Miedo a la extradici¨®n
Las fechor¨ªas no pueden quedar impunes, ni la lucha contra el narcotr¨¢fico, desfallecer, pero el calendario de la paz y la justicia no siempre armoniza
La intervenci¨®n de Estados Unidos en Colombia es antigua y profunda, pero si adem¨¢s coincide con el quebradizo desarrollo de los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno remite a la expresi¨®n coloquialmente empleada cuando hay demasiadas personas en un lugar y llegan m¨¢s: ¡°?ramos pocos y pari¨® la abuela¡±. El genio de la lengua y la ley de Murphy en la tragedia colombiana. Si numerosos son los actores y factores detr¨¢s de la reinserci¨®n pol¨ªtica de la guerrilla y la decisi¨®n de una facci¨®n de retomar las armas, uno fundamental es EE?UU y el temor de los renegados Iv¨¢n M¨¢rquez, Jes¨²s Santrich y Hern¨¢n Dar¨ªo Vel¨¢squez a ser perseguidos por la DEA y extraditados por narcotr¨¢fico.
M¨¢rquez regres¨® a la clandestinidad despu¨¦s de que EE?UU hubiera pedido la entrega de Santrich, detenido en 2018 por su supuesta participaci¨®n en una operaci¨®n con el c¨¢rtel de Sinaloa para el env¨ªo de diez toneladas de coca¨ªna, tras la firma del acuerdo de noviembre de hace tres a?os en Cuba. Se proclama v¨ªctima de una encerrona gringa y fue liberado al reconoc¨¦rsele sus fueros como congresista del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com¨²n, cuyo acr¨®nimo es el de la guerrilla. Apenas consigui¨® 50.000 votos en las ¨²ltimas legislativas.
Meses despu¨¦s, el excarcelado desapareci¨®. Viendo las barbas del vecino pelar, cundi¨® la alarma. Si Estados Unidos estaba empe?ado en llevarse a quien fue negociador de la paz, previsiblemente querr¨¢ hacer lo mismo con el resto, acusados de tener las manos manchadas de sangre, secuestros y coca¨ªna. Ante la eventualidad de pasar el resto de su vida en una prisi¨®n de m¨¢xima seguridad de Colorado, junto a Sim¨®n Trinidad, exjefe de las FARC extraditado en 2004, sus ¨¦mulos han preferido acampar en la selva amaz¨®nica.
La delegaci¨®n miliciana en La Habana hab¨ªa reiterado su temor a que la extradici¨®n fuera una herramienta para machacarles una vez conseguido el desarme y la desmovilizaci¨®n. El pacto fue que cualquier cargo posterior a la firma de los acuerdos deb¨ªa ser verificado por la Justicia Especial para la Paz (JEP), que investiga los delitos m¨¢s graves del conflicto colombiano; si se verificaba, pasaba a la justicia ordinaria, con posibilidad de extradici¨®n. Hasta entonces, la reclamaci¨®n de los tribunales norteamericanos era suficiente para tramitarla.
Las fechor¨ªas no pueden quedar impunes, ni la lucha contra el narcotr¨¢fico, desfallecer, pero el calendario de la paz y la justicia no siempre armoniza. Una tragedia de m¨¢s de medio siglo y ocho millones de v¨ªctimas no cicatriza r¨¢pidamente, y menos cuando Estados Unidos y el partido de Uribe presionan sobre la herida, la Fiscal¨ªa General y la JEP. Esta justicia transicional batalla con la Embajada norteamericana y guerrilleros o exguerrilleros que pretenden la absoluci¨®n de cr¨ªmenes imperdonables aunque fueran cometidos invocando el derecho de los pueblos al alzamiento contra la opresi¨®n y las oligarqu¨ªas.
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