La responsabilidad de los pol¨ªticos
Mientras el pa¨ªs se desenvuelve con normalidad, la dirigencia pol¨ªtica, sin distinci¨®n de ideolog¨ªas ni talantes, lo pretende empujar de manera constante hacia la confrontaci¨®n y la desesperanza
En el esperpento al que hemos asistido los ¨²ltimos meses sobre los devaneos y esfuerzos para formar Gobierno en Espa?a, una sola palabra se ha hecho due?a del escenario, pronunciada ampulosamente por todos los int¨¦rpretes de la tragicomedia: responsabilidad. De modo que la derecha debe permitir gobernar a la izquierda por responsabilidad, y abstenerse de fornicar con la extrema derecha tambi¨¦n por responsabilidad. Pero, a su vez, la responsabilidad de formar Gobierno es de la izquierda, porque as¨ª se lo ha encargado el Rey, en el ejercicio de uno de los eximios y simb¨®licos poderes que la Constituci¨®n le otorga. Habida cuenta del poco apego que nuestros l¨ªderes muestran por la excelencia intelectual ¡ªsalvo en el caso de Pablo Iglesias, que ya se encarg¨® de recordar sus m¨¦ritos acad¨¦micos frente a los dem¨¦ritos de sus oponentes¡ª, es comprensible el descuido sem¨¢ntico en el que han incurrido en este caso. La responsabilidad no es en principio una cualidad del comportamiento, sino la obligaci¨®n de responder por algo ante alguien. O sea, que lejos de suponer que los que no siguen los deseos de quienes pretenden monopolizar hasta el sentido com¨²n son unos irresponsables, los pol¨ªticos, todos los pol¨ªticos, son responsables de sus actos mal que a veces les pese. Esta es, en definitiva, la grandeza de nuestro vilipendiado r¨¦gimen: que en elecciones peri¨®dicas y libres han de someterse al examen de los ciudadanos, capacitados como est¨¢n para echarlos de su empleo. De modo que la responsabilidad que el presidente en funciones demanda de los dem¨¢s es la misma que los dem¨¢s han de exigirle, y no es ¨¦l, ni ninguno de los otros, quien define los l¨ªmites de su ejercicio.
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Como no todo son desventuras en nuestro devenir patrio, este fin de semana hemos tenido la grata sorpresa de que por fin los portavoces socialistas se han apeado tambi¨¦n de una chorrada de su invenci¨®n: el suponer que el llamado gobierno de cooperaci¨®n define una pol¨ªtica inteligible en el ejercicio del poder. Todos los que tienen acceso al mismo est¨¢n habitualmente obligados a cooperar de un modo u otro con actores terceros para conseguir fines que consideren comunes. Pero en un Gobierno de coalici¨®n, que ahora parece anunciarse, el poder es compartido de manera efectiva. Y la pol¨ªtica se dirige precisamente a las entra?as del poder: c¨®mo conseguirlo y c¨®mo ejercerlo. Eso explica la renuencia socialista a establecer una alianza semejante con Podemos, y la correosa insistencia de este partido por reclamar lo que objetivamente era l¨®gico. Dada la actual fragmentaci¨®n parlamentaria resultaba impensable un Gabinete monocolor, como so?aban los dirigentes del PSOE. Pero adem¨¢s era del todo inconveniente porque la fragilidad del Ejecutivo habr¨ªa constituido una constante amenaza para la tan cacareada estabilidad. Constatada la cerril actitud de Ciudadanos y la ausencia de una oferta por parte del PSOE a ese partido, la soluci¨®n menos mala para los intereses generales es la que ahora se vislumbra. Hay que decir adem¨¢s que en todo el proceso negociador el m¨¢s coherente y consecuente con el manual del buen gobierno ha sido precisamente Pablo Iglesias. Otra cosa son los riesgos, para un partido sist¨¦mico como el PSOE, de sentarse a la mesa con un partido declaradamente antisistema.
