Tres r¨ªos en el mundo tienen derechos. Uno es este y ¡®vive¡¯ amenazado
Una sentencia orden¨® hace dos a?os proteger el Atrato, en la regi¨®n colombiana de El Choc¨®, por su biodiversidad. Pero el enorme impacto de la miner¨ªa, el conflicto armado, el narcotr¨¢fico y la sobreexplotaci¨®n lo llevan al colapso ecol¨®gico
En el r¨ªo Atrato, el nacimiento de un ni?o es un gran acontecimiento. Los ind¨ªgenas embera, en cuanto saben la buena nueva, corren a ba?arse en sus aguas para desear que ese nuevo ser abandone la pereza tras haber estado tanto tiempo en el vientre de la madre y sea activo. Las mujeres afrodescendientes tambi¨¦n lo celebran repartiendo dulces y compartiendo una botella de aguardiente mientras lavan la ropa en la orilla. Para las comunidades negras e ind¨ªgenas que habitan desde tiempos ancestrales en est¨¢ zona del Pac¨ªfico colombiano, su r¨ªo lo es todo. Es su despensa para pescar, su v¨ªa para transportarse, el lugar donde realizan sus acciones m¨¢s cotidianas como preparar la comida y lavar los platos, el espacio de encuentro para charlar o donde los ni?os y ni?as juegan a todas horas. La vida en este vasto territorio inter¨¦tnico de la regi¨®n de El Choc¨® est¨¢ ¨ªntimamente relacionada con las aguas del Atrato.
Desde hace algunas d¨¦cadas, la pl¨¢cida vida en este r¨ªo que recorre la selva de la segunda regi¨®n m¨¢s biodiversa del mundo hasta desembocar en El Caribe empez¨® a desvanecerse. El Choc¨® se convirti¨® en un teatro de guerra. Llegaron los actores armados: guerrilla, paramilitares y ej¨¦rcito que dejaron miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Lleg¨® tambi¨¦n el narcotr¨¢fico y la explotaci¨®n salvaje de sus recursos naturales. El r¨ªo se llen¨® de dragas y retroexcavadoras para buscar oro y lo contaminaron de ingentes cantidades de mercurio. La miner¨ªa se apoder¨® del r¨ªo y el pescado empez¨® a escasear. Todo, sumado a un permanente abandono estatal, unas altas condiciones de pobreza y a una nueva reconfiguraci¨®n del conflicto armado tras la firma de la paz por parte de las FARC. Los territorios abandonados por la antigua guerrilla fueron copados por otros grupos, como bandas criminales herederas del paramilitarismo y la guerrilla del ELN. El Atrato tuvo que pedir auxilio y las comunidades dijeron basta.
Una demanda al Estado colombiano interpuesta por diferentes organizaciones que defienden el territorio chocoano termin¨® en 2016 con?una sentencia hist¨®rica de la Corte Constitucional instando a diferentes instituciones competentes a proteger, conservar, mantener y restaurar el Atrato. Era la tercera vez en el mundo que un r¨ªo era reconocido como sujeto de derechos. Antes, lo hab¨ªan sido el Ganges en La India y el Wanganui de Nueva Zelanda. Sobre el papel, la sentencia sostiene que el? Atrato es una entidad viviente de la que dependen otras formas de vida y culturas por lo que otorgarle derechos supone de facto proteger a las comunidades que habitan su cuenca. El auto pone el acento en el tema de la seguridad alimentaria y ambiental, en el control de la miner¨ªa y en el an¨¢lisis de la toxicidad del r¨ªo.
La sentencia sostiene que el r¨ªo Atrato es una entidad viviente de la que dependen otras formas de vida y culturas por lo que otorgarle derechos supone de facto proteger a las comunidades que habitan su cuenca
Tras la resoluci¨®n, m¨¢s all¨¢ del diagn¨®stico, apenas ha habido algunos avances para tratar de articular la participaci¨®n de las comunidades con la intenci¨®n de ver qu¨¦ tipo de desarrollo se pretende. Tambi¨¦n se encarg¨® un macroestudio para tomar muestras que permitan saber el alcance de la contaminaci¨®n de las aguas y poder implementar, de ser necesario, un plan integral de salud para la poblaci¨®n. Los resultados del estudio no se conocer¨¢n hasta dentro de dos a?os. Otros informes realizados, de car¨¢cter m¨¢s limitado, determinaron ya altos niveles de contaminaci¨®n por mercurio que obligaron a poner en marcha algunas alertas comunitarias que restringieron el consumo de peces. Existe tambi¨¦n mucha preocupaci¨®n por los efectos que ese mercurio pueda tener en la leche de las madres lactantes.
La sentencia es esperanzadora, pero tambi¨¦n hay serias dudas sobre si conseguir¨¢ revertir la situaci¨®n. Para garantizar su implementaci¨®n, la Corte creo la figura de los guardianes del Atrato, entre los que se encuentran varias instituciones y ministerios gubernamentales como el de Ambiente, as¨ª como siete hombres y siete mujeres en representaci¨®n de las comunidades ind¨ªgenas y negras. Nixon Chamorro, l¨ªder ind¨ªgena embera, es uno de los guardianes. No deja de ser esc¨¦ptico, pero reconoce que la sentencia es una gran oportunidad. ¡°Aqu¨ª tenemos claro que debemos dejarle a nuestros hijos el mismo r¨ªo que nos dejaron nuestros abuelos. Tanto los territorios ind¨ªgenas como los de las comunidades afro son territorios colectivos reconocidos por ley y como tales debemos ejercer nuestra autonom¨ªa. No podemos seguir replicando sistemas econ¨®micos que destruyen nuestra naturaleza. Tenemos que construir una propuesta de desarrollo econ¨®mico propio sin depender de la extracci¨®n de recursos¡± , asegura.
