Ante el desorden
El dinero del Estado se gestiona mal; hay que evaluar la rentabilidad de las ayudas p¨²blicas
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha entrado a fondo en el an¨¢lisis funcional de la Administraci¨®n espa?ola. Su informe sobre el c¨¢lculo y el control de las subvenciones, nada menos que 33.000 millones de euros que con distintos fines se conceden anualmente, no solo pone de manifiesto la desidia en la gesti¨®n del dinero p¨²blico, sino que, adem¨¢s, podr¨ªa servir como gu¨ªa para la reforma de la Administraci¨®n p¨²blica, al menos para una parte de ella, que se viene proclamando ¡ªal parecer solo de boquilla¡ª por los partidos pol¨ªticos desde hace mucho tiempo. En la misma l¨ªnea, la Autoridad acaba de proponer una reforma del gasto farmac¨¦utico basada en un copago de medicamentos tasado seg¨²n la renta, que permitir¨ªa abrir un interesante cauce de discusi¨®n sobre la racionalidad de los costes m¨¦dicos.
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El an¨¢lisis de la Airef sobre las subvenciones revela los defectos estructurales de los procedimientos administrativos en el manejo del dinero de los contribuyentes. La instituci¨®n ha descubierto que no hay forma de calcular cu¨¢l es el volumen real de subvenciones que paga el Estado, no existen o no se aplican m¨¦todos de control de esas aportaciones, no hay ni un asomo de rendici¨®n de cuentas y tampoco existe un seguimiento de los efectos, beneficiosos o perjudiciales, que produce ese dinero p¨²blico. La burocracia como un mero registro donde se apuntan las ayudas concedidas y que prescinde de los c¨¢lculos econ¨®micos imprescindibles sobre su aplicaci¨®n. De forma que los Gobiernos carecen de informaci¨®n para tomar decisiones cruciales, tales como suprimir una subvenci¨®n o autorizar otra; y no tienen los datos necesarios para evaluar los costes de las pol¨ªticas econ¨®micas aplicadas. La definici¨®n exacta de todo esto es ¡°desorden administrativo¡±.
El mal es end¨¦mico, porque lo que la Autoridad denuncia sobre las ayudas p¨²blicas es aplicable tal cual a los gastos fiscales, que constituyen hoy una pesada r¨¦mora para el sistema tributario. Una reforma fiscal seria deber¨ªa comenzar por un an¨¢lisis coste-beneficio del vasto cuadro de deducciones y desgravaciones fiscales. No es aventurado adelantar que entre un 60% y un 70% de ellas es inoperante para los fines propuestos, es decir, ni genera empleo, ni estimula el ahorro ni favorece la inversi¨®n; simplemente se apunta como una resta rutinaria a los impuestos que hay que pagar. Si se suprimieran los beneficios fiscales in¨²tiles, en nada sufrir¨ªa la econom¨ªa espa?ola y, a cambio, aumentar¨ªan los recursos del Estado.
La investigaci¨®n de la Airef lleva necesariamente a reformas concretas para evitar la opacidad de las subvenciones y, en general, de todos los costes de los est¨ªmulos econ¨®micos pagados con dinero p¨²blico. Estas reformas pueden plantearse desde una mejora parcial de los procedimientos de control del gasto o, siendo m¨¢s ambiciosos, mediante una reforma administrativa que incluya una racionalizaci¨®n de los organismos p¨²blicos y de las relaciones estatales, auton¨®micas y municipales. La aportaci¨®n de la Airef, una instituci¨®n que se est¨¢ tomando muy en serio su papel de vigilante del gasto p¨²blico, mejora la informaci¨®n que los ciudadanos tienen sobre las finanzas p¨²blicas y sobre la calidad de los servicios del Estado.
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