Cuentas auton¨®micas
Instrumentalizar pol¨ªticamente la financiaci¨®n es deslealtad institucional
![La ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/LMLV4MV22LRGV2EDORTXFGQIWM.jpg?auth=63e4ff8059670cb1f1011b6ce0d08d4ab7e59aecd80b76aa498360e45f6a203a&width=414)
El Partido Popular present¨® este viernes una proposici¨®n de ley para desbloquear la entrega a cuenta de los 5.000 millones de euros que el Estado central adeuda a las autonom¨ªas, acusando al Gobierno de pasividad y de deslealtad institucional. Las comunidades de Madrid, Galicia y Andaluc¨ªa, gobernadas por el PP, han elevado el tono de sus exigencias en l¨ªnea con la Generalitat de Catalu?a, cuyo vicepresidente, Pere Aragon¨¨s, inst¨® a una protesta generalizada contra el Ejecutivo central y anunci¨® esta misma semana la presentaci¨®n de una demanda judicial por el retraso.
El n¨²cleo del problema reside en determinar si un Gobierno en funciones tiene capacidad para realizar sin apoyo de la Ley de Presupuestos los libramientos que reclaman las autonom¨ªas. La ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, consider¨® en febrero la posibilidad de hacerlo mediante decreto ley, pero la convocatoria electoral frustr¨® esta v¨ªa. Y de acuerdo con el informe de la Abogac¨ªa del Estado presentado este martes, el libramiento reclamado excede la capacidad de un Gobierno en funciones y, por tanto, resulta irrelevante la f¨®rmula a trav¨¦s de la cual se pretenda ejecutar. La precariedad de la situaci¨®n no deriva solo del retraso acumulado desde principios de a?o, sino tambi¨¦n del que podr¨ªa producirse en el caso de que se llegue a una repetici¨®n electoral.
Las comunidades gobernadas por el PP, como tambi¨¦n la Generalitat, est¨¢n conduciendo sus reclamaciones frente al Estado por un derrotero que no busca resolver las deficiencias de la financiaci¨®n auton¨®mica, sino instrumentalizarlas pol¨ªticamente en contra del Gobierno y del Partido Socialista. Si el sistema constitucional impide que un Ejecutivo en funciones adopte decisiones que comprometan al que lo suceda, seg¨²n argumenta la Abogac¨ªa del Estado, imputar el retraso a los oscuros designios del Gobierno es, sencillamente, deslealtad institucional. Lo mismo que plantear demandas judiciales es prolongar la fantas¨ªa del enfrentamiento con el Estado: ERC tuvo en su mano aprobar en el Parlamento los Presupuestos que le hubieran proporcionado los recursos que ahora quiere reclamar en los tribunales.
El hecho de que sean las comunidades del PP y la Generalitat las que coincidan en la voluntad de instrumentalizar pol¨ªticamente el problema de la financiaci¨®n auton¨®mica revela crudamente por qu¨¦ sigue sin resolverse, postergando la reforma cada m¨¢s urgente de la ley de 2009. Mientras persista el bloqueo parlamentario, nada se puede avanzar en la aprobaci¨®n de unos nuevos Presupuestos ni en una nueva regulaci¨®n de la financiaci¨®n auton¨®mica. Pero no ocurre otro tanto en el plano estrictamente pol¨ªtico, desde el momento en que las Comunidades gobernadas por el Partido Popular y la Generalitat de Catalu?a necesitan sobreactuar en la gesticulaci¨®n contra el Gobierno central a fin de ocultar que, en realidad, unas y otras est¨¢n hablando exactamente de lo mismo y buscando id¨¦ntico resultado: resolver los problemas acuciantes del sistema de financiaci¨®n.
La pregunta que se impone entonces es cu¨¢nto tiempo m¨¢s seguir¨¢n los partidos que enarbolan sin descanso la bandera de la naci¨®n utilizando las cuentas auton¨®micas para dividir al pa¨ªs sobre la cuesti¨®n territorial, en lugar de abordarlas a trav¨¦s de la negociaci¨®n y el consenso institucionales.
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