La nueva ley quitar¨¢ competencias a un Poder Judicial en funciones

PSOE y Podemos trabajan ya en el contenido de la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) para sortear el veto del PP a la renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces. El Ejecutivo no tiene a¨²n un texto, pero las conversaciones avanzan hacia un acuerdo con las l¨ªneas b¨¢sicas de la propuesta. Entre ellas, restringir las funciones y por tanto el poder del Consejo una vez que se cumplan los cinco a?os del mandato y mientras se renueva el ¨®rgano para que no pueda nombrar cargos judiciales, Adem¨¢s, 12 de los 20 miembros se podr¨¢n renovar con mayor¨ªa absoluta y no reforzada como ahora.

El pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos impone a ambos socios que las propuestas de ley se presenten conjuntamente, o al menos, con el acuerdo del otro partido. La formaci¨®n de Pablo Iglesias tiene lista desde hace semanas una propuesta para reformar la LOPJ, pero no la ha presentado a la espera de consensuarla, o al menos consultarla, con los socialistas. El PSOE, que en un principio se mostr¨® reticente a un cambio legal ad hoc para desbloquear la ley, admite ya que, salvo un cambio de criterio del PP que ahora parece improbable, la reforma de la ley es la ¨²nica v¨ªa posible para renovar el Consejo.

Los socialistas han estudiado la propuesta de Unidas Podemos, que tiene dos apartados clave. El primero, el cese de los vocales y el presidente del Consejo cuando caduque su mandato, una medida que se aplicar¨ªa con efecto retroactivo al Consejo vigente. El segundo, que para elegir a los 12 vocales del cupo de jueces no hagan falta tres quintos de las C¨¢maras (210 votos en el Congreso) sino mayor¨ªa absoluta (176), lo que facilitar¨ªa la renovaci¨®n sin el PP. El PSOE, seg¨²n las fuentes consultadas, asume la necesidad de reducir la mayor¨ªa necesaria para la renovaci¨®n, pero no es partidario de cesar a los vocales cuando se cumplan los cinco a?os de mandato. El rechazo de los socialistas a esta f¨®rmula se basa, sobre todo, en que dejar¨ªa en el limbo la gesti¨®n del Consejo hasta que se nombre uno nuevo. Unidas Podemos propone que durante ese periodo no se puedan adoptar decisiones relevantes, como nombramientos de cargos discrecionales, y la gesti¨®n del d¨ªa a d¨ªa (permisos, licencias, nombramientos de sustitutos o jubilaciones) la asuma el Ministerio de Justicia. La formaci¨®n de Iglesias pone el ejemplo de Francia, donde el ministerio tiene atribuidas muchas de las funciones que aqu¨ª recaen en el Consejo, pero los socialistas consideran que esta f¨®rmula pondr¨ªa en cuesti¨®n la separaci¨®n de poderes.

Veto a los nombramientos

La f¨®rmula que va cobrando peso y que es la defendida desde el principio, entre otros, por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es mantener a los vocales en funciones cuando caduque su mandato pero restringir sus atribuciones. Se tratar¨ªa de regular qu¨¦ puede hacer y qu¨¦ no un Consejo en funciones y, entre las decisiones que quedar¨ªan vetadas una vez que venzan los cinco a?os de mandato, estar¨ªa la designaci¨®n de cargos discrecionales, desde los presidentes de las Audiencias Provinciales y de Tribunales Superiores de Justicia, a los magistrados o las presidencias de sala del Tribunal Supremo.

Con esta regulaci¨®n, el Gobierno pretende evitar que se repita lo ocurrido con el gobierno de los jueces, que desde que en diciembre de 2018 se qued¨® en funciones ha designado m¨¢s de medio centenar de cargos, entre ellos 13 magistrados del alto tribunal, que son plazas vitalicias. La ¨²ltima tanda de nombramientos, aprobada el pasado mi¨¦rcoles despu¨¦s de que el Gobierno intentara frenarla, ha sido la que ha convencido a los socialistas de la necesidad de desactivar esta posibilidad para el futuro.

La propuesta de Unidas Podemos prev¨¦ tambi¨¦n que los futuros vocales tengan que ratificar los nombramientos efectuados por el actual Consejo desde que venci¨® su mandato. Es decir, el nuevo pleno revisar¨ªa cada una de esas designaciones y si no diera el visto bueno a alguna de ellas, quedar¨ªa anulada. Los socialistas, seg¨²n las fuentes consultadas, tienen dudas sobre la constitucionalidad de esta medida y no la contemplan.

En el PSOE s¨ª que va calando poco o poco la idea de reducir la mayor¨ªa necesaria para renovar a los 12 vocales jueces, cuyo sistema de elecci¨®n no est¨¢ claramente fijado por la Constituci¨®n con una exigencia de tres quintos de los votos del Congreso y Senado. Los ocho vocales del cupo de juristas de reconocido prestigio s¨ª tendr¨¢n que ser elegidos con esa mayor¨ªa reforzada porque as¨ª lo determina la Constituci¨®n. Con este cambio, se facilitar¨ªa la renovaci¨®n de 12 de los vocales, por lo que ambos partidos planean que la reforma legal permita esta opci¨®n de renovaci¨®n parcial del Consejo. Es decir, que el ¨®rgano pueda empezar a funcionar con 12 vocales o que estos convivan con los ocho antiguos.

La reforma de la LOPJ que impuls¨® en solitario el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallard¨®n en 2013 ya permite los relevos parciales, pero solo prev¨¦ que cada C¨¢mara renueve por su cuenta a los 10 vocales que le corresponden. Ahora lo que estudian los socios de Gobierno es que las renovaciones tambi¨¦n se puedan separar seg¨²n el cupo de procedencia de los vocales.

La intenci¨®n de ambos grupos, seg¨²n las fuentes, es cerrar a lo largo de este mes un acuerdo para renovar la ley. La reforma de una ley org¨¢nica requiere de mayor¨ªa absoluta (176 votos) y los socios creen que ese apoyo lo tienen pr¨¢cticamente garantizado. Ya han sondeado a algunos grupos, que se han mostrado dispuestos a un cambio legal que facilite el desbloqueo del CGPJ. Entre ellos est¨¢n la mayor¨ªa de los que hace tres semanas suscribieron una declaraci¨®n a favor de la renovaci¨®n que se hizo p¨²blica el pasado 27 de septiembre y en el que nueve grupos cargaban contra los partidos que bloquean el Consejo. El texto fue suscrito por el bloque que facilit¨® la investidura de Pedro S¨¢nchez m¨¢s Junts per Catalunya. En total, 187 esca?os.

Un mandato con poder caducado

El actual Consejo General del Poder Judicial ha igualado ya el r¨¦cord de 22 meses en funciones que ten¨ªa hasta ahora el presidido por Francisco Hernando. De aquel formaron parte como vocales dos de los hombres que en los ¨²ltimos meses han negociado un intento de pacto entre PSOE y PP: el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario de Justicia del PP y consejero del ramo en Madrid, Enrique L¨®pez. Tambi¨¦n entonces el ¨®rgano, con el mandato ya vencido, hizo nombramientos discrecionales, un total de 32. El Consejo actual ha designado m¨¢s de medio centenar de altos cargos desde que caduc¨® su mandato, el 4 de diciembre de 2018, y tiene ya sobre la mesa otros cuatro que quedaron aplazados en el pleno de la semana pasada.

El ¨®rgano que preside Carlos Lesmes ha renovado estando en funciones a buena parte de la c¨²pula judicial. Los vocales han adjudicado en estos 22 meses m¨¢s de 50 altos cargos, desde presidencias de audiencias provinciales y tribunales superiores a la presidencia de la Audiencia Nacional. Tambi¨¦n se han renovado las cinco presidencias de sala del Tribunal Supremo con un balance favorable para el bloque conservador, que se ha garantizado para los pr¨®ximos a?os la presidencia de las dos salas clave: la de lo Contencioso (adjudicada la semana pasada a C¨¦sar Tolosa) y la Penal, presidida por Manuel Marchena, que renov¨® el cargo en octubre pasado tras una convocatoria a la que no se present¨® ning¨²n otro candidato.

Desde que venci¨® su mandato, el actual Consejo ha designado adem¨¢s a 13 magistrados del alto tribunal, que son plazas que se mantienen hasta la jubilaci¨®n y que, si se hubiera renovado el ¨®rgano a tiempo, no habr¨ªan correspondido al pleno actual. El resultado arroja una mayor¨ªa de nuevos magistrados conservadores que consolida la tendencia de los cinco a?os de mandato de Lesmes.

El Consejo siempre ha defendido su legitimidad para nombrar y renovar altos cargos que considera imprescindibles para el buen funcionamiento de la justicia. Solo una de los 20 vocales del ¨®rgano, Concepci¨®n S¨¢ez, propuesta por IU, se ha opuesto a cada uno de los nombramientos por entender que ya no estaban facultados para realizarlos. Antes de designar cada uno de estos cargos, el Consejo en funciones ha tenido que aprobar las bases que rigen los nombramientos discrecionales, una labor para la que, seg¨²n la vocal S¨¢ez, tampoco est¨¢ legitimado un Consejo en funciones.

Parte de estos nombramientos fueron recurridos ante el Tribunal Supremo por las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria, pero el alto tribunal ha rechazado por ahora suspenderlos. Aunque la Sala de lo Contencioso no se ha pronunciado todav¨ªa sobre si el Consejo puede designar cargos discrecionales con el mandato caducado ha considerado que los nombramientos impugnados gozan de ¡°presunci¨®n de legalidad¡±.

Lo cierto es que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial solo proh¨ªbe al Consejo en funciones elegir a su presidente, pero no regula el resto de atribuciones. Cuando el pleno del Consejo ha debatido el asunto, ha entendido que estaba legitimado para ejercer todas sus tareas, excepto la puesta en marcha de proyectos a largo plazo.