Violencia, justicia y pol¨ªtica en Veracruz

Hace dos semanas, Veracruz volvi¨® a estar en las portadas de la prensa nacional e internacional en raz¨®n de un nuevo esc¨¢ndalo de violencia: la masacre absurda de 13 personas, en este caso en la ciudad de Minatitl¨¢n. Al igual que en otros acontecimientos similares, no se ha detenido a los culpables. Una cosa ha quedado clara: no hay un diagn¨®stico de las nuevas formas que ha asumido la violencia criminal, y el Estado, en sus dimensiones local, estatal y nacional, recurre a las viejas respuestas, probadamente insuficientes, para atacar un problema cuya complejidad exige la construcci¨®n de instituciones de justicia locales, las cuales no aparecen siquiera en el horizonte discursivo de los pol¨ªticos.

Veracruz, el tercer estado m¨¢s poblado del pa¨ªs, y tal vez el m¨¢s complejo por su diversidad regional, dispersi¨®n poblacional y alta conflictividad social y pol¨ªtica, viene sufriendo, desde hace tres d¨¦cadas, un estancamiento econ¨®mico general con regiones en franca crisis. Desde hace unos 15 a?os, una serie de gobiernos estatales desastrosos han causado la desinstitucionalizaci¨®n de un gobierno de por s¨ª fr¨¢gil y permitido la implantaci¨®n del crimen organizado en todo el territorio. Primero, el gobernador Fidel Herrera pact¨® con el grupo de los zetas, y luego el gobernador Javier Duarte, obligado por la federaci¨®n, dio entrada al grupo Jalisco Nueva Generaci¨®n. Este proceso conllev¨® una brutal violencia con miles de muertos y desaparecidos, tanto en las batallas entre grupos, como a causa de la intervenci¨®n de las fuerzas del orden.

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Tanto por la propia din¨¢mica de la competencia entre grupos criminales, como por la acci¨®n del Estado, los antiguos carteles han tendido a fragmentarse en m¨²ltiples c¨¦lulas d¨¦bilmente articuladas entre s¨ª. Estas guerras han llevado a un r¨¢pido recambio de l¨ªderes de ¡°plazas¡± y a una dram¨¢tica diversificaci¨®n y ¡°localizaci¨®n¡± de las actividades criminales. Si antes el control del territorio era condici¨®n para la circulaci¨®n nacional e internacional de drogas y personas, la crisis y recambio de esos mercados ha obligado a las c¨¦lulas criminales a sacar rentas casi exclusivamente de las poblaciones que dominan. El secuestro, la extorsi¨®n, el ¡°cobro de piso¡±, el narcomenudeo y el robo, que antes eran actividades complementarias a los negocios principales, se volvieron el negocio casi ¨²nico de las c¨¦lulas locales en buena parte del pa¨ªs.

La fragmentaci¨®n criminal y la precariedad de los mercados locales ha incrementado la competencia por las escasas rentas disponibles, causando un aumento de la violencia, as¨ª como un cambio en la composici¨®n de los sujetos criminales. De ser grupos con cierta permanencia organizacional, han pasado a ser bandas locales cambiantes, articuladas en torno a clanes o familias extensas. Por ello tienen una base social local.

Por consiguiente, el combate a la criminalidad se ha tornado un asunto de inteligencia local y presencia polic¨ªaca cercana a la ciudadan¨ªa. Este tipo de delincuencia solo puede ser combatido con una pol¨ªtica integral que en la parte polic¨ªaca se funde en polic¨ªas locales profesionales conocedoras del territorio y de sus habitantes, que cuente con la confianza de los ciudadanos y tenga un esp¨ªritu de cuerpo que le permita superar las amenazas y agresiones de los delincuentes; deber¨¢ articularse a la Guardia Nacional y a la polic¨ªa estatal para las operativos importantes, pero la investigaci¨®n y ubicaci¨®n de objetivos le corresponde a quien conoce el terreno; en la parte de justicia, se requiere de una fiscal¨ªa local profesional y con recursos suficientes para investigar y obtener pruebas de los delitos; y de un poder judicial que act¨²e con rapidez y no se deje intimidar ni corromper. Al mismo tiempo, deber¨¢n desarrollarse las pol¨ªticas sociales que atemperen la brutal miseria que sufre la mayor¨ªa de la poblaci¨®n, que mejore los ambientes escolares, haga funcionar las cl¨ªnicas locales e impulse actividades culturales y deportivas a escala microlocal.

Nada de esto parece estar en el horizonte del gobierno federal. En Minatitl¨¢n, se opt¨® por reproducir la vieja historia de la ocupaci¨®n militar de una ciudad con soldados que no conocen el territorio, en esta ocasi¨®n con el disfraz de una Guardia Nacional que no existe a¨²n. Para colmo, el conflicto entre el gobernador de Veracruz y el fiscal estatal, que dirige una de las peores fiscal¨ªas del pa¨ªs, ha escalado a niveles absurdos, que implican la inexistencia de coordinaci¨®n entre instituciones en el contexto de una violencia desbocada.

Construir polic¨ªas locales e instituciones de justicia funcionales llevar¨¢ mucho tiempo, pero es la ¨²nica soluci¨®n a largo plazo. Pero el gobierno actual parece no entender que hay que empezar ya este proceso, que requiere de planes, recursos y voluntad pol¨ªtica. Seguir la v¨ªa de la militarizaci¨®n es repetir los errores del pasado.