Borrar la historia

Borrar el nombre de Antonio Luis Baena Toc¨®n, el secretario judicial que intervino en uno de los consejos militares que en 1940 conden¨® a muerte al poeta Miguel Hern¨¢ndez, como ha hecho la Universidad de Alicante, es un intento de reescribir la historia al antojo de quienes se sienten agraviados por hechos del pasado. En este caso ha sido el hijo de quien en aquellos tiempos ejerci¨® de alf¨¦rez del Ej¨¦rcito franquista el que ha invocado la ley de protecci¨®n de datos para que se suprima el nombre de Baena Toc¨®n de sendos art¨ªculos de un catedr¨¢tico del campus publicados en el dominio de Internet del centro acad¨¦mico. Una vez m¨¢s, se ha producido una colisi¨®n de derechos fundamentales: por un lado, el que afecta a la libertad de expresi¨®n; por otro, el que reconoce la desaparici¨®n de datos personales en el ¨¢mbito digital.

En su decisi¨®n, el centro se ha inclinado claramente en favor del llamado derecho al olvido bajo el argumento de que el secretario judicial no alcanz¨® la consideraci¨®n de ¡°figura p¨²blica¡±. En la necesaria ponderaci¨®n de derechos, los gestores de la Universidad de Alicante han optado por amparar la privacidad al desindexar el nombre de Baena Toc¨®n con el objetivo de obstaculizar las b¨²squedas en Internet.

La Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos Personales y Garant¨ªa de los Derechos Digitales reconoce en su art¨ªculo 93 el derecho al olvido cuando la informaci¨®n recogida sea inadecuada o inexacta, no fuera pertinente o no estuviera actualizada, teniendo en cuenta los fines para los que se recolectaron tales datos, el tiempo transcurrido y la naturaleza e inter¨¦s p¨²blico de la informaci¨®n. En el caso del juicio al gran poeta, parece evidente que existe un innegable inter¨¦s p¨²blico en saber los nombres de quienes intervinieron o estuvieron presentes en aquel proceso judicial.

Los investigadores est¨¢n en la obligaci¨®n de arrojar luz sobre un periodo tan dram¨¢tico de la historia reciente de Espa?a. Indagar en los archivos sobre las atrocidades cometidas durante la contienda civil y la posguerra es una tarea que debe ser preservada y amparada, especialmente por las instituciones acad¨¦micas. Cualquier intento de torpedear el trabajo de los historiadores, inst¨¢ndoles a borrar los nombres de quienes fueron testigos de hechos deleznables, es una injustificable forma de censura y, como algunos estudiosos han resaltado, una peligrosa involuci¨®n en el terreno de la expresi¨®n y de la investigaci¨®n. La ley de protecci¨®n de datos personales no fue concebida para reescribir la historia al gusto de sus protagonistas o sus familiares. Corresponde a una autoridad independiente, como es la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos, analizar el caso y solventar el conflicto.