"No podemos seguir replicando sistemas econ¨®micos que destruyen nuestra naturaleza. Tenemos que construir una propuesta de desarrollo econ¨®mico propio sin depender de la extracci¨®n de recursos¡±, dice un l¨ªder embera
Alexander Rodr¨ªguez es tambi¨¦n guardi¨¢n del Atrato. Como l¨ªder social de Cocomacia, una organizaci¨®n ¨¦tnico territorial de la cuenca media del r¨ªo que representa a 123 comunidades negras, considera igualmente que el futuro de la regi¨®n pasa por el respeto de su autonom¨ªa y por m¨¢s inversi¨®n social. ¡°No es solo que llegue la fuerza p¨²blica, sino que construyan escuelas y hospitales. Deben ejercer una pol¨ªtica p¨²blica que permita desarrollar nuestro territorio acorde con nuestra cosmovisi¨®n y nuestra cultura, no hecha desde un despacho en Bogot¨¢¡±, se?ala.
La misi¨®n de los guardianes ser¨¢ hacer pedagog¨ªa de la sentencia en los territorios y ahondar en el tema de la conservaci¨®n, especialmente entre los ni?os y ni?as. ¡°Parte de la responsabilidad de como est¨¢ el r¨ªo es tambi¨¦n nuestra porque nos falta mucho sentido de pertenencia y apropiaci¨®n. Es fundamental, por ejemplo, que aprendamos a manejar el tema de las basuras¡±, afirma Fausto Palacios, de la organizaci¨®n Ascoba y guard¨ªan del Atrato.
Un r¨ªo de oro
Pero la sentencia se enfrenta en la pr¨¢ctica a una dura realidad y es que buena parte del r¨ªo se encuentra ya concesionado a la miner¨ªa de extracci¨®n de oro, su principal fuente de contaminaci¨®n. La Corte no la proh¨ªbe, solo habla de regularla y de ejercerla con responsabilidad social y ambiental. Seg¨²n datos de 2017 del Ministerio de Minas, existen 251 t¨ªtulos mineros vigentes ya otorgados que est¨¢ previsto poner en marcha en el Atrato. Casi el 50% pertenece a potentes multinacionales como Anglo Gold Ashanti, Continental Gold o la Newmont. ¡°No hubo un pronunciamiento de la Corte sobre las concesiones mineras. El r¨ªo Atrato sigue corriendo as¨ª mucho riesgo si se ponen en marcha todos los t¨ªtulos y proyectos mineros que est¨¢n otorgados y donde las empresas siempre amenazan con demandas millonarias al Estado si no les dejan hacer. Entonces, c¨®mo se planifica en un territorio que est¨¢ concesionado¡±, se pregunta Viviana Gonz¨¢lez, abogada de Tierra Digna, la organizaci¨®n que acompa?¨® a las comunidades del Choc¨® en la defensa de su r¨ªo.
En el Choc¨® hoy coexiste la miner¨ªa artesanal con la gran miner¨ªa y con la ilegal, muy ligada a las actividades delictivas de los grupos al margen de la ley. Un contexto muy complejo porque finalmente la extracci¨®n de oro se convirti¨® en una fuente de trabajo para mucha gente en una regi¨®n donde la miner¨ªa artesanal forma adem¨¢s parte de su cultura. ¡°Ha sido la gran miner¨ªa la que ha acabado con todo y se deber¨ªa combatir la ilegal, pero el Gobierno tendr¨ªa que legalizar al peque?o minero artesanal. Es verdad que la gente se acostumbr¨® a que con una m¨¢quina retroexcabadora saca mucha m¨¢s cantidad de oro en un d¨ªa que con la batea y esta parte si deber¨ªa mitigarse¡±, explica Alexander Rodr¨ªguez.
La sentencia se enfrenta en la pr¨¢ctica a una dura realidad y es que buena parte del r¨ªo se encuentra ya concesionado a la miner¨ªa de extracci¨®n de oro, su principal fuente de contaminaci¨®n
Para Viviana Gonz¨¢lez, de Tierra Digna, la miner¨ªa acab¨® generando una gran dependencia, destruy¨® la zona y perjudic¨® a la agricultura y la pesca, as¨ª como a la cultura de las comunidades. ¡°Un minero gana en una semana lo que puede ganar un agricultor en un a?o. Los j¨®venes ya no quieren saber nada del campo. Romper esa l¨®gica es muy dif¨ªcil. Entre la subsistencia y vivir algo m¨¢s holgadamente siempre gana lo segundo. El desaf¨ªo del Estado es dejar de tratar a los grupos ¨¦tnicos en t¨¦rminos de subsistencia y hacerlos acreedores de una mejor calidad de vida acorde a lo que ellos quieren, un desarrollo propio¡±, argumenta.
Nadie sabe con certeza si el r¨ªo Atrato se podr¨¢ recuperar porque el modelo de desarrollo no da demasiado margen. No es solo la miner¨ªa. Hay otros grandes intereses econ¨®micos que se proyectan en la regi¨®n en forma de megaproyectos de infraestructura. ¡°Es una pelea que no queremos dar por perdida porque, ademas, el 80% del territorio pertenece a las comunidades afro e ind¨ªgena y eso les da un derecho. El Estado no ha entendido que los resguardos ind¨ªgenas y los consejos comunitarios afrodescendientes son territorios colectivos y que por tanto son como una propiedad privada que se les otorg¨® legalmente. Entonces, si alguien tiene un inter¨¦s en sus territorios es con ellos con quienes deben hablar y para cualquier proyecto se debe realizar la pertinente consulta previa con las comunidades, como se?ala la propia Corte¡±, sentencia la abogada Viviana Gonz¨¢lez de Tierra Digna.
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