Purga constituyente en Chile
Los promotores de la nueva Carta Magna deber¨¢n demostrar igual pericia para consensuar una institucionalidad reconciliada con la sociedad, alejada de los catecismos de la dictadura
La Constituci¨®n de Chile de 1980 recoge el pensamiento pol¨ªtico de Javier Guzm¨¢n y los preceptos del conservadurismo empresarial y castrense, que desde la primera mitad del siglo XX protestaban la proliferaci¨®n de huelgas, una inflaci¨®n cr¨®nica y la intervenci¨®n del Estado en la econom¨ªa. La habilidad del abogado cat¨®lico permiti¨® la integraci¨®n del ideario militar, los intereses del mundo de los negocios y el radicalismo neoliberal de la escuela de Chicago. Los promotores de la nueva Carta Magna deber¨¢n demostrar igual pericia para consensuar una institucionalidad reconciliada con la sociedad, alejada de los catecismos de la dictadura.
Aunque las reformas de 1998 y 2005 derogaron la prohibici¨®n del marxismo y la bula de las Fuerzas Armadas y el Supremo para designar senadores y vetar leyes, el proceso constituyente que afronta Chile deber¨¢ reconducir los paradigmas hacia el pacto y la prosperidad con justicia social, sin los lastres estructurales que permitieron que el 1% de los chilenos m¨¢s ricos sea el doble de rico que el 1% de los multimillonarios franceses y sin que el Estado transfiera al corporativismo privado competencias que le son propias en salud, educaci¨®n o seguridad social. Ese rol subsidiario en la ordenaci¨®n de derechos fundamentales tendr¨¢ que desaparecer acorde con las necesidades de la poblaci¨®n vulnerable.
Los an¨¢lisis de la Constituci¨®n suelen incidir en el car¨¢cter antidemocr¨¢tico de sus disposiciones, relegando la reflexi¨®n sobre art¨ªculos que son primordiales porque blindaron la arquitectura legal e institucional del modelo econ¨®mico, cimentado en la la privatizaci¨®n de los servicios b¨¢sicos como si fueran bienes de mercado y en las facultades regulatorias de los tribunales ordinarios. El texto fundamental adeuda cambios en las referencias doctrinales de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, limites al poder pol¨ªtico de las oligarqu¨ªas econ¨®micas y el desbrave de la l¨®gica de mercado.
El pragmatismo de la concertaci¨®n contra Pinochet legitim¨® c¨®digos que las sublevaciones callejeras enmiendan desde octubre. No se trata de obligar a la filantrop¨ªa empresarial, ni de aprobar agendas de coyuntura, sino de purgar la s¨ªntesis pol¨ªtico ideol¨®gica que carbura el marco econ¨®mico, tan estable y exitoso, comparativamente, como insolidario en la protecci¨®n del pobre y de la clase media que teme volver a la pobreza. La nueva Constituci¨®n no reducir¨¢ el endeudamiento de las familias para acceder a la educaci¨®n superior, ni subir¨¢ sueldos y pensiones, pero permitir¨¢ que la concertaci¨®n de 1988 se establezca como cultura en el documento que habr¨¢ de acomodar democracia, econom¨ªa y legalidad
La equiparaci¨®n de ingresos tardar¨¢ seis generaciones en llegar; en Brasil, nueve, y en Colombia, once; la media tabulada por la OCDE es de cuatro y media. Para acortar plazos, los nacionales con el agua al cuello reclamar¨¢n el despido de Milton Friedman y la entrada de Keynes en el equipo constituyente, cuando lo que necesita Chile es habilidad en el regate y una combinaci¨®n de estilos.
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