Sobre mesas y di¨¢logos

La mesa de negociaci¨®n entre el Gobierno de Madrid y el Govern de la Generalitat, incluida en el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC y refrendada por la reuni¨®n entre Pedro S¨¢nchez y Quim Torra el 6 de febrero, todav¨ªa tiene perfiles poco definidos. Poco se sabe a¨²n sobre algunos aspectos esenciales, como qui¨¦nes se sentar¨¢n a la mesa de cada lado, cu¨¢l ser¨¢ su representatividad real, cu¨¢l ser¨¢ su calendario, qu¨¦ temas integrar¨¢n su agenda o si solo se ce?ir¨¢ a los temas propuestos por S¨¢nchez. El compromiso inicial es ajustarse a la legalidad vigente, eufemismo para evitar mentar la Constituci¨®n, as¨ª como someter el texto acordado a una consulta, otro eufemismo para evitar la palabra refer¨¦ndum. Entre l¨ªneas, una parte renuncia a la unilateralidad y pospone la independencia al momento en que cuente con una mayor¨ªa social cualificada; la otra desiste de aplicar el art¨ªculo 155 y de judicializar indefinidamente la cuesti¨®n catalana. Se reconoce algo obvio: que tras casi 10 a?os de ascenso y movilizaci¨®n soberanista en Catalu?a, el independentismo tiene un apoyo consolidado y que ha llegado para quedarse. Y que, por tanto, cualquier soluci¨®n plausible tiene que ser pol¨ªtica. Por su parte, el sector mayoritario del independentismo parece reconocer otra evidencia: que la unilateralidad no ha funcionado, en parte porque no se dispon¨ªa de una mayor¨ªa social suficiente para ello, y porque, sin apoyos externos, conduc¨ªa al bloqueo pol¨ªtico y la frustraci¨®n social.

Antes o despu¨¦s, habr¨¢ que debatir sobre el sujeto de soberan¨ªa, aut¨¦ntico nudo gordiano de la cuesti¨®n

Reconducir un choque de legitimidades nacionales por cauces institucionales es un paso positivo; pero supone asumir retos y correr riesgos. No hay muchos modelos en los que mirarse. El caso del Reino Unido, comunidad pol¨ªtica que se define como una uni¨®n de naciones y sin Constituci¨®n escrita, no es directamente equiparable al de Espa?a. Y el Acuerdo de Stormont (1998) entre cat¨®licos y protestantes del Ulster inclu¨ªa un compromiso previo de pacificaci¨®n, partiendo adem¨¢s de una autonom¨ªa suspendida, la de Irlanda del Norte, por Londres. Cabe, pues, definir v¨ªas propias.

Existen f¨®rmulas de acomodaci¨®n de la diversidad de identidades nacionales que pueden ser exploradas

Ambos bandos tienen que lidiar adem¨¢s con una acusada polarizaci¨®n pol¨ªtica. Por un lado, con la actitud de una parte de la judicatura, y la presi¨®n medi¨¢tica de la derecha conservadora y radical, impasibles en el adem¨¢n de confundir legalidad con legitimidad, y el gobierno por ley con el gobierno de la ley. Por otro lado, con la l¨®gica de quienes persiguen el cuanto peor, mejor, y sue?an con un alzamiento popular (pac¨ªfico, se supone) contra una ocupaci¨®n. A favor del di¨¢logo, sin embargo, tambi¨¦n operan otros factores. El cansancio de la opini¨®n p¨²blica, catalana y espa?ola, ante un conflicto enquistado; la mayor¨ªa de la ciudadan¨ªa catalana (m¨¢s de dos tercios, seg¨²n las encuestas) ser¨ªa favorable al derecho a decidir, aunque no toda ella optar¨ªa por la independencia; y la mayor¨ªa de la ciudadan¨ªa espa?ola (m¨¢s de la mitad) en su conjunto ser¨ªa favorable a soluciones negociadas, aunque sean una minor¨ªa los que aceptar¨ªan la posibilidad de una Catalu?a independiente.

Ambas partes abrigan adem¨¢s expectativas muy divergentes. Cualesquiera que fuesen los interlocutores concretos en la mesa, el Gobierno de Espa?a no podr¨¢ aceptar la posibilidad de ejercitar el derecho de autodeterminaci¨®n sin desencadenar una tormenta pol¨ªtica. Como bien ha afirmado Aitor Esteban, la sociedad espa?ola no est¨¢ madura para ello, legalidades aparte: es una cuesti¨®n de cultura pol¨ªtica. El Gobierno de S¨¢nchez ofrece en principio una ampliaci¨®n del Estatuto de Autonom¨ªa, casi una vuelta al Nou Estatut de 2006, as¨ª como una impl¨ªcita reordenaci¨®n en clave asim¨¦trica del Estado de las autonom¨ªas, y algunas cesiones simb¨®licas. La Generalitat tendr¨¢ dif¨ªcil justificar ante parte de sus apoyos cualquier cosa que no pase por un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n. Pero quedar fuera de la mesa tiene m¨¢s costes que seguir sentado. Ambas partes intentar¨¢n adem¨¢s ganar tiempo. Bien esperando que la acci¨®n de gobierno genere mayores apoyos sociales, y que se cuartee (a¨²n m¨¢s) el bloque independentista en Catalu?a, o bien mirando de reojo lo que ocurra en Escocia tras el Brexit y las actitudes de la UE ante un hipot¨¦tico refer¨¦ndum escoc¨¦s.

