Cercando la malversaci¨®n

El estreno de la fase pericial dio este mi¨¦rcoles una vuelta de tuerca a la acusaci¨®n de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

Llevamos tiempo enfrascados en el qu¨¦, el si, el c¨®mo, el cu¨¢nto y el hasta d¨®nde de la violencia, en tanto que elemento estructural del tipo delictivo de la rebeli¨®n: es el asunto m¨¢s grave que se discute.

Y en cambio el eventual mal uso de dinero p¨²blico para financiar un refer¨¦ndum prohibido por la justicia estaba en la rec¨¢mara. Si bien hace tiempo ya se otea que se va fraguando la malversaci¨®n (EL PA?S, 27 de marzo).

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As¨ª hemos contado la sesi¨®n del mi¨¦rcoles

Esta figura no exige sustraer bienes p¨²blicos, como antes de la reforma del C¨®digo Penal, de 2015. Basta con su ¡°administraci¨®n desleal¡±: destinar recursos colectivos a fines inadecuados, forzando la ley. No es una figura menor. Se castiga con hasta ocho a?os de c¨¢rcel. Y la justicia alemana (entre algunas m¨¢s) entregar¨ªa a Carles Puigdemont si se le reclamase bajo esa acusaci¨®n. Pero el cerco no es general, sino selectivo.

El antiguo empe?o de algunas acusaciones de inculpar a todo el Govern por esta conducta no parece prender: el cerco se cierne sobre los departamentos de Presidencia (Jordi Turull o su antecesora Neus Munt¨¦, no procesada) y Exteriores (Ra¨¹l Romeva).

Las cuatro peritas, altos cargos t¨¦cnicos del ministerio que destriparon los n¨²meros de la Generalitat, pusieron en la sesi¨®n del mi¨¦rcoles en apuros, como peritos, a la defensa.

Su dictamen desde el punto de vista contable-fiscal ratific¨® que un contrato no se perfecciona cuando el cliente lo abona f¨ªsicamente, sino cuando se devenga la obligaci¨®n del pago.

O sea, desde cuando rige la obligaci¨®n subyacente: se encarga el servicio o el bien; se realiza (el servicio) o se entrega (el bien); y si media la buena fe del proveedor.

Para Presidencia, lo espinoso son los anuncios prorrefer¨¦ndum en TV-3 y Catalunya R¨¤dio. La presidenta de su Corporaci¨®n p¨²blica y el Govern se han enzarzado. Aquella reconoci¨® haber facturado. Este neg¨® que pudiese hacerlo, porque al tratarse de anuncios pol¨ªticos gozaban de gratuitad.

¡°La utilizaci¨®n de ese espacio, de titularidad p¨²blica, para emitir anuncios con fines ilegales, tiene un valor: si ese valor debe pagarlo la CCMA o el Govern es una discusi¨®n no relevante para saber si ha habido perjuicio patrimonial¡±, desgran¨® una de ellas.

Perjuicio: el n¨²cleo de la malversaci¨®n. Existe ¡ªsubrayaron¡ª, desde que media un encargo/entrega, porque es un gasto que disminuye el patrimonio p¨²blico: si luego se anula con una factura negativa o rectificativa (como alegaron tantos), habr¨¢ un aumento. Pero posterior al perjuicio. ¡°Lo importante es si se ha prestado el servicio, no si ha habido factura o factura proforma¡±, precisaron.

Las transferencias a observadores internacionales del 1-O, los gastos de publicidad para una conferencia de propaganda en el Parlamento Europeo (24 enero 2017) y los contratos audiovisuales que varias empresas (Carat, Focus) acabaron rechazando ¡°por riesgos legales¡±, completan la tenaza.