El Gobierno cierra la puerta a negociar su plan con los alcaldes

El Gobierno se mantiene imperturbable. Una semana despu¨¦s de que estallase la revuelta de los alcaldes, el Ejecutivo contin¨²a sin ceder a la principal exigencia: renegociar con ellos el acuerdo entre Hacienda y la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) para facilitar un desahogo financiero a los Ayuntamientos. Este viernes, la ministra Mar¨ªa Jes¨²s Montero dej¨® claro que el documento, que solo cuenta con el apoyo del PSOE, se mantendr¨¢ intacto. Los cambios, se?al¨® Montero, deber¨¢n negociarse durante la tramitaci¨®n del plan en el Congreso, donde no tiene por ahora apoyos para aprobarlo.

Poco a poco, los socialistas revelan sus cartas en una partida que se complica m¨¢s y m¨¢s con el paso del tiempo. Las declaraciones de Montero confirman lo que el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, dej¨® entrever el mi¨¦rcoles tras reunirse con Felipe Vl en Palma de Mallorca. El socialista asegur¨® que tiene ¡°la mano tendida¡± con los ¡°Ayuntamientos y los grupos parlamentarios¡± para negociar y dialogar. Ese primer acercamiento parec¨ªa, en principio, una concesi¨®n a la revuelta, ya exacerbada con la decisi¨®n de Barcelona ¡ªgobernada por un partido que se sienta en el Consejo de Ministros (En Com¨², del grupo confederal de Unidas Podemos)¡ª de no aportar los ahorros de sus municipios a cambio de entrar en el reparto de un fondo de 5.000 millones de euros. Las puertas de la negociaci¨®n no parec¨ªan cerradas tras las palabras de S¨¢nchez, pero la gran pregunta era si el di¨¢logo ser¨ªa con los alcaldes, como estos exigen, o directamente con los partidos con representaci¨®n parlamentaria. La ministra de Hacienda zanj¨® esa duda. Las modificaciones solo podr¨¢n realizarse en el Parlamento.

Con la nueva maniobra, el Ejecutivo solo gana tiempo. Sin embargo, este di¨¢logo corre el riesgo de entorpecerse al no tomar en cuenta las demandas de los alcaldes rebeldes. De hecho, el pasado lunes Jorge Azc¨®n, regidor popular de Zaragoza y cabecilla del frente de ediles, envi¨® una carta a Montero para pedirle una reuni¨®n urgente. Hasta el momento, no hay un encuentro pactado entre la ministra y los regidores. Al remitir a la v¨ªa parlamentaria, el Ejecutivo cierra autom¨¢ticamente cualquier posibilidad de que el acuerdo se pueda negociar desde cero, como exigen los alcaldes descontentos, entre ellos los de algunas de las principales ciudades espa?olas como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. Fuentes de este bloque opositor confirmaron que el regidor aragon¨¦s recibi¨® una llamada de Hacienda, pero el contenido de la conversaci¨®n no trascendi¨®.

Desde que se desat¨® el conflicto, los socialistas han defendido con fuerza el pacto, plasmado en un real decreto que ahora deber¨¢ someterse al refrendo del Congreso, que califican de ¡°hist¨®rico¡± para el municipalismo. El texto ofrece una f¨®rmula a fin de esquivar el impedimento legal que tienen los Consistorios para usar sus ahorros. Los municipios podr¨¢n entregar esos remanentes de forma voluntaria al Gobierno, a cambio de que se los vaya devolviendo en un plazo de diez a?os. El Ejecutivo se compromete a repartir adem¨¢s un fondo de 5.000 millones entre 2020 y 2021, aunque ¨²nicamente para las entidades locales que ingresaron el dinero al Estado. Eso dejar¨ªa fuera a Ayuntamientos con problemas financieros.

Los socialistas han intentado en los ¨²ltimos d¨ªas mandar el bal¨®n al tejado de los populares, al recordarles que los ahorros de los municipios no pueden ser empleados directamente por ellos por una ley org¨¢nica aprobada en 2012 bajo el mandato de Mariano Rajoy. Montero insisti¨® este viernes en ese argumentario: ¡°No tiene sentido que los que defendieron la austeridad a ultranza ahora no hagan ninguna propuesta¡±. Fuentes populares recuerdan que la legislaci¨®n fue aprobada gracias a una reforma del art¨ªculo 135 de la Constituci¨®n con el socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero al frente del Gobierno.

Ahorros ¡°incautados¡±

Ocho a?os despu¨¦s, la discusi¨®n sobre estas normas, aprobadas en medio de la crisis econ¨®mica, regresa como bumer¨¢n cuando una nueva recesi¨®n amenaza con consecuencias a¨²n m¨¢s catastr¨®ficas. El eje central de la estrategia popular es arrinconar al PSOE y reforzarse por el apoyo de fuerzas de todo tipo de ideolog¨ªas, desde Junts per Catalunya hasta EH Bildu, que tambi¨¦n hablan de ¡°incautaci¨®n¡± de los ahorros municipales. Las exigencias del PP son compartidas por alcaldes de formaciones clave para la estabilidad del Ejecutivo, como PNV, ERC, BNG y Comprom¨ªs, adem¨¢s de Ciudadanos.

Si el frente que se ha formado contra el acuerdo se tradujese en esca?os, la cifra se elevar¨ªa a 162, a los que se unir¨ªan al menos los siete diputados de la confluencia catalana de Unidas Podemos. En caso de que se sumase Vox, que normalmente vota en contra de cualquier propuesta que salga del Gobierno, habr¨ªa una aplastante mayor¨ªa para evitar que el Congreso convalide el decreto ley. Ser¨ªa un fracaso estrepitoso para el Gobierno de coalici¨®n, cuyo socio minoritario, Unidas Podemos, a¨²n no tiene una posici¨®n definida.

Ante esta posibilidad, el Gobierno comienza a abrir la mano con una ¨²ltima jugada: tramitar el decreto como un proyecto de ley, una f¨®rmula que permite abrir el texto a las enmiendas de los partidos. Fuentes de Hacienda aseguran que estas negociaciones tendr¨¢n que correr a cuenta de los grupos parlamentarios, lo que supondr¨ªa descartar la negociaci¨®n directa que piden los alcaldes. El Ejecutivo deber¨ªa convencer al resto de formaciones de que estar¨¢ abierto a modificar aspectos del plan, siempre y cuando los partidos no bloqueen la tramitaci¨®n del proyecto.