Contra las falsedades

El voto es uno de los instrumentos m¨¢s importantes que un ciudadano tiene para ejercer sus derechos pol¨ªticos. El proceso electoral ha de poder realizarse sin riesgo de que se produzcan alteraciones en el mismo. Pero tan importante como evitar ataques inform¨¢ticos es crear las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de forma libre y con conocimiento de causa. En los ¨²ltimos a?os, las campa?as de manipulaci¨®n informativa a trav¨¦s de las redes sociales han alterado las reglas del juego y han dado lugar a estados de opini¨®n que no eran el resultado de un debate basado en datos fidedignos, sino de campa?as de manipulaci¨®n informativa que ten¨ªan como prop¨®sito enga?ar para influir as¨ª en el resultado de las votaciones. Lo vimos, con efectos que todav¨ªa perduran, en el refer¨¦ndum del Brexit, en el que se decidi¨® la salida del Reino Unido de la Uni¨®n Europea despu¨¦s de una campa?a en la que abundaron los bulos y los datos falsos.

Parece, pues, justificado que el Gobierno se plantee ahora actuar, siguiendo las recomendaciones comunitarias, de forma preventiva, tanto para evitar posibles ataques al sistema inform¨¢tico electoral como para prevenir o desenmascarar campa?as de desinformaci¨®n destinadas a alterar o condicionar la libertad de los ciudadanos a la hora de votar.

El primer objetivo, aunque no es sencillo, depende en gran medida de que se habiliten los medios t¨¦cnicos necesarios. El segundo, en cambio, resulta mucho m¨¢s problem¨¢tico, porque la capacidad de intervenci¨®n en este caso no puede interferir obviamente con el derecho a la libertad de expresi¨®n, que debe ser respetado en toda su amplitud. En una sociedad compleja como la que vivimos, en la que cada cuatro a?os los ciudadanos dan su confianza a los partidos para que resuelvan en su nombre cuestiones de gran trascendencia, es importante que puedan tomar sus decisiones de voto bas¨¢ndose en una informaci¨®n fiable.

La unidad contra la desinformaci¨®n creada por la Uni¨®n Europea en 2015 ha demostrado que la alarma est¨¢ justificada. Esa oficina ha desmontado m¨¢s de 5.000 falsedades sobre cuestiones importantes procedentes en muchos casos de potencias extranjeras interesadas en desestabilizar la democracia y el sistema institucional europeo. De momento, el Gobierno pretende explorar el funcionamiento de las redes sociales en la transmisi¨®n de bulos y falsedades. No hay mucha experiencia previa en la que poder inspirarse para abordar este complejo problema, pero no cabe duda de que hay que comenzar a hacerlo. De esta experiencia pueden salir l¨ªneas de actuaci¨®n futura y medidas a exigir a las grandes empresas tecnol¨®gicas que controlan las redes sociales. En todo caso, las intervenciones que se hagan en las campa?as electorales que se avecinan han de ser p¨²blicas y transparentes.