Los Franco recurren la sentencia de Meir¨¢s y critican a la juez por apelar al ¡°contexto hist¨®rico¡± de la dictadura

La sentencia que reconoce la leg¨ªtima propiedad del pazo de Meir¨¢s al Estado es ¡°notoriamente parcial, sesgada y tendenciosa¡± para los nietos del dictador Francisco Franco Bahamonde. Sus abogados, Luis Felipe Utrera-Molina y Antonio Gil, han agotado al l¨ªmite el plazo para presentar su recurso y finalmente lo han hecho con un escrito de 140 folios. En este defienden que la juez se recre¨® en ¡°razones hist¨®ricas, pol¨ªticas y/o puramente morales¡± favorables a la parte demandante (la Abogac¨ªa del Estado con Pedro S¨¢nchez en el Gobierno) cuando deber¨ªa ¡°atender exclusivamente a argumentos jur¨ªdicos¡±. Y no solo califican de ¡°irrelevante¡± una ¡°parte sustancial de los datos¡± de ¡°contexto hist¨®rico¡± que recoge la magistrada Marta Canales, titular del juzgado de Primera Instancia 1 de A Coru?a, sino que adem¨¢s de ¡°no aportar nada¡±, esta forma de juzgar es, para ellos, ¡°inadmisible y esencialmente improcedente¡±.

¡°No se nos ocurre m¨¢s respuesta que la siguiente¡±, dicen despu¨¦s de preguntarse por qu¨¦ la magistrada tiene en cuenta en su sentencia de casi 400 folios el momento de represi¨®n en el que se produjeron las expropiaciones forzosas y la recaudaci¨®n de dinero entre la gente para regalar el pazo a Franco. ¡°Se trata de extremos que, por razones obvias y suponiendo su acreditaci¨®n, permiten presentar un escenario que habla mal, muy mal, del abuelo de mis representados¡±, se responde a s¨ª mismo el letrado de los demandados. Esto, contin¨²a m¨¢s adelante el recurso ante la Audiencia Provincial de A Coru?a, ¡°encaja mucho mejor en una sentencia que quite la raz¨®n o resulte contraria a los intereses de quienes traen causa de la persona en cuesti¨®n¡±. ¡°Podr¨ªa parecernos entendible en otros foros¡±, admiten los abogados del despacho de Luis Felipe Utrera-Molina, pero ¡°se nos antoja de todo punto inadmisible y esencialmente improcedente en el concreto foro en el que nos encontramos: un tribunal de justicia que ha de dar y quitar razones atendiendo exclusivamente a argumentos jur¨ªdicos¡±.

Para los representantes de los nietos de Franco, que piden ¡°la total revocaci¨®n de la sentencia e ¨ªntegra desestimaci¨®n de la demanda¡±, incluida la condena al pago de las costas, la juez no ha tenido en cuenta el grueso de los argumentos que ellos blandieron en el juicio celebrado en julio. Es ¡°como si nosotros no hubi¨¦ramos comparecido¡±, reprochan. Aunque reconocen que el dictador no pag¨® nada por el palacete, defienden la validez del t¨ªtulo de venta de 1941, en el que Franco aparece como comprador.

En la sentencia, Marta Canales conclu¨ªa lo mismo que defend¨ªan los abogados del Estado: que esa escritura era fraudulenta y simulada por el propio Caudillo (y por lo tanto nula), con el objetivo de inscribir el bien a su nombre en el registro de la propiedad. Existe otra acta notarial de compraventa de 1938 que es la considerada aut¨¦ntica, en la que la Junta pro Pazo (la comisi¨®n de autoridades franquistas organizada para recaudar el precio del inmueble) es la compradora. El fallo judicial, dictado el pasado septiembre, defiende que Meir¨¢s se don¨® a Franco no por su persona, sino en calidad de jefe del Estado, y que por lo tanto el caser¨®n y sus fincas son propiedad p¨²blica. En la escritura que se considera un fraude, el coste del pazo era de 85.000 pesetas, mientras que en la de 1938 era de 460.000.

La sentencia ahora recurrida no solo obliga a los Franco a devolver las Torres de Meir¨¢s al Estado despu¨¦s de que ha quedado demostrado que ¡°funcionaba como una extensi¨®n del palacio de El Pardo¡± y que el mantenimiento del inmueble corri¨® a cargo del erario p¨²blico durante los 40 a?os de dictadura. Adem¨¢s, la juez niega a la familia del dictador todo derecho a ser indemnizada por los gastos en los que incurrieron despu¨¦s los Franco, como la rehabilitaci¨®n a finales de los noventa tras los da?os sufridos en el incendio de 1978. Este es uno de los aspectos del fallo contra los que m¨¢s se revuelven los abogados de los hermanos Mart¨ªnez-Bordi¨². Tambi¨¦n rechazan la condena al pago de todas las costas, que incluye las de las Administraciones personadas (Estado, Xunta, Diputaci¨®n de A Coru?a y Ayuntamientos de Sada y A Coru?a).

La sentencia "dista mucho de ajustarse a derecho¡±

¡°A juicio de esta parte y dicho sea siempre con los debidos respetos, la juzgadora de instancia yerra esencialmente en sus conclusiones jur¨ªdicas y arroja a partir de ello una soluci¨®n final que, humildemente entendemos, dista mucho de ajustarse a derecho¡±, critican los letrados de los Franco en su recurso. En la misma l¨ªnea que defendieron durante el juicio, recuerdan que la Administraci¨®n pudo reclamar su condici¨®n de propietaria nada m¨¢s morir el dictador en 1975, pero no lo hizo, sino que esper¨® a julio de 2019 para dar el paso con una demanda civil en los juzgados de A Coru?a. La propia magistrada dedicaba varias p¨¢ginas en la sentencia a explicar todos los movimientos sociales y pol¨ªticos que se produjeron desde la Transici¨®n para reivindicar Meir¨¢s. Y conclu¨ªa que hab¨ªa sido la ¡°madurez¡± del sistema democr¨¢tico la que hab¨ªa determinado el momento propicio para que el Estado reclamase la propiedad.

Los herederos de Franco admiten que la cantidad que figura en el documento notarial de 1941 es ficticia, porque las 460.000 pesetas del precio real ya las hab¨ªa pagado la Junta pro Pazo a la vendedora, Manuela Esteban Collantes, nuera viuda de la anterior propietaria del inmueble, la escritora Emilia Pardo Baz¨¢n. No obstante, la ¡°nulidad radical¡± de la escritura que ve la juez no es tal para los Franco. La compraventa de 1941 ¡°no fue una operaci¨®n simulada¡± y si la hubo fue una ¡°simulaci¨®n relativa¡± para ¡°subsanar las omisiones de que adolec¨ªa¡± el documento de 1938.

Tambi¨¦n, insisten, ten¨ªa la finalidad de ¡°posibilitar que Franco deviniese propietario del inmueble¡± para ¡°cumplir la voluntad¡± de todas las partes que participaron en el proceso. Para ellos, que Franco no pagase nada en absoluto no convierte en nula la operaci¨®n: ¡°?O es que se nos va a decir que cada vez que se constata que el precio abonado no ha salido directamente del bolsillo del comprador ha de considerarse nula una compraventa?¡±, defienden.