¡°Los vigilantes solo nos hablan con sus pu?os¡±

Las salitas de Fundaci¨®n Ra¨ªces, una organizaci¨®n de apoyo a la infancia en Madrid, se han convertido en un punto de peregrinaje de ni?os y ni?as extranjeros en apuros. A solo 20 minutos andando de los dos principales centros de acogida de menores de la capital, el modesto local lleva a?os recibiendo j¨®venes tutelados por la comunidad aut¨®noma que piden ayuda porque no se les tramita su residencia, porque no pueden estudiar o porque, a pesar de tener documentos que muestran su minor¨ªa de edad, se ven obligados a salir de los centros y dormir en la calle porque una prueba forense mantiene que son adultos. Muchos de estos casos han llegado a los tribunales, con sentencias favorables para los chavales, pero otros se enganchan en el propio funcionamiento del sistema. Es el caso, sobre todo, de las agresiones f¨ªsicas, que la organizaci¨®n empez¨® a documentar en noviembre de 2016. Hasta junio de este a?o eran ya 55 menores v¨ªctimas de maltrato que relataron golpes, pu?etazos en la cabeza, pisotones en el cuello adem¨¢s de vejaciones relacionadas con su origen, raza o religi¨®n.

Los casos son la base de un informe que Fundaci¨®n Ra¨ªces publica este mi¨¦rcoles para mostrar la vulnerabilidad de los menores extranjeros tutelados y la dificultad que tienen para denunciar y que se investigue a sus agresores. En sus relatos, los ni?os, de entre 12 y 17 a?os, apuntan sobre todo a los vigilantes de seguridad de los centros de primera acogida de Hortaleza e Isabel Clara Eugenia, pero tambi¨¦n a educadores y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las denuncias se circunscriben a Madrid, aunque la organizaci¨®n alerta de que las deficiencias del sistema, que acaban dando impunidad a los agresores, se repiten en todo el territorio nacional. La violencia institucional, defiende Fundaci¨®n Ra¨ªces, debe contemplarse en la nueva Ley de Protecci¨®n a la Infancia y Adolescencia, actualmente en fase parlamentaria.

Entre los testimonios recogidos durante casi cuatro a?os est¨¢ el de K. T. un argelino que con 15 a?os denunci¨® la agresi¨®n de un vigilante de seguridad del Isabel Clara Eugenia. ¡°Cuando la polic¨ªa se march¨®, me llevaron al cuarto de los vigilantes, esposado, cerraron la puerta. ?l me peg¨® patadas hasta que ca¨ª al suelo boca abajo, los dem¨¢s tambi¨¦n me pegaron, pero no con tantas ganas como ¨¦l. Ah¨ª me tuvieron hasta que se cansaron. No sangr¨¦, pero sent¨ªa que me iba a desmayar, me dol¨ªa todo el cuerpo¡±. Tambi¨¦n puede leerse el caso de M. T., un adolescente marroqu¨ª que fue agredido tras subirse a un ¨¢rbol para rescatar un bal¨®n con el que jugaban. ¡°Cuando me dijo que me acercase ya sab¨ªa que me iba a pegar. Los vigilantes no hablan, solo nos hablan con sus pu?os¡±, cont¨®. Las fotos que acompa?an el informe muestran brazos escayolados, brechas en la cabeza y hematomas en todo el cuerpo. La Consejer¨ªa de Pol¨ªticas Sociales de Madrid, responsable de los centros, ha declinado comentar el informe hasta poder leerlo.

Un 83,6% de los chavales que han relatado agresiones son marroqu¨ªes, el perfil mayoritario de los menores que migran solos a Espa?a. Pero hay tambi¨¦n argelinos, guineanos, gambianos y cameruneses. La organizaci¨®n ha atendido igualmente a j¨®venes espa?oles y destaca el caso de una adolescente de 16 a?os embarazada de tres meses que, tras recibir una patada en el abdomen de un educador, acab¨® sufriendo un aborto.

La entidad denuncia las barreras que enfrentan los j¨®venes tras los episodios de maltrato, desde la falta de investigaciones internas en los centros hasta la negativa del personal a acompa?arles a comisar¨ªa o a centros sanitarios para realizar un parte de lesiones. ¡°En los casos en los que los ni?os, con la asistencia de Fundaci¨®n Ra¨ªces, han podido denunciar, y alg¨²n educador ha acudido ante las autoridades, han desacreditado la versi¨®n del ni?o, criminaliz¨¢ndole y dificultando la interposici¨®n de la denuncia. Por su parte, la entidad de protecci¨®n, excepto en alg¨²n caso reciente, no ha adoptado medidas urgentes de separaci¨®n entre presunto agresor y v¨ªctima¡±, denuncia el informe.

Apenas 30 de los j¨®venes, de entre 12 y 17 a?os, que relataron sus casos se decidieron a denunciar formalmente. La mayor¨ªa siguen su lento curso en los tribunales, ha habido cuatro sentencias absolutorias y cinco casos se han tenido que archivar tras la desaparici¨®n de los menores.