¡°Ambig¨¹edad¡± contra desinformaci¨®n

Al Gobierno se le ha abierto un nuevo frente con la publicaci¨®n el jueves en el BOE de ¡°un procedimiento de actuaci¨®n contra la desinformaci¨®n¡±. La oposici¨®n se ha lanzado al ataque contra La Moncloa, a la que acusa de querer crear un ¡°orwelliano Ministerio de la Verdad¡±, mientras el Ejecutivo alega que su plan, no solo respeta la libertad de expresi¨®n, sino que tiene como objetivo ¡°evitar la injerencia extranjera¡± y ¡°detectar campa?as promovidas desde el exterior¡±. Pese a esas palabras, varios juristas consultados por EL PA?S subrayan sus recelos ante una iniciativa ¡°ambigua¡± y que genera ¡°inseguridad jur¨ªdica¡±.

¡°El texto desprende una ambig¨¹edad de tal calibre que parece que cabe todo. Y eso no es posible cuando se quieren abordar temas que afectan derechos fundamentales como el de la informaci¨®n¡±, resume Gerardo P¨¦rez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. El documento publicado en el BOE deja en manos de la Administraci¨®n decidir qu¨¦ es una campa?a de desinformaci¨®n y qu¨¦ no lo es, adem¨¢s de concederle la capacidad para poner en marcha la coordinaci¨®n de una ¡°respuesta a nivel pol¨ªtico¡± ¡ªsin aclarar c¨®mo puede ser esta¡ª. Y ¡°tiene frases sueltas que ponen a uno muy nervioso¡±, prosigue el abogado Borja Adsuara, exdirector general del ente p¨²blico Red.es.

As¨ª, en la iniciativa del Gobierno se habla de ¡°monitorizaci¨®n y vigilancia¡±. O de ¡°examinar la libertad y pluralismo de los medios de comunicaci¨®n¡±, en referencia a una de las l¨ªneas marcadas por el plan europeo. ¡°Pero, ?monitorizar a qui¨¦n? O, por ejemplo, ?qu¨¦ es examinar el pluralismo informativo?¡±, cuestiona Adsuara, que se pregunta si todo eso supone que, si el Ejecutivo opina que un peri¨®dico publica noticias falsas, puede lanzar una campa?a p¨²blica de contrainformaci¨®n: ¡°?Y le va a obligar a insertarla?¡±. ¡°El fin del derecho es la seguridad jur¨ªdica¡± y, en cambio, en este texto no se concreta nada, contin¨²a el jurista: ¡°Tendr¨ªan que tipificarse las conductas¡±. Pero no lo hace. ¡°Es un arma que vale para todo¡±.

En la misma l¨ªnea se pronuncia Lorenzo Cotino, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia: ¡°El problema reside en que la orden no dice lo importante. Explica que se crea un ¨®rgano [de supervisi¨®n de la desinformaci¨®n], pero no dan una m¨ªnima pista de qu¨¦ va a hacer y c¨®mo. Carece de concreci¨®n¡±. Adem¨¢s de abrir las puertas a posibles campa?as de ¡°contrapropaganda¡±, el docente hace hincapi¨¦ en otro riesgo que, en su opini¨®n, entra?a el texto: que se lleguen a sacar de la red mensajes que caben dentro de la Constituci¨®n ¡ªpor ejemplo, la defensa de la independencia de Catalu?a¡ª porque el Gobierno opine que hay detr¨¢s una ¡°influencia extranjera¡±.

Cotino explica que en Francia se aprob¨® en 2018 una ley de desinformaci¨®n centrada en los procesos electorales ¡ªel periodo que m¨¢s preocupa en Bruselas¡ª. En esa normativa se prev¨¦ un sistema para detectar una posible campa?a de estas caracter¨ªsticas. Pero entonces, esta se denuncia y ¡°hay un juez que tiene que evaluarla¡± y autorizar si se toman medidas. ¡°Es un proceso ultrarr¨¢pido¡±, que se puede adoptar en solo d¨ªas, apostilla el catedr¨¢tico.

Dependiente del Ejecutivo

Gerardo P¨¦rez tambi¨¦n critica la composici¨®n de ese comit¨¦ de supervisi¨®n, formado por ¡°¨®rganos muy pr¨®ximos al Gobierno¡±. Eso pone en duda su ¡°neutralidad, imparcialidad e independencia¡±, asevera el profesor. ¡°Una opci¨®n ser¨ªa, al menos, integrar en este a jueces o miembros de la sociedad civil¡±, apunta Cotino, que cree que as¨ª se ganar¨ªa ¡°transparencia¡± y se sabr¨ªa qu¨¦ se mueve all¨ª dentro. ¡°Porque ese ¨®rgano est¨¢ supeditado, adem¨¢s, a la presidencia del Gobierno y a la Secretar¨ªa de Estado de Comunicaci¨®n¡±, destaca Adsuara, que puntualiza: ¡°Analizar la veracidad de las noticias es un tema de los jueces. Lo que s¨ª se puede hacer es actuar contra las redes de bots [que propagan bulos], porque los bots no tienen derechos fundamentales. El problema no es una noticia falsa, sino su viralizaci¨®n¡±.

¡°El Gobierno tiene que identificar los riesgos e informar a los ciudadanos de su existencia¡±, considera Cotino, que cree indispensable para ello estar en coordinaci¨®n con las plataformas digitales ¡ªcomo Facebook, Youtube o Twitter¡ª. Pero de eso, a?ade, no hay ni rastro en lo publicado en el BOE. ¡°Lo que nos ha pedido la UE es que estemos atentos y creemos sistemas para identificar amenazas¡±, concreta Cotino. El problema est¨¢ en c¨®mo dar ese paso. ¡°Y que el remedio no sea peor que la enfermedad¡±, concluye el profesor Gerardo P¨¦rez.