Las defensas de los exalcaldes de Alicante ven irregularidades en la causa que los acusa de corrupci¨®n

La segunda sesi¨®n del juicio sobre el presunto ama?o del plan urban¨ªstico (PGOU) de Alicante, en el que asisten como principales encausados los exalcaldes del PP Luis D¨ªaz Alperi y Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz, ha seguido el curso establecido en la vista inicial. Las defensas solicitan la anulaci¨®n de las escuchas telef¨®nicas que desvelaron la presunta trama de corrupci¨®n urban¨ªstica. Se basan, sobre todo, en el fallo que anul¨® los pinchazos del caso Brugal, del que nace esta pieza separada del PGOU de Alicante. Sin embargo, la magistrada del tribunal Montserrat Navarro ha recordado a los abogados que esta sentencia a¨²n no es firme. Y, por tanto, no puede darse como v¨¢lida en este proceso.

Las intervenciones telef¨®nicas son fundamentales en este juicio. En ellas, quedan reflejadas conversaciones en las que, a juicio del fiscal anticorrupci¨®n, Felipe Briones, se demuestra que Alperi y su sucesora al frente de la alcald¨ªa alicantina, Castedo, supuestamente manejaron el plano del plan urban¨ªstico a favor de Ortiz, el mayor propietario de suelo de la ciudad. A cambio, el constructor les daba dinero en met¨¢lico, viajes con gastos pagados a destinos como Creta, Ibiza o Andorra e incluso regalos como un veh¨ªculo marca Mini Cooper. La Fiscal¨ªa pide 10 a?os de prisi¨®n para los dos exalcaldes y ocho para Ortiz, por los presuntos delitos de revelaci¨®n de informaci¨®n privilegiada, cohecho y tr¨¢fico de influencias.

Los pinchazos y sus transcripciones desestabilizaron el Gobierno municipal de Alicante. Castedo dej¨® la vara de mando cuatro a?os despu¨¦s de que aparecieran, acosada por la presi¨®n pol¨ªtica y judicial y a las puertas de las elecciones de 2015, en las que el PP perdi¨® el poder tras dos d¨¦cadas de mayor¨ªas absolutas. Y el plan urban¨ªstico de la ciudad en liza fue desechado finalmente y sustituido por otro que actualmente est¨¢ en fase de redacci¨®n. Junto a los tres protagonistas, tambi¨¦n se sientan en el banquillo el hermano de Ortiz, Virgilio, y uno de sus empleados, Santiago Bern¨¢ldez, los abogados Javier Guti¨¦rrez y Jos¨¦ Luis Castedo ¡ªeste ¨²ltimo hermano de la exalcaldesa¡ª, y los empresarios Ram¨®n Salvador y Pablo Rico.

Con las transcripciones de estas conversaciones en la mano, entre otras bazas, Briones lleg¨® a alcanzar un acuerdo con Ortiz, quien lleg¨® a reconocer todos los hechos a cambio de una reducci¨®n de penas de ocho a dos a?os de c¨¢rcel, m¨¢s una multa cercana a los 900.000 euros. Sin embargo, la sentencia de las basuras de Orihuela, la semilla de toda la trama Brugal, declar¨® nulas las escuchas por subrepticias y manipuladas, seg¨²n han recordado varios de los defensores en la vista de hoy. Por tanto, las que vinieron a su rebufo, como las del caso PGOU, tambi¨¦n son ilegales, en su opini¨®n. Los 34 acusados de Orihuela fueron absueltos e, inmediatamente, Ortiz se desdijo del acuerdo con Briones.

Defensa de Alperi ve presuntas irregularidades en la instrucci¨®n sobre PGOU

Las defensas, no solo de los tres principales acusados, sino tambi¨¦n las de los otros seis encausados, se han aferrado a esta sentencia, lo que ha obligado a la magistrada a recordarles que no es firme. Sin embargo, no ha sido su ¨²nico argumento. En varias ocasiones han se?alado que este juicio recuerda al caso Naseiro, en el que la anulaci¨®n de unas escuchas condujo al sobreseimiento de la causa que juzgaba la presunta financiaci¨®n irregular del Partido Popular que presid¨ªa entonces Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Tambi¨¦n han tratado de echar por tierra la instrucci¨®n misma, que ha pasado por varios juzgados provinciales, la investigaci¨®n policial e incluso los propios DVD en los que est¨¢n grabadas las conversaciones presuntamente inculpatorias, que las defensas consideran manipulados e incompletos.

La exposici¨®n de las cuestiones previas, en las que tambi¨¦n se ha aprovechado para a?adir pruebas testificales nuevas, ha obligado a Navarro, que preside el tribunal de la Audiencia Provincial de Alicante junto a Margarita Esquiv¨¢ y Cristina Costa, a se?alar una sesi¨®n que no estaba prevista en el calendario inicial. Ser¨¢ el 17 de julio y est¨¢ destinada a las respuestas de la Fiscal¨ªa y de las acusaciones, seg¨²n han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). As¨ª mismo, tres de las sesiones se?aladas para las declaraciones de acusados y testigos se han modificado por coincidir con un se?alamiento con jurado popular.