El bloqueo pol¨ªtico eleva la tensi¨®n por las decisiones de un Poder Judicial en funciones
El organismo lleva en funciones desde el pasado diciembre
La investidura fracasada de Pedro S¨¢nchez aleja la posibilidad de renovar a corto plazo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros est¨¢n en funciones desde el pasado diciembre. Ante este escenario, entre las asociaciones judiciales y dentro del propio Consejo se han acentuado las discrepancias sobre c¨®mo gestionar la interinidad: el Consejo defiende su legitimidad, pero tres de las cuatro asociaciones le reprochan que haya aprobado la renovaci¨®n de casi 40 cargos discrecionales. Solo una de los 21 miembros del CGPJ, Concepci¨®n S¨¢ez, discrepa de esta tesis y est¨¢ votando contra los nuevos nombramientos.
El Poder Judicial se ha convertido en uno de los ¨²ltimos vestigios del bipartidismo. Su composici¨®n actual obedece al tablero pol¨ªtico de 2013, cuando fueron nombrados los vocales actuales. El PP gobernaba con mayor¨ªa absoluta y populares y socialistas se repart¨ªan 296 de los 350 esca?os del Congreso. Desde entonces se han celebrado tres elecciones que han dinamitado ese escenario y se va camino de unas cuartas si no hay acuerdo para investir al socialista Pedro S¨¢nchez.
¡°Estamos haciendo nombramientos con arreglo a una mayor¨ªa que no tiene nada que ver con la composici¨®n actual de las C¨¢maras. Ha cambiado todo y hay partidos con otra sensibilidad que ni siquiera est¨¢n representados¡±, afirma la vocal S¨¢ez, que est¨¢ dejando por escrito sus argumentos contra las decisiones del ¨®rgano de gobierno de los jueces presentando un voto particular a cada acuerdo del pleno.
En esos escritos, la vocal, que es letrada de la Administraci¨®n de justicia y el ¨²nico miembro del Consejo a propuesta de IU, cuestiona que un ¨®rgano con el mandato cumplido est¨¦ legitimado para aprobar las bases que rigen los nombramientos discrecionales; unas bases que, adem¨¢s, cree inadecuadas porque no se ci?en a la norma que regula la provisi¨®n de estas plazas. ¡°Estar en funciones no puede significar estar en plenitud de funciones. Creo que deber¨ªamos autolimitarnos¡±, afirma S¨¢ez en conversaci¨®n con EL PA?S. La vocal cree que el actual Poder Judicial deber¨ªa abstenerse de tomar los dos tipos de decisiones que est¨¢n vetados para un Gobierno en funciones: las de car¨¢cter discrecional y las de car¨¢cter pol¨ªtico. ¡°Y estamos haciendo nombramientos donde precisamente confluyen estas dos caracter¨ªsticas¡±, asegura.
En los ¨²ltimos meses, el Consejo ha aprobado la renovaci¨®n de casi 40 cargos discrecionales, desde presidencias de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia auton¨®micos a la presidencia de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Tambi¨¦n la elecci¨®n de varios magistrados del alto tribunal, que son plazas vitalicias.
Fuentes oficiales del Consejo defienden que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial solo proh¨ªbe al Consejo en funciones elegir a su presidente. Seg¨²n estas fuentes, el ¨®rgano no ha considerado necesario buscar f¨®rmulas para prorrogar las presidencias que terminaban mandato y la decisi¨®n no va en detrimento del pr¨®ximo Consejo porque este va a poder hacer todos los nombramientos que correspondan a sus cinco a?os en el cargo. Respecto a las plazas de magistrados del Supremo que se quedaban vacantes por jubilaci¨®n, el Consejo alega la necesidad de ocuparlas cuanto antes para evitar que la justicia ¡°se paralice¡±.
Las asociaciones Francisco de Vitoria (alrededor de 800 afiliados) y Juezas y Jueces para la Democracia (unos 525) admiten que la ley no impide a los vocales del Poder Judicial seguir nombrando cargos, pero consideran que estas decisiones est¨¢n ¡°viciadas¡±. Estas dos asociaciones est¨¢n recurriendo al Supremo todos los nombramientos. La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, la m¨¢s numerosa (alrededor de 1.330 miembros) y de tendencia conservadora, no est¨¢ impugnando las decisiones del Consejo en funciones. Las dos que s¨ª lo hacen se?alan que el Consejo incumple lo establecido en el art¨ªculo 326 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, que regula el sistema de elecci¨®n de estos cargos. La norma se reform¨® en diciembre y la nueva redacci¨®n establece que la convocatoria p¨²blica de esos puestos ¡°se?alar¨¢ pormenorizadamente la ponderaci¨®n de cada uno de los m¨¦ritos en la valoraci¨®n global del candidato¡±.
¡°No se est¨¢ haciendo as¨ª. Sacan unas bases para cada convocatoria, en la que se dice de forma gen¨¦rica lo que se tendr¨¢ en cuenta. Y se da mucha importancia a un proyecto que se expone en una comparecencia p¨²blica, pero nadie sabe qui¨¦n va a controlar despu¨¦s que eso se cumpla¡±, afirma Raimundo Prado, portavoz de la asociaci¨®n Francisco de Vitoria. Esta situaci¨®n est¨¢ provocando, seg¨²n Prado, una sombra de duda sobre todos los nombramientos, incluidos los de magistrados que tienen m¨¦ritos de sobra para aspirar al puesto para el que son elegidos.
Impugnarse a s¨ª mismo
El portavoz de la Francisco de Vitoria pone como ejemplo la reelecci¨®n de Jos¨¦ Ram¨®n Navarro como presidente de la Audiencia Nacional. Navarro es miembro de esta asociaci¨®n, que va a impugnar su designaci¨®n. ¡°Si se hubiera baremado todo bien, probablemente, habr¨ªa salido ¨¦l. Pero lo vamos a recurrir por lo mismo que recurrimos el resto¡±, explica. El propio Prado va a presentarse para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. ¡°Y voy a impugnar sus bases¡±, dice. ¡°Tengo muchos m¨¦ritos, aunque s¨¦ que el Consejo no me va a elegir. Pero quiero saber por qu¨¦, que me digan qu¨¦ m¨¦ritos me faltan. Hacen falta unas bases bien hechas¡±, afirma.
Ignacio Gonz¨¢lez Vega, presidente de Juezas y Jueces para la Democracia, sostiene que, adem¨¢s de las bases deficientes, sorprende ¡°la premura¡± con la que se efect¨²an los nombramientos. ¡°Incluso se convocan las plazas antes de que se jubilen los cargos a los que van a suplir. Claramente est¨¢n buscando nombrar a los suyos antes de irse¡± afirma.
Un vocal del Consejo se?ala, a condici¨®n de mantenerse en el anonimato, que se est¨¢n renovando los cargos que tocan. Pero admite que se ha podido crear una sensaci¨®n de que est¨¢n haciendo todo de golpe porque se hab¨ªan acumulado plazas vacantes desde hace meses que estaban pendientes de que se aprobaran los nuevos requisitos derivados del cambio de la ley en diciembre.
La reforma legal obliga al Consejo a hacer un nuevo reglamento que detalle c¨®mo deben ser las bases de las convocatorias p¨²blicas, pero el ¨²nico ¡°l¨ªmite¡± que se ha impuesto el Consejo en funciones es precisamente el de no desarrollar nueva normativa. ¡°Es un poco contradictorio no hacer el reglamento pero s¨ª los nombramientos¡±, afirma S¨¢ez. ¡°Aunque yo misma caigo en contradicciones¡±, admite. ¡°En puridad, lo que deber¨ªamos hacer es levantarnos e irnos cuando se vayan a votar los nombramientos. Pero es complicado. Yo me aplico tambi¨¦n el mea culpa¡±, lamenta.
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