Tan campantes seis meses despu¨¦s

Medio a?o despu¨¦s de que el capit¨¢n Rafael Acosta muriera reventado a golpes en las mazmorras de la Direcci¨®n de Contrainteligencia Militar de Venezuela, su asesinato contin¨²a impune. Aunque era previsible esa omisi¨®n de justicia, ni el derecho a la defensa contra una eventual intervenci¨®n militar de Estados?Unidos, ni la persecuci¨®n de los opositores que la secundan, pueden camuflar, ni menos justificar, las reiteradas violaciones de las convenciones internacionales contra la tortura y tratos inhumanos perpetradas en los centros de detenci¨®n.

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El demoledor informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, sobre su situaci¨®n en Venezuela, fue descalificado por el Gobierno de Nicol¨¢s Maduro como descontextualizado y cargado de mentiras. Probablemente no todo fuera verdad en la tabulaci¨®n del medio millar de testimonios recogidos por la ONU, pero pocas mentiras han sido tan desvergonzadas como la emitida por la Fiscal¨ªa General cuando prometi¨® depurar responsabilidades y una expedita investigaci¨®n sobre el homicidio doloso del capit¨¢n de corbeta, inhumado casi clandestinamente, con sus familiares vigilados por la polic¨ªa. La investigaci¨®n pas¨® al olvido porque esa era la intenci¨®n.

La reinstauraci¨®n de la justicia en Venezuela pasa por desguazar el conjunto de leyes y pol¨ªticas que la impiden. Su secuestro se consigui¨® reduciendo los espacios de la democracia y eliminando el control institucional sobre el poder Ejecutivo. El regreso del pa¨ªs al Estado de derecho, a la divisi¨®n de poderes, deber¨¢ consensuarse y concluir con elecciones sin trampas. Desde la promulgaci¨®n de la ley venezolana contra la Tortura, en 2013, se viene reclamando la correcci¨®n del art¨ªculo 17, que escuda a los funcionarios que infligen dolor y sufrimientos en el ejercicio de sus funciones. Las discrepancias entre la definici¨®n de torturas que figura en la Convenci¨®n de Naciones Unidas y la reflejada en las legislaciones nacionales abren amplios espacios a la impunidad en la mayor¨ªa de pa¨ªses de Latinoam¨¦rica, que no vigilan los m¨¦todos de interrogatorio. La ausencia de humanismo y probidad en la formaci¨®n profesional y comportamiento de los funcionarios encargados de aplicar la ley tiene efectos devastadores. Las autoridades competentes rara vez investigan cuando sospechan que se ha torturado; y el derecho al debido proceso de quienes denuncian haber sido v¨ªctimas de tratos degradantes funciona a beneficio de inventario.

Seis meses despu¨¦s de la muerte de Rafael Acosta, ni el Ministerio P¨²blico, ni el Gobierno han castigado las barbaridades cometidas, las fracturas de huesos, las quemaduras de pies, los aplastamientos y derrames. Un avasallamiento de los protocolos internacionales contra la tortura que retrata la catadura moral de quienes los rubrican a sabiendas de que ser¨¢n incumplidos.