Ni Iglesias ni S¨¢nchez tienen un curr¨ªculum reconocible en la b¨²squeda de consensos, ni siquiera en sus formaciones
La Constituci¨®n declara (art¨ªculo 97) que el Gobierno dirige la pol¨ªtica interior y exterior, la Administraci¨®n civil y militar, y la defensa del Estado, y a eso es a lo que van a ser convocados los ministros podemitas. Aunque enseguida advierte que es el presidente quien dirige la acci¨®n del Gobierno, no especifica mucho m¨¢s sobre sus atribuciones. Tuvieron que pasar casi dos d¨¦cadas hasta que en 1997, ya con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en La Moncloa, se promulgara una Ley del Gobierno que configura el funcionamiento del mismo en torno a tres principios: el que ¡°otorga al presidente la competencia para determinar las directrices pol¨ªticas que deber¨¢n seguir el Gobierno y cada uno de los Departamentos; la colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus miembros, y, por ¨²ltimo, el que otorga al titular de cada Departamento una amplia autonom¨ªa y responsabilidad en el ¨¢mbito de su respectiva gesti¨®n¡±. Dado el car¨¢cter de Aznar, es evidente la autoridad casi absoluta que dot¨® al presidente en el articulado de la ley. Esta preeminencia es f¨¢cil de mantener en un Gobierno monocolor, sobre todo mientras las c¨²pulas de los partidos mantengan el control de las listas electorales en comicios cerrados y bloqueados. Pero si se consuma una coalici¨®n, hay que decir que ni Iglesias ni S¨¢nchez tienen por el momento un curr¨ªculum reconocible en lo que se refiere a la b¨²squeda de consensos, ni siquiera en el seno de sus propias formaciones. Ambos han convocado, con mejor o peor fortuna, al ¨¢ngel exterminador para afianzar su posici¨®n en sus respectivos partidos, con lo que ahora tendr¨¢n que someterse a un curso acelerado de humildad.
Por lo dem¨¢s, ha sido tanto el ruido en torno a las peleas por los sillones, tantas las descalificaciones mutuas entre todos los protagonistas del entrem¨¦s, tan desabridos y pobres comentarios del habitual coro medi¨¢tico, que nos avecinamos a la investidura sin tener ni la m¨¢s m¨ªnima idea de cu¨¢l es el programa que PSOE y Podemos son capaces de ofrecer a la representaci¨®n en Cortes. Al margen de prometer un Gobierno progresista y generalidades as¨ª, es necesario que den a conocer las l¨ªneas vertebrales de la pol¨ªtica que el nuevo equipo quiere acometer. Cabe esperar una clarificaci¨®n precisa por parte de Pedro S¨¢nchez en su discurso de investidura. A comenzar por qu¨¦ se propone hacer con el problema m¨¢s acuciante y serio para la supervivencia del Estado, cuya defensa le encomienda la Constituci¨®n: la revuelta secesionista en Catalu?a. Acudir de nuevo a f¨®rmulas buenonas, como la necesidad de di¨¢logo y pronunciamientos de ese cariz, no vale ya para casi nada. La ¨²nica soluci¨®n durable para ese contencioso pasa por una reforma constitucional y todos y cada uno de los l¨ªderes pol¨ªticos que hoy se sientan en el Congreso de los Diputados han dinamitado cualquier posibilidad de la misma a corto plazo. La base de un proyecto de ese g¨¦nero, proclamado por el PSOE desde hace m¨¢s de una d¨¦cada, pasa por un acuerdo de m¨ªnimos que hoy por hoy no existe en absoluto.
Dada la fragmentaci¨®n, un gabinete monocolor habr¨ªa sido una constante amenaza para la cacareada estabilidad
La implementaci¨®n de cualquier otra propuesta, desde la revisi¨®n del estatuto hasta la incoaci¨®n de un refer¨¦ndum consultivo, es indeseable si no cuenta cuando menos con la aceptaci¨®n pasiva de la derecha. La realidad es que mientras el pa¨ªs se desenvuelve con normalidad, y hasta con alg¨²n viso de complacencia seg¨²n en qu¨¦ sectores, la dirigencia pol¨ªtica, sin distinci¨®n de ideolog¨ªas ni talantes, lo pretende empujar de manera constante hacia la confrontaci¨®n y la desesperanza. ?Qu¨¦ se puede esperar de un Gobierno basado en la abierta desconfianza entre los mandamases de los dos partidos que lo encabezan? ?Qu¨¦ de un Parlamento que, lejos de controlar y exigir responsabilidades (de nuevo el vocablo) al Ejecutivo, es incapaz siquiera de llamarle a pedir explicaciones?
Estamos ante una crisis profunda del sistema, y la sentencia del juicio contra los cabecillas de la insurrecci¨®n independentista se encargar¨¢ en breve de ponerlo de relieve, cualquiera que sea la decisi¨®n de los jueces. Los l¨ªderes pol¨ªticos pueden seguir unos mirando para otro lado todo el tiempo que quieran y otros desbarrando hasta el infinito pidiendo respuestas insensatas que profundicen los agravios en la comunidad catalana y la divisi¨®n y el enfrentamiento en la ciudadan¨ªa. El Gobierno tiene en cualquier caso la obligaci¨®n constitucional y legal de la defensa del Estado. Ojal¨¢ el presidente hoy en funciones, que aspira a serlo de manera perdurable durante la presente legislatura, nos explique finalmente c¨®mo piensa llevarla a cabo. Es su responsabilidad.
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