La Fiscal¨ªa dirigir¨¢ las investigaciones con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento

El procedimiento penal espa?ol, del siglo XIX, va a entrar por fin en el XXI. O eso pretende el Gobierno con el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que revisa la norma de 129 a?os de antig¨¹edad-, que espera presentar al Parlamento antes del fin de la legislatura. La cadena SER ha tenido acceso al borrador, elogiado por juristas, que consagra el Derecho de defensa y redefine las funciones del juez y el fiscal. Entre otras novedades, cuando entre en vigor ser¨¢ la Fiscal¨ªa quien conduzca las investigaciones asociadas al proceso penal.

Con el nuevo modelo, los jueces dejar¨¢n pues de ser los encargados de investigar y su funci¨®n como garantes del proceso ser¨¢ reforzada: ser¨¢n ellos quienes velen por las garant¨ªas y los derechos del sospechoso. Y este ver¨¢ fortalecida la presunci¨®n de inocencia con la figura del juez de garant¨ªas primero, el juez de la audiencia preliminar despu¨¦s y por ¨²ltimo, el juicio.

La figura del imputado desaparecer¨¢ en favor de la del investigado, y se crea el estatuto de la v¨ªctima para ajustar nuestro ordenamiento jur¨ªdico a las exigencias de la Uni¨®n Europea.

El fiscal, que dirigir¨¢ las investigaciones, tendr¨¢ potestad para archivar el caso si considera que no hay indicios de delito. Su decisi¨®n ser¨¢ recurrible, sin embargo, ante el juez de garant¨ªas.

Este cambio limitar¨¢ tambi¨¦n la capacidad de actuaci¨®n de la polic¨ªa, que depender¨¢ exclusivamente, en r¨¦gimen de monopolio, de lo que le ordene el fiscal, y acabar¨¢ cuando identifique al presunto criminal. Por primera vez en Espa?a, se regula la colocaci¨®n de micr¨®fonos en las viviendas, las escuchas telef¨®nicas y la actividad del agente encubierto.

13 d¨ªas de incomunicaci¨®n

La reforma de la Ley, seg¨²n el borrador al que ha tenido acceso la cadena SER, desoye las demandas de organismos internacionales como diversos ¨®rganos de la ONU, el Comit¨¦ Europeo para la Prevenci¨®n de la Tortura del Consejo de Europa y organizaciones de derechos humanos, que han pedido reiteradamente a Espa?a abolir el r¨¦gimen de incomunicaci¨®n para presuntos terroristas, contrario a todos los protocolos internacionales para la prevenci¨®n de la tortura. Si en 2003 se aprob¨® que la incomunicaci¨®n para este tipo de delitos pod¨ªa ampliarse de cinco a 13 d¨ªas, la nueva reforma consolida la posibilidad de que el detenido pase ese plazo m¨¢ximo sin contacto con el exterior.

El nuevo proceso penal garantizar¨ªa, no obstante, una cierta protecci¨®n al detenido, dando respuesta a algunas de las demandas para prevenir la tortura y los malos tratos. Por un lado, ser¨ªa grabado en v¨ªdeo, lo cual preserva la integridad del sospechoso y a la vez, evita posible falsas denuncias. Por otro, el detenido estar¨¢ asistido cada ocho horas por un m¨¦dico forense, pero adem¨¢s, y aqu¨ª est¨¢ la novedad, ser¨¢ asistido por otro m¨¦dico designado por el Mecanismo de Prevenci¨®n de la Tortura del Defensor del Pueblo. Organizaciones contra la tortura han reivindicado durante a?os la asistencia de un "m¨¦dico de confianza" durante la incomunicaci¨®n, aunque en general recelan del Mecanismo.

Si la reforma se aprueba tal y como est¨¢ redactada en el borrador actual, el investigado tendr¨¢ mayores garant¨ªas. Podr¨¢ entrevistarse con su abogado incluso antes de declarar ante la polic¨ªa, y una vez comience el juicio oral, a diferencia de ahora, las declaraciones que se hayan efectuado ante el fiscal o la polic¨ªa en la fase de investigaci¨®n carecer¨¢n de valor.

El juicio no comenzar¨¢ con el interrogatorio del procesado y la acusaci¨®n deber¨¢ demostrar la culpabilidad m¨¢s all¨¢ de toda duda razonable. Nadie podr¨¢ ser condenado, adem¨¢s, con testimonios de referencia, la identificaci¨®n visual del procesado o la sola declaraci¨®n de otro coacusado.

La figura de la acusaci¨®n popular se ver¨¢ limitada: no podr¨¢ por si sola sentar a nadie en el banquