S¨¢nchez contempla el estado de alarma en Madrid, pero quiere acordarlo con Ayuso

La declaraci¨®n del estado de alarma en Madrid est¨¢ encima de la mesa del Ejecutivo. El presidente, Pedro S¨¢nchez, ha se?alado en su primera comparecencia tras el varapalo judicial en la Comunidad de Madrid, que es un ¡°instrumento eficaz¡± que el Gobierno ¡°siempre ha contemplado¡±. Sin embargo, la decisi¨®n no est¨¢ tomada. S¨¢nchez, en permanente contacto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y con su equipo en La Moncloa, ha se?alado que antes hay que analizar la decisi¨®n judicial y, sobre todo, escuchar a la Comunidad de Madrid. De la reuni¨®n de Illa con los representantes madrile?os saldr¨¢ probablemente la decisi¨®n. El presidente ha se?alado en varias ocasiones que lo que se decida ser¨¢ respetando las competencias de Madrid y de acuerdo con la Comunidad. Pero si el Ejecutivo regional decide que no acepta el estado de alarma, La Moncloa tendr¨¢ que tomar una decisi¨®n compleja.

El Gobierno duda en este momento entre optar por el acuerdo con Madrid, precisamente lo que no se pudo lograr la semana pasada y que ha derivado en un recurso judicial que est¨¢ en el origen del varapalo jur¨ªdico, o tomar la v¨ªa directa y controlar la pandemia directamente con el estado de alarma parcial. El problema es pol¨ªtico, porque el Gobierno solo puede decretarlo por dos semanas, a partir de ah¨ª necesita el apoyo del Congreso para prorrogarlo y puede contar con el no del PP. El partido de Pablo Casado est¨¢ planteando alternativas legales al estado de alarma que, sin embargo, no ser¨ªan de aplicaci¨®n urgente porque requieren modificaciones legales.

¡°Consideramos preocupantes las cifras del covid y tenemos que poner todos los instrumentos sobre la mesa, sustentando todas nuestras decisiones en criterios cient¨ªficos, t¨¦cnicos y siendo proporcionales¡±, ha se?alado el presidente en una comparecencia en el palacio presidencial argelino, tras una reuni¨®n con el presidente Abdelmadjid Tebboune, acto central de la visita. ¡°El Gobierno de Espa?a ha tratado siempre de defender la salud p¨²blica. Las decisiones que hemos tomado tienen un sustento t¨¦cnico y cient¨ªfico y cuentan con el aval del Consejo Interterritorial. Vamos a analizar la sentencia, entre hoy y ma?ana se reunir¨¢ el grupo del covid, y veremos el camino que tenemos que tomar. Consideramos preocupantes las cifras del covid y tenemos que poner todos los instrumentos sobre la mesa, sustentando todas nuestras decisiones en criterios cient¨ªficos, t¨¦cnicos y siendo proporcionales¡±, ha dicho S¨¢nchez.

El presidente ha recordado que el Gobierno quer¨ªa prorrogar el estado de alarma en junio al menos dos semanas m¨¢s, pero no logr¨® apoyos pol¨ªticos para hacerlo. Y ese problema subsiste si el PP sigue empe?ado en el ¡°no¡±, con lo que la situaci¨®n es extremadamente compleja desde el punto de vista pol¨ªtico y jur¨ªdico. ¡°El estado de alarma es un instrumento constitucional. Pero no depende solo del Gobierno. Su pr¨®rroga debe ser autorizada por el Congreso. Es evidente que en junio no hab¨ªa apoyo para hacerlo. Pero eso es pasado. Si la justicia dice que este no es el camino hablaremos con Madrid y buscaremos otra soluci¨®n¡±, ha sentenciado. Lo cierto es que la sentencia supone un duro golpe a la estrategia jur¨ªdica del Gobierno, que lleva semanas diciendo que el estado de alarma no es necesario porque hay instrumentos jur¨ªdicos para controlar la pandemia sin llegar a este extremo. Ahora todo ha cambiado y el estado de alarma vuelve a estar encima de la mesa, pero para aprobarlo har¨ªa falta que el PP pasara al menos del no a la abstenci¨®n o el riesgo de derrota parlamentaria vuelve a ser alto.

¡°Se podr¨ªa recurrir, pero no tiene ning¨²n sentido¡±

A ojos de los expertos consultados, no hay muchas opciones para salir del embrollo jur¨ªdico. Elviro Aranda, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, coincide con el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en que la normativa sobre la que se sustenta la orden de restringir la movilidad ¡°no tiene el rango suficiente para limitar derechos¡±. ¡°Se podr¨ªa recurrir, pero no tiene ning¨²n sentido. No va a solucionar nada. Las v¨ªas siguen siendo hacer una ley org¨¢nica, aunque eso tiene sus tr¨¢mites y lleva su tiempo, o decretar el estado de alarma¡±, apunta.

Coincide ?ngel Rodr¨ªguez, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la Universidad de M¨¢laga: ¡°El recurso lo veo poco razonable porque no iba a significar una soluci¨®n a corto plazo. Lo pr¨¢ctico ser¨ªa un estado de alarma, que lo puede hacer el Gobierno en 24 horas y dar¨ªa cobertura a las medidas que no ha querido ratificar el TSJM¡±. ¡°La ¨²nica posibilidad es aplicar las medidas que permite la legislaci¨®n de salud p¨²blica, que es en personas concretas y ¨¢mbitos geogr¨¢ficos reducidos o, si hay descontrol y transmisi¨®n comunitaria, aplicar el estado de alarma. Lo que est¨¢ claro es que, cuando entras a impedir la movilidad, una orden ministerial en cascada no ten¨ªa solidez y carec¨ªa de fundamento¡±, agrega Alberto L¨®pez Basaguren, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad del Pa¨ªs Vasco.

En lo que no hay lugar a dudas, seg¨²n los juristas, es en que la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n no tiene sentido en este contexto. ¡°No tiene mucho recorrido. Solo servir¨ªa en el supuesto de que una comunidad se negara de manera repetida a adoptar resoluciones en contra del inter¨¦s general. El art¨ªculo 155 es un procedimiento muy excepcional y no encaja para nada en la situaci¨®n de pandemia actual¡±, apunta Rodr¨ªguez.

Los expertos asumen que, hasta ahora, y ante la excepcionalidad que supone la pandemia, las autoridades han recurrido a tribunales ordinarios para decretar cierres perimetrales, pero no les parece la soluci¨®n m¨¢s adecuada. ¡°Al final se pone en manos de un juez que haga una ponderaci¨®n de los derechos, entre la gravedad de la pandemia y el derecho que se restringe. El criterio es el caso concreto. No es lo mismo cerrar una comunidad que un pueblo de pocos habitantes¡±, sostiene Aranda. L¨®pez Basaguren lamenta que no se haya reformado la legislaci¨®n ordinaria durante estos meses y reclama ¡°m¨¢s concreci¨®n¡± del legislador en las leyes de salud p¨²blica y unificar criterios por parte de los tribunales para que no haya contradicciones en las resoluciones judiciales.

Visita a Argelia

S¨¢nchez concluye este jueves una visita a Argelia centrada sobre todo en acuerdos econ¨®micos pero tambi¨¦n con la vista puesta en la inmigraci¨®n, un asunto delicado. La llegada de irregulares desde este pa¨ªs a Espa?a se ha multiplicado por cinco desde principios de a?o, y la situaci¨®n podr¨ªa empeorar por la crisis profunda que vive el pa¨ªs, paralizado desde marzo por la covid y con problemas por la fuerte ca¨ªda del precio del gas, su principal activo. El Gobierno de S¨¢nchez mantiene una estrecha colaboraci¨®n con el de Abdelmadjid Tebboune, el nuevo presidente. Argelia siempre acepta la devoluci¨®n de sus nacionales cuando llegan irregularmente a Espa?a, pero La Moncloa quiere lograr un refuerzo del control. Ya estuvo Fernando Grande Marlaska hace dos meses en Argel con este objetivo. S¨¢nchez ha explicado que la colaboraci¨®n entre ambos pa¨ªses en la lucha contra las mafias migratorias es muy importante.

La visita ha logrado el principal objetivo econ¨®mico: abaratar el precio del gas importado. La mitad del gas que importa Espa?a es argelino. Espa?a tiene con el pa¨ªs africano contratos a muy largo plazo que ahora, con la ca¨ªda del precio, hacen que pague el gas por encima del precio de mercado. La espa?ola Naturgy ha anunciado, coincidiendo con la visita, que ha alcanzado un acuerdo con la argelina Sonatrach para revisar estos contratos. El texto se cerr¨® en la madrugada, poco despu¨¦s de la llegada de la delegaci¨®n de S¨¢nchez con el presidente de dicha empresa espa?ola de energ¨ªa, Francisco Reynes, que viajaba en el avi¨®n oficial con otros empresarios. Los contratos se alargar¨¢n hasta 2030 pero a cambio se rebajar¨¢n precios, aunque las empresas no detallan cu¨¢nto. S¨¢nchez tambi¨¦n buscar abrir nuevas posibilidades de negocios: viaja con varios empresarios y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y ha organizado una cumbre empresarial en Argel.

S¨¢nchez explic¨® en el avi¨®n, en conversaci¨®n informal con periodistas, que Espa?a pretende con el viaje ayudar a reforzar la imagen internacional del nuevo Gobierno argelino, surgido despu¨¦s de a?os de turbulencias y la ca¨ªda de Abdelaziz Bouteflika por presi¨®n popular despu¨¦s de 20 a?os en el poder, y sobre todo reforzar una relaci¨®n estrat¨¦gica que no ha provocado grandes problemas en los ¨²ltimos a?os. Los ciudadanos argelinos presionan pac¨ªficamente para acabar con el r¨¦gimen militar que domina el pa¨ªs desde 2019, pero las protestas se han interrumpido por la covid. En Argel, la mayor¨ªa de los ciudadanos llevan mascarilla y la ciudad sufre un toque de queda estricto por la noche para reducir los contagios. El pa¨ªs est¨¢ cerrado casi por completo y el aeropuerto desierto.