La juez del 8-M reprocha a la Abogac¨ªa que ha estado un mes sin recoger la documentaci¨®n del caso

La juez del caso 8-M, Carmen Rodr¨ªguez-Medel, ya ha dejado el primer recado a la Abogac¨ªa del Estado. Tras presentar el ¨®rgano jur¨ªdico dependiente del Ejecutivo varios recursos contra la investigaci¨®n ¡ªen uno, incluso, atribuyendo a la magistrada la apertura de una causa general contra las autoridades¡ª y solicitar una pr¨®rroga para la toma de declaraci¨®n al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y ¨²nico imputado, Jos¨¦ Manuel Franco, la magistrada ha dictado este mi¨¦rcoles un nuevo escrito donde muestra su ¡°sorpresa¡± por la petici¨®n de ese aplazamiento. La instructora considera llamativo que la Abogac¨ªa diga que ¡°necesita tiempo¡± para informarse y le reprocha que desde el 21 de abril se le notific¨® que pod¨ªa pasar por el juzgado a recoger la documentaci¨®n del caso. ¡°No siendo hasta que se le ha ordenado por resoluci¨®n que comparezca el 26 de mayo¡±, cuando lo ha hecho, prosigue Rodr¨ªguez-Medel, a quien tambi¨¦n ha acusado la Abogac¨ªa de vulnerar el derecho de defensa del investigado.

En esta causa, abierta el pasado 23 de marzo tras la presentaci¨®n de la denuncia de un particular, la magistrada investiga la celebraci¨®n de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansi¨®n del coronavirus. Entre otras, la marcha feminista del 8-M. La magistrada quiere saber si se permitieron esas concentraciones cuando se contaba ya con ¡°suficientes datos para prohibirlas legalmente por razones sanitarias¡±.

De momento, el ¨²nico imputado es Franco, al que se le atribuye un delito de prevaricaci¨®n. Rodr¨ªguez-Medel lo cit¨® a declarar el pr¨®ximo 5 de junio. Pero, tras la petici¨®n de aplazamiento por parte de la Abogac¨ªa, ha aceptado aplazarlo al 10 de junio. Eso s¨ª, no podr¨¢ comparecer por videoconferencia. Una posibilidad que se le hab¨ªa ofrecido en un primer momento, pero que la juez ha preferido descartar finalmente tras haber tenido problemas con la conexi¨®n en otra investigaci¨®n abierta en su juzgado.

El caso 8-M ha desatado una intensa batalla pol¨ªtica entre el Gobierno y la oposici¨®n. Pero tambi¨¦n ha elevado la tensi¨®n entre el Ejecutivo y la juez. El pasado domingo, el Ministerio del Interior ces¨® al coronel Diego P¨¦rez de los Cobos por el informe remitido desde la Comandancia de Madrid ¡ªque ¨¦l dirig¨ªa¡ª a Rodr¨ªguez-Medel. En dicho documento, aunque contiene algunos errores y especulaciones, se afirma que no ¡°se deber¨ªa haber realizado¡± concentraciones desde el 5 de marzo y que las autoridades conoc¨ªan los ¡°riesgos¡±. La decisi¨®n de Fernando Grande-Marlaska abri¨® entonces dos frentes: la derecha ha cargado contra el Gobierno por considerar que cometi¨® ¡°injerencias¡± en la labor de la Guardia Civil y la magistrada envi¨® un escrito al secretario de Estado de Seguridad para advertirle de que hab¨ªa dado ¨®rdenes expresas a los agentes de que solo le informaran a ella de sus averiguaciones.

Pero, antes de que estallase la pugna partidista, la Abogac¨ªa ya hab¨ªa contraatacado y envi¨® un recurso a la Audiencia Provincial de Madrid contra las pesquisas. En ese duro escrito, el ¨®rgano jur¨ªdico del Gobierno arremete contra la juez, a la que acusa de abrir ¡°una causa general contra las distintas autoridades y administraciones competentes¡±; vulnerar el derecho de defensa de Franco; saltarse el decreto de alarma; e iniciar una investigaci¨®n ¡°prospectiva¡± en busca de indicios de delito.

La pr¨®xima cita prevista ahora es el pr¨®ximo 10 de junio, si no var¨ªa el calendario fijado. Franco comparecer¨¢ ese d¨ªa como imputado ante la juez y, a continuaci¨®n, le seguir¨¢n los tres testigos llamados tambi¨¦n a declarar: el secretario general de la Delegaci¨®n del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete del delegado, Luis Mar¨ªa Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, Jos¨¦ Luis Correas.