La tensi¨®n pol¨ªtica aviva la disputa interna en el Tribunal Constitucional

La etapa de tensi¨®n que se vive en la escena pol¨ªtica se est¨¢ trasladando cada vez con mayor intensidad al Tribunal Constitucional. Desde el estallido de la crisis sanitaria se han sucedido los encontronazos entre los sectores conservador y progresista a prop¨®sito de asuntos como la prohibici¨®n de manifestaciones durante el estado de alarma o la suspensi¨®n de plenos hasta el pr¨®ximo d¨ªa 15. El ¨²ltimo episodio se ha planteado ante los recursos presentados por el PP, Ciudadanos y Vox contra las f¨®rmulas de juramento empleadas por 29 diputados, 25 de grupos independentistas y cuatro de Unidas Podemos.

Los recursos pretenden anular las f¨®rmulas de acatamiento de la Constituci¨®n que emplearon, al tomar posesi¨®n de sus esca?os, los parlamentarios de ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu y la CUP, as¨ª como cuatro del grupo confederal de Unidas Podemos. Todos ellos a?adieron apostillas a la f¨®rmula de acatamiento de la ley fundamental, en algunos casos en favor de los ¡°presos pol¨ªticos¡±, la ¡°rep¨²blica catalana¡± o la rep¨²blica vasca. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dio por buenos los juramentos bas¨¢ndose en una sentencia del propio Constitucional de 1990, que declar¨® v¨¢lidas las f¨®rmulas utilizadas por los diputados de la extinta Herri Batasuna, que expresaron su acatamiento a la Constituci¨®n ¡°por imperativo legal¡±.

Tras los encontronazos de las ¨²ltimas semanas, el recurso de los partidos de la oposici¨®n ha abierto una nueva brecha en el Constitucional. Contra el criterio de la minor¨ªa progresista ¡ªpartidaria de no revisar la doctrina al respecto¡ª seis magistrados consideran, como anticip¨® eldiario.es, que este asunto tiene especial relevancia y han presentado un escrito para que sea llevado al pleno del tribunal, donde los conservadores tienen mayor¨ªa. Lo que las impugnaciones pretenden es que se anule la toma de posesi¨®n de los 29 diputados por considerarla inv¨¢lida.

La primera decisi¨®n se tomar¨¢ el pr¨®ximo lunes, cuando se re¨²na la Sala Primera del tribunal, compuesta por seis magistrados. En su orden del d¨ªa figuraba no admitir dos recursos presentados por el PP y otro por Ciudadanos sobre las f¨®rmulas de acatamiento usadas por algunos de los diputados en la sesi¨®n constitutiva de las Cortes el 21 de mayo de 2019, antes de la repetici¨®n de las elecciones. Se trata de la sesi¨®n a la que asistieron, entre otros, los presos del proc¨¦s elegidos diputados. Los informes previos del Constitucional abogaban por no admitirlos en aplicaci¨®n de la doctrina de los llamados ¡°contraamparos¡±. En la jerga interna del tribunal se designan as¨ª a los recursos que no persiguen obtener el amparo ante una vulneraci¨®n de los derechos fundamentales de la que haya sido v¨ªctima el recurrente, sino para cuestionar un supuesto mal uso de esos mismos derechos por parte de un tercero. La jurisprudencia del Constitucional se ha inclinado por no admitir estos ¨²ltimos supuestos.

Pero el escrito firmado por los citados seis magistrados ¡ªlos conservadores Andr¨¦s Ollero, Ricardo Enr¨ªquez, Santiago Mart¨ªnez Vares, Antonio Narv¨¢ez y Alfredo Montoya, as¨ª como la vicepresidenta, Encarnaci¨®n Roca, no alineada pero que apoya a veces al grupo mayoritario¡ª va a propiciar que los recursos sigan adelante: tanto los tres referentes a la anterior legislatura como otros dos presentados por el PP, as¨ª como uno por Vox, sobre las f¨®rmulas de acatamiento utilizadas por 29 diputados en la constituci¨®n del Congreso, el pasado 3 de diciembre. Las normas internas del tribunal prev¨¦n que basta la firma de tres magistrados para llevar un asunto al pleno.

Por tanto, ser¨¢n los 12 magistrados del Constitucional quienes tengan que discutir y decidir primero si las impugnaciones se admiten a tr¨¢mite y, si as¨ª fuera, resolver luego por sentencia sobre la validez de las tomas de posesi¨®n de los diputados. Anularlas supondr¨ªa que los parlamentarios afectados han de volver a cumplir este requisito, y es muy previsible que ante ello podr¨ªan existir fuertes resistencias.

La iniciativa del n¨²cleo conservador es consecuencia de las disputas surgidas en las ¨²ltimas semanas, en paralelo al aumento de la tensi¨®n pol¨ªtica durante la crisis sanitaria. El sector mayoritario acogi¨® con disgusto lo sucedido el pasado 30 de abril, cuando el presidente del Constitucional, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, decant¨®, con su voto de calidad, del lado de los progresistas la prohibici¨®n de una manifestaci¨®n sindical que iba a tener lugar en Vigo el Primero de Mayo, en pleno estado de alarma.

Esa decisi¨®n se tom¨® en la Sala Primera del tribunal, que junto al presidente componen dos magistrados progresistas ¡ªC¨¢ndido Conde-Pumpido y Mar¨ªa Luisa Balaguer¡ª y tres conservadores ¡ªAlfredo Montoya, Andr¨¦s Ollero y Santiago Mart¨ªnez Vares¡ª. Los tres ¨²ltimos quer¨ªan autorizar la manifestaci¨®n, en un momento en que grupos derechistas alentaban caceroladas contra el Gobierno. El Constitucional resolvi¨® entonces que se deb¨ªa dar prioridad a la preservaci¨®n de la salud p¨²blica sobre el derecho de manifestaci¨®n. Pero el sector conservador consider¨® que la manifestaci¨®n debi¨® autorizarse, porque iba a ser en coches ¡ªcomo fueron luego las marchas organizadas por Vox en toda Espa?a¡ª y, seg¨²n ellos, eso no conllevaba riesgos sanitarios. El bloque conservador critic¨® que un asunto de relevancia constitucional no hubiese sido llevado al pleno y se prometi¨® que eso no volver¨ªa a ocurrir. De hecho, varios magistrados se quejaron al presidente, algunos de forma personal y otros por escrito.

Este grupo de magistrados alude adem¨¢s a la actuaci¨®n de la presidenta del Congreso, que admiti¨® las f¨®rmulas de acatamiento apelando a la doctrina del Constitucional. El sector conservador considera inapropiado este argumento, porque la sentencia de 1990 que dio validez a acatar ¡°por imperativo legal¡± no hizo necesariamente extensiva esa permisividad a otras f¨®rmulas como las empleadas ahora. ¡°Este asunto hay que revisarlo¡±, manifestaron el jueves fuentes del bloque conservador.

El sector progresista ¡ªen el que figuran los magistrados Fernando Vald¨¦s Dal-Re, Mar¨ªa Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol, junto a Conde-Pumpido¡ª va a oponerse a que se cambie la doctrina sobre los ¡°contraamparos¡± y se inclinar¨¢ por no admitir los recursos a tr¨¢mite. Si las impugnaciones pasaran este primer filtro, dicho bloque plantear¨¢ batalla ante unas tesis que estiman ¡°completamente equivocadas¡±, y abogar¨¢n por que no se anulen los juramentos prestados. Alegan, seg¨²n fuentes de ese sector, que hay que evitar que ¡°pueda abrirse sin fundamento y por la puerta falsa una etapa de inestabilidad¡± poniendo en duda la legalidad de la toma de posesi¨®n de 29 diputados.