligerante de su respectiva naci¨®n, se han dado de bruces con el Estado de derecho establecido por la Constituci¨®n de 1978, la solidez de sus instituciones y la inalterabilidad de sus procedimientos.

El balance provisional de la irresponsable aventura emprendida por las fuerzas independentistas al despreciar la ley en nombre de una democracia que ellas mismas pisotean ¡ªintentando imponer por v¨ªas de hecho el programa secesionista de la minor¨ªa a la mayor¨ªa¡ª tiene en su haber estragos tales como el sustituir la imagen moderna de Catalu?a por la de una comunidad radicalizada, fracturando su sociedad, expulsando a sus empresas m¨¢s din¨¢micas y dejando en evidencia el oportunismo de muchos de sus intelectuales. En ¨²ltimo extremo, las fuerzas independentistas han desencadenado tambi¨¦n la espiral que amenaza con arrastrar al conjunto de Espa?a hacia el debate esencialista que inspir¨® las p¨¢ginas m¨¢s est¨¦riles de su historia. Porque en ese debate, hoy lo mismo que ayer, solo pueden prosperar los partidos y los l¨ªderes ¡ªtambi¨¦n los ide¨®logos¡ª que carecen de escr¨²pulos para apelar a los peores instintos.

Pero, aunque provisional, el balance no estar¨ªa completo si no incluyera la creciente banalizaci¨®n de comportamientos inaceptables en las relaciones entre representantes p¨²blicos. Invocar como excusa el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo para no prestar las atenciones debidas al jefe de Estado, seg¨²n hicieron el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante la celebraci¨®n del Mobile World Congress en esa ciudad, demuestra en qu¨¦ poco estiman la dignidad institucional que tienen encomendada. Porque si lo que pretendieron con su gesto era expresar una protesta, incurrieron en el error, a la vez ¨¦tico y est¨¦tico, de confundir la manifestaci¨®n de la discrepancia con la groser¨ªa, inconcebible desde las m¨¢s elementales convicciones democr¨¢ticas. Pero si lo que buscaron fue influir sobre el Tribunal Supremo, intentando compensar con la inevitable visibilidad internacional de su desplante al Rey la escasa convocatoria de unas manifestaciones y una huelga general dirigidas expresamente a hacerlo, el error fue todav¨ªa m¨¢s grave, porque vuelve a demostrar el desprecio a la separaci¨®n de poderes que parece estar instal¨¢ndose en las instituciones constitucionales de Catalu?a.

La comparecencia del expresidente Rajoy como testigo en el juicio contra los dirigentes independentistas es, sin duda, la de un l¨ªder al que cabe reprochar incontables errores en la gesti¨®n pol¨ªtica de la crisis territorial en Catalu?a, como tambi¨¦n a aquellos de sus colaboradores que ser¨¢n interrogados en sesiones sucesivas. Pero en ning¨²n caso eso es lo que se juzga en el Tribunal Supremo ni lo que autoriza a interferir desde fuera de la sala en la labor que los jueces desarrollan en el interior. La frontera entre lo judicial y lo pol¨ªtico debe permanecer infranqueable como hasta ahora, sean quienes sean los inculpados, pero tambi¨¦n sean quienes sean los testigos.