El Gobierno y la Junta de Andaluc¨ªa sellan la paz sobre el decreto de simplificaci¨®n administrativa
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, del PP, mantendr¨¢ la prohibici¨®n de emitir publicidad en emisoras ¡®piratas¡¯
Los Gobiernos central y andaluz han sellado la paz sobre el decreto ley de simplificaci¨®n administrativa de la Junta de Andaluc¨ªa, la mayor apuesta legislativa del Ejecutivo de coalici¨®n de PP y Ciudadanos, que modifica o deroga de una tacada 21 leyes y seis decretos con el objetivo de eliminar o simplificar un centenar de tr¨¢mites burocr¨¢ticos para activar la econom¨ªa.
Ambos Ejecutivos han informado este martes del acuerdo alcanzado en la comisi¨®n bilateral Junta-Estado, por el que Moncloa retirar¨¢ el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional sobre dos aspectos de la norma andaluza: la ley auton¨®mica de Audiovisual y las intervenciones en conjuntos declarados de Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC)o su entorno. El Gobierno de Pedro S¨¢nchez recurri¨® en abril al Alto Tribunal, lo que acarre¨® la suspensi¨®n autom¨¢tica de los art¨ªculos demandados. En septiembre pasado, el Constitucional levant¨® la suspensi¨®n al considerar que el abogado del Estado no hab¨ªa facilitado argumentos consistentes.
El decreto ley 2/2020 introduc¨ªa cambios en la ley del Audiovisual de Andaluc¨ªa que permit¨ªan a las empresas privadas gestionar las emisoras de televisi¨®n y radio de los Ayuntamientos. Tambi¨¦n eliminaba la prohibici¨®n de emitir publicidad institucional en emisoras piratas, lo que supon¨ªa de facto su legalizaci¨®n. Esta decisi¨®n fue denunciada por la Asociaci¨®n Espa?ola de Radiodifusi¨®n Comercial y por asociaciones de la prensa, organizaciones sociales, facultades de comunicaci¨®n y sindicatos.
La Junta se compromete a modificar el decreto y considerar¨¢ ¡°contraria a la ley la contrataci¨®n y difusi¨®n de publicidad en emisoras que carezcan de t¨ªtulo habilitante¡±. En cuanto a los preceptos que afectan al patrimonio hist¨®rico, el Gobierno auton¨®mico solicitar¨¢ que las obras menores en conjuntos declarados BIC tendr¨¢n que ser comunicadas previamente a la Consejer¨ªa de Cultura y recibir una autorizaci¨®n preceptiva.
Ambas modificaciones se han aprobado en el Consejo de Gobierno reunido este martes y deber¨¢n ser ratificadas por el Parlamento. El consejero de la Presidencia, El¨ªas Bendodo, ha celebrado el acuerdo: ¡°Es una muy buena noticia y un ejemplo de que dos Gobiernos nos podemos poner de acuerdo en un asunto tan importante¡±.
Pese al pacto entre las dos administraciones, el s¨²perdecreto andaluz a¨²n tiene que sortear otros tres recursos presentados ante el Tribunal Constitucional. El PSOE mantiene el que suscribieron medio centenar de senadores en el mes de julio pasado. Los socialistas aseguran que no hay razones de urgencia, como exige el decreto ley, para simplificar tr¨¢mites administrativos pr¨¢cticamente en todas las ¨¢reas de la Junta (turismo, patrimonio hist¨®rico, comercio, salud, industria, pesca, medio ambiente, urbanismo, energ¨ªa o servicios sociales). ¡°Bajo la m¨¢scara del decreto-ley anida un uso torticero de una potestad excepcional para barrer del ordenamiento aquello que moleste a los objetivos ideol¨®gicos del gobierno¡±, argumentan en su demanda. Tambi¨¦n impugnan el hecho de que el pol¨¦mico decreto ley se convalid¨® en plena pandemia, en el mes de abril, por la Diputaci¨®n Permanente del Parlamento aut¨®nomo y no por el pleno, por lo que se estima que se ¡°vulnera¡± el derecho de participaci¨®n de los diputados.
El grupo parlamentario de Adelante Andaluc¨ªa tambi¨¦n present¨® un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por la activaci¨®n de la Diputaci¨®n Permanente de la C¨¢mara auton¨®mica, que ha sido admitido a tr¨¢mite, y sus redactores consideran que todo lo aprobado por ese ¨®rgano puede quedar en suspenso. Finalmente, est¨¢ la demanda planteada a principios de octubre por el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Com¨² Podem-Galicia en Com¨²n contra el decreto de simplificaci¨®n. Los de Pablo Iglesias, partido que forma parte de la coalici¨®n de Gobierno, esgrimen que el texto apuesta por la ¡°desregulaci¨®n ambiental que reduce las garant¨ªas ambientales de las normas andaluzas¡± y ¡°no disimula su apego al ladrillo¡±.
Seg¨²n datos de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, de las 262 regiones europeas Andaluc¨ªa ocupa el puesto 220 en competitividad a causa, entre otras razones, de la ¡°ineficiencia¡± de su normativa.
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