El Constitucional afronta muy dividido el debate sobre el juramento de los diputados

El Constitucional ha llegado a un pacto interno para abordar, sin m¨¢s demoras, el an¨¢lisis de los recursos sobre las f¨®rmulas de juramento o promesa del cargo que utilizaron 29 diputados en su toma de posesi¨®n del pasado mes de diciembre. El presidente del tribunal, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, ha accedido a incluir este asunto entre las cuestiones prioritarias que abordar¨¢ este martes el tribunal, en su primer pleno tras el par¨¦ntesis de agosto. Un grupo de magistrados, en especial del sector conservador, insisti¨® en ello, con el argumento de que las f¨®rmulas empleadas por dichos parlamentarios plantea un problema de trascendencia constitucional.

Las fuerzas est¨¢n muy igualadas entre quienes quieren rechazar los recursos y quienes consideran que deber¨ªa anularse el juramento de los 29 diputados de JxCat, ERC, PNV, CUP, EH Bildu y cuatro de Podemos. En un primer momento, el Constitucional enfri¨® el debate, evitando incluirlo en sus ¨²ltimos plenos antes del verano. Para ganar tiempo encarg¨® una serie de informes a los letrados de la instituci¨®n.

El presidente del tribunal, a su vez, recibi¨® un escrito encabezado por la vicepresidenta, Encarna Roca, y suscrito por otros cinco magistrados, que solicitaban que el asunto fuera r¨¢pidamente avocado al pleno. Gonz¨¢lez Rivas accedi¨®, porque basta que as¨ª lo pidan tres miembros del Constitucional. Pero inicialmente no fij¨® fecha para el debate. Y ahora se ha comprometido a que se aborde con urgencia.

Fuentes del tribunal anuncian una fuerte discusi¨®n sobre este asunto. El sector progresista del Constitucional, minoritario, cree que los recursos presentados por PP, Cs y Vox deber¨ªan ser rechazados de plano. Pero los magistrados del sector conservador, que tradicionalmente han actuado unidos, estiman que las impugnaciones tienen especial trascendencia y quieren que se admitan a tr¨¢mite, sin perjuicio de lo que luego se decida sobre el fondo de la cuesti¨®n.

Los partidarios de inadmitir los recursos parecieron tener la partida ganada en un primer momento, cuando el asunto se debati¨® en la Sala Primera del Constitucional. Los dict¨¢menes iniciales de los letrados abogaban por la inadmisi¨®n por considerar que los recursos no persegu¨ªan el amparo frente a una vulneraci¨®n de derechos fundamentales.

La tesis de dichos informes era que las iniciativas de PP, Cs y Vox planteaban lo que en la jerga del tribunal se conoce como ¡°contraamparo¡±, porque no estar¨ªan denunciando un ataque a los derechos de los diputados recurrentes, sino que otros parlamentarios hubieran hecho un mal uso de los suyos. Pero el archivo del caso qued¨® abortado con la presentaci¨®n del citado escrito de la mitad de los magistrados del tribunal pidiendo que el asunto se avocara al pleno.

Tras ello, las posibilidades de que los recursos sean admitidos a tr¨¢mite son elevadas. Y el siguiente paso ser¨¢ nombrar un ponente y estudiar el fondo de la cuesti¨®n. Ah¨ª empezar¨¢ el debate m¨¢s delicado, por sus posibles consecuencias. Si al final se concediera amparo a los partidos que presentaron las impugnaciones, fuentes del tribunal consideran que la consecuencia l¨®gica ser¨ªa que se anulase la toma de posesi¨®n de todos o de parte de los diputados que usaron f¨®rmulas propias, con diversos a?adidos, para jurar o prometer el cargo.

Los 29 parlamentarios citados quedar¨ªan as¨ª obligados a repetir su juramento o promesa, so pena de ser apartados de su esca?o si se negaran a ello, para ser sustituidos por otros representantes de los mismos partidos que aceptaran acceder al cargo con las f¨®rmulas habituales. Entre ellas, la de jurar o prometer ¡°por imperativo legal¡±, que es el ¨²nico a?adido que el Constitucional analiz¨® y aval¨® sin trabas en una sentencia de 1991, resolviendo un recurso presentado por senadores de Batasuna. De ah¨ª la importancia del debate que el tribunal iniciar¨¢ hoy, porque podr¨ªa conducir a decisiones que afectaran al funcionamiento del Parlamento y sus equilibrios, al corregir la decisi¨®n de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cuando dio por v¨¢lidos los juramentos cuestionados.