Todos, sin duda, guardan ases en la manga. Por un lado, la situaci¨®n de los pol¨ªticos presos, la retirada de recursos judiciales o la tolerancia hacia las representaciones catalanas en el exterior. Por otro, la negociaci¨®n de los presupuestos en las Cortes o la aprobaci¨®n parlamentaria de medidas en materia socioecon¨®mica con sesgo progresista. Todo ello puede facilitar un proceso de descompresi¨®n pol¨ªtica y medi¨¢tica, requisito imprescindible para abordar las cuestiones de fondo. Cuestiones que ser¨¢n inevitables y para las que se necesitar¨¢ audacia pol¨ªtica, m¨¢s all¨¢ del cortoplacismo estrat¨¦gico usual de unos y otros.

De entrada, el reconocimiento mutuo. El Gobierno de Espa?a habr¨¢ de reconocer expl¨ªcitamente que hay un conflicto de naturaleza pol¨ªtica, que no es sino de legitimidades: en algunos territorios la identidad nacional espa?ola no goza de un consenso un¨¢nime ni hegem¨®nico. La Generalitat, que no todos, ni siquiera la mayor¨ªa (mitad m¨¢s uno) de los catalanes, seg¨²n las encuestas, es favorable a la independencia. A continuaci¨®n, que las identidades nacionales de unos y otros son igualmente leg¨ªtimas: ni todos los nacionalistas espa?oles son neofranquistas, ni todos los catalanistas son etnicistas y rom¨¢nticos supremacistas. Igualmente, que el grado de crispaci¨®n pol¨ªtica que generan los choques de identidades nacionales en el ¨¢gora p¨²blica, las redes sociales y buena parte de los medios no se corresponde con la vida cotidiana, donde impera mayormente el pragmatismo y la comprensi¨®n mutua: un viaje en AVE entre Madrid y Barcelona basta para comprobarlo.

Finalmente, antes o despu¨¦s, habr¨¢ que debatir sobre el sujeto de soberan¨ªa, aut¨¦ntico nudo gordiano de la cuesti¨®n, m¨¢s all¨¢ de dimes y diretes acerca de la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica, los gestos simb¨®licos, las banderas y las escuelas. Si solo el pueblo espa?ol en su conjunto decide, o si la ciudadan¨ªa de Catalu?a (y tal vez ma?ana la de Euskadi, en un futuro lejano tal vez Galicia¡­) puede decir cu¨¢l es su futuro. En ese punto, m¨¢s all¨¢ de las formulaciones concretas en clave pol¨ªtico-institucional, quiz¨¢ ambas partes hiciesen bien en recordar que la soberan¨ªa es poder supremo, ciertamente; pero que las trabas pr¨¢cticas a su ejercicio son tantas como sagradas sus formulaciones. Que una consulta puede incluir m¨²ltiples opciones, y definir umbrales cualificados para definir mayor¨ªas amplias. Que las constituciones se pueden interpretar y modificar, ciertamente; y que cualquier acuerdo de convivencia en una comunidad pol¨ªtica pasa por la lealtad a medio y largo plazo a esa comunidad, cuya naturaleza puede ser variada.

En tiempos de retorno del Estado naci¨®n en Europa, bueno ser¨ªa que desde uno de sus m¨¢rgenes se tornase a afirmar que existen f¨®rmulas de acomodaci¨®n de la diversidad de identidades nacionales, a trav¨¦s de pol¨ªticas del reconocimiento y de descentralizaci¨®n, que pueden ser exploradas. Y que, en definitiva, la soberan¨ªa es un principio b¨¢sico, pero que no tiene por qu¨¦ ser un t¨®tem que se erija en obst¨¢culo del fin primordial de la pol¨ªtica: hallar soluciones pragm¨¢ticas a situaciones concretas. Paso a paso, quiz¨¢ hablando se entienda la gente.

Xos¨¦ M. N¨²?ez Seixas es catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea de la Universidad de Santiago de Compostela. Su libro Suspiros de Espa?a obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 2019.