El Constitucional cambiar¨¢ su proyecto de sentencia sobre las devoluciones en caliente para permitirlas

El Tribunal Constitucional va a cambiar su proyecto de sentencia sobre la ley de seguridad ciudadana y aceptar¨¢ las expulsiones en caliente ¡ªque dicho texto preve¨ªa prohibir¡ª para adaptar la legislaci¨®n espa?ola a la sentencia que este jueves dict¨® el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ese texto del alto tribunal solo hab¨ªa sido objeto de contactos preliminares, en los que ya se pudo comprobar que hab¨ªa una fuerte oposici¨®n interna a que los inmigrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla sean tratados de la misma manera que los que tratan de ser acogidos en Espa?a por v¨ªas legales.

En todo caso, el Constitucional hab¨ªa decidido paralizar la deliberaci¨®n de su sentencia sobre la ley de seguridad ciudadana hasta que hablara el Tribunal de Estrasburgo. Ahora esta situaci¨®n transitoria continuar¨¢ posiblemente varias semanas, hasta que el proyecto de sentencia del Constitucional se rehaga. No hay dudas sobre cu¨¢l ser¨¢ el sentido de esa modificaci¨®n.

El tribunal tiene una clara mayor¨ªa conservadora, cuyos criterios encajan con los del fallo de la justicia europea, y si la ponencia preparada sobre la ley mordaza propon¨ªa impedir las entregas inmediatas de inmigrantes ilegales era porque el texto estaba en manos de un ponente progresista, Fernando Vald¨¦s Dal-R¨¦. Las posiciones de este magistrado coinciden con las que propugnan las ONG y las organizaciones defensoras de derechos humanitarios.

Ser¨¢ en todo caso el propio Vald¨¦s quien ahora tenga que rehacer su proyecto de sentencia, sin que se produzca un cambio de ponente. Ello se debe a que, a diferencia de lo que ocurre en los tribunales colegiados de la justicia ordinaria, en el Constitucional el ponente asume siempre el criterio de la mayor¨ªa, se ajuste o no al suyo propio. El cambio en la ponencia podr¨¢ retrasar algo el debate, pero con toda probabilidad la sentencia sobre la ley de seguridad ciudadana se aprobar¨¢ en uno de los pr¨®ximos plenos, durante el mes de marzo o a lo sumo a comienzos de abril.

El cambio en la ponencia es pr¨¢cticamente obligado, a la vista de la sentencia de Estrasburgo, en la medida en que el proyecto propon¨ªa expulsar del ordenamiento jur¨ªdico este tipo de devoluciones de los inmigrantes nada m¨¢s saltar las vallas de Ceuta y Melilla. La habilitaci¨®n para continuar con estas pol¨ªticas se incluy¨® en la ley de seguridad ciudadana en una disposici¨®n adicional introducida de manera un tanto forzada en un texto previsto para otro tipo de cuestiones relacionadas con el orden p¨²blico. En dicha disposici¨®n adicional, transparente en cuanto a sus intenciones, ya se mencionaba de forma directa y espec¨ªfica la problem¨¢tica de Ceuta y Melilla ante la inmigraci¨®n ilegal.

Los recursos de inconstitucionalidad contra la ley mordaza, norma impulsada por el PP en 2015, unieron a diversas fuerzas pol¨ªticas, desde el PSOE a CiU, pasando por el PNV, UPyD e IU. Cuando el PSOE lleg¨® al poder, sin embargo, no fren¨® en seco las expulsiones en caliente. Por el contrario, ante iniciativas concretas de reforma de dicha ley, en 2018, el Gobierno reaccion¨® afirmando que era preciso esperar a la sentencia de Estrasburgo para no dar pasos en falso. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostr¨® entonces favorable a dejar como estaba la mencionada disposici¨®n sobre Ceuta y Melilla hasta el fallo definitivo de la justicia europea. El Gobierno siempre ha defendido que ¡°no admisi¨®n¡± no significa ¡°expulsi¨®n¡±, y de hecho, el pasado 29 de enero el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Mart¨ªn Valenzuela, defendi¨® en la sede de la ONU en Ginebra que la realidad es que Espa?a no estaba realizando repatriaciones de inmigrantes ¡°sin el debido proceso¡± y sin garant¨ªas, y que ¡°no caben expulsiones sumarias¡±.