Justicia sin gobierno

Este mes de diciembre hace un a?o que expir¨® el mandato del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Su situaci¨®n no es distinta de la de los otros miembros del ¨®rgano de gobierno de los jueces, debido al bloqueo pol¨ªtico que padece el pa¨ªs y a la falta de acuerdo entre los principales partidos para proceder a su renovaci¨®n. El ¨²ltimo intento, en noviembre del pasado a?o, se sald¨® con un esc¨¢ndalo, al hacerse p¨²blicos los mensajes que el senador popular Ignacio Cosid¨® dirigi¨® a los miembros de su grupo jact¨¢ndose de controlar a trav¨¦s de los nombramientos en el Consejo los procesos contra su partido.

La interinidad en la que se encuentra instalado el Consejo ha propiciado la adopci¨®n de decisiones contestadas por algunas asociaciones de jueces. En concreto, la convocatoria de concursos para cubrir la presidencia de la Audiencia Nacional, as¨ª como la de varias Audiencias Provinciales y m¨¢s de una treintena de altos cargos judiciales, impulsados por un ¨®rgano que tiene el mandato caducado. Los recursos legales de estas asociaciones est¨¢n a¨²n pendientes de resoluci¨®n, pero incluso aunque fueran rechazados por el Tribunal Supremo, lo cierto es que cualquier renovaci¨®n llevada a cabo por un Consejo obligado a actuar en el l¨ªmite de sus atribuciones estaba condenada a provocar malestar en el seno de la justicia y a deteriorar su imagen. Todo ello coincidiendo con los momentos de mayor protagonismo de los tribunales en la vida p¨²blica espa?ola.

A lo largo del a?o transcurrido se han vuelto a escuchar voces proponiendo reformas que van desde la simple supresi¨®n del Consejo hasta su conversi¨®n en un ¨®rgano corporativo de los jueces, sin conexi¨®n con la voluntad popular a trav¨¦s del Congreso y el Senado. Como tantas otras instituciones afectadas por la par¨¢lisis pol¨ªtica, el problema no tiene que ver tanto con la arquitectura y los procedimientos establecidos por la Constituci¨®n como con el uso ventajista que han hecho los partidos. El hecho de que, en ¨²ltima instancia, corresponda a los diputados y senadores decidir la composici¨®n del gobierno de los jueces no puede ser interpretado como un derecho a colonizar desde el Legislativo un poder que debe ser independiente en todos sus niveles.

La alternativa a las malas pr¨¢cticas adoptadas para nombrar el Consejo no puede ser reformarlo, sino comprometerse con unas pr¨¢cticas distintas. No solo por parte de los partidos, sino tambi¨¦n de los vocales del Poder Judicial. Porque a unos y a otros corresponde velar por la independencia y el prestigio de la justicia.