Los poderes, desaparecidos
Ni Veracruz ni el resto de M¨¦xico han tenido jam¨¢s algo parecido a un Estado de derecho. Lo que hoy observamos es la continuidad con el pasado, no el inicio de algo nuevo
En M¨¦xico, los actores pol¨ªticos se est¨¢n amenazando mutuamente con usar el recurso constitucional de ¡°desaparici¨®n de poderes¡± para destituir, desde el congreso federal, a algunos gobernadores cuyos Estados padecen graves crisis de violencia e inseguridad. Lejos de ayudar a solucionar el problema, esta propuesta impide comprender las causas de la crisis de gobernabilidad que padecen varias entidades del pa¨ªs. La violencia criminal incontrolada es s¨®lo una de las manifestaciones del problema central de esta fase hist¨®rica: la ausencia de instituciones democr¨¢ticas operativas, vac¨ªo que se expresa en violaciones sistem¨¢ticas a la ley desde los propios poderes del Estado, carencia de capacidades t¨¦cnicas, operativas y pol¨ªticas en las clases gobernantes y ausencia de mecanismos de control ciudadano sobre los excesos de la clase pol¨ªtica. Persisten reg¨ªmenes subnacionales h¨ªbridos y un Gobierno federal fragmentado, caracterizados todos por una estatalidad precaria. Estas condiciones cuestionan la narrativa del ¡°cambio de r¨¦gimen¡±.
Veracruz, Estado gobernado por Cuitl¨¢huac Garc¨ªa, un pol¨ªtico inexperto, pero muy cercano al presidente, es un ejemplo de los problemas de la ¡°cuarta transformaci¨®n¡± en los gobiernos locales. Aqu¨ª, actores de los tres poderes del Estado se conducen arbitrariamente. El caso m¨¢s reciente ha sido la ¡°suspensi¨®n temporal¡± del fiscal Jorge Winckler por parte de la Diputaci¨®n Permanente del Congreso local, que de acuerdo con la constituci¨®n carece de esa potestad. Ciertamente, el fiscal era un funcionario fr¨ªvolo e incapaz, cuya virtud ¨²nica al ser nombrado hace dos a?os fue su fidelidad al entonces gobernador Miguel ?ngel Yunes, de quien fue abogado personal. Pero eso no hace aceptable la violaci¨®n de la ley para destituirlo.
A pesar de haber construido una mayor¨ªa calificada en el Congreso usando el viejo m¨¦todo de transvase de pol¨ªticos de todos los partidos a su coalici¨®n, Morena fue incapaz de entablar un juicio pol¨ªtico contra Winckler, ¨²nica forma legal de destituir de su puesto a un fiscal ¡°aut¨®nomo¡± designado por nueve a?os. El faccionalismo interno en Morena y la falta de autoridad del gobernador hicieron pol¨ªticamente inviable este recurso.
Este no es el ¨²nico problema. El gobernador no ha propuesto candidatos para 13 vacantes de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia, que funciona de manera irregular desde hace m¨¢s de un a?o al carecer de casi la mitad de sus miembros. Dentro del tribunal hay esc¨¢ndalos por fraudes en la disputa por las presidencias de salas. Por otro lado, ha habido en el actual Gobierno denuncias de desaparici¨®n forzada atribuibles a la Polic¨ªa estatal, sin que se haya hecho nada para sancionar a los responsables. La defenestraci¨®n ilegal del fiscal parece haberse acelerado para evitar un esc¨¢ndalo por las desapariciones y para administrar la informaci¨®n sobre delitos y cr¨ªmenes cometidos en el estado. La encargada temporal de la fiscal¨ªa ¡°aut¨®noma¡± carece de perfil para el cargo, pero es cercana al Secretario de Gobierno. Mientras tanto, los organismos de apoyo a v¨ªctimas contin¨²an sin presupuesto y sin operar. Estos reprobables actos y omisiones contradicen las promesas de un gobernador que tuvo el m¨¦rito de haber puesto en primer lugar de su agenda el problema de los desaparecidos.
Ciertamente, ni Veracruz ni el resto del pa¨ªs han tenido jam¨¢s algo parecido a un Estado de derecho. Lo que hoy observamos es la continuidad con el pasado, no el inicio de algo nuevo. El Gobierno de Cuitl¨¢huac Garc¨ªa demuestra que no basta la buena voluntad para gobernar. La falta de cuadros con experiencia administrativa y pol¨ªtica ha producido un Gobierno de bajo perfil y escasa habilidad pol¨ªtica, carente de disciplina y liderazgo, y un congreso dominado por pol¨ªticos formados en el priisimo, y convertidos al morenismo por conveniencia, cuyas pr¨¢cticas son las mismas de siempre. El poder judicial sigue en manos de los magistrados nombrados en Gobiernos anteriores, y la mayor¨ªa de ellos llegaron al cargo por decisi¨®n de los gobernadores en turno, no por m¨¦ritos profesionales. Morena parece no tener cuadros de recambio ahora que puede modificar la composici¨®n del Tribunal Superior. Los organismos aut¨®nomos est¨¢n siendo acotados pol¨ªticamente o colonizados por personajes cercanos al nuevo grupo en el poder, tal como ha sucedido siempre. Por ahora, los poderes del Estado parecen estar desaparecidos.
No se puede cambiar de r¨¦gimen reproduciendo las pr¨¢cticas del pasado y sin construir instituciones democr¨¢ticas operativas, transparentes y cercanas a la ciudadan¨ªa. Repartir subsidios de forma directa y no mediada puede ser un avance en relaci¨®n a las formas del clientelismo priista, pero ello no equivale a crear un nuevo r¨¦gimen. El combate a la corrupci¨®n es, hasta ahora, una promesa, pues por lo pronto lo que hay es un Gobierno que no gasta porque no sabe o porque no puede. Mientras tanto, en la vida diaria de la gente, se sufre la inseguridad y la violencia tanto o m¨¢s que antes, al igual que la falta de empleo y de ingresos suficientes. Construir Estado, es decir, verdaderas instituciones democr¨¢ticas, debe ser la tarea central de un nuevo r¨¦gimen.
Alberto J. Olvera es investigador del Instituto de Investigaciones Hist¨®rico-Sociales de la Universidad Veracruzana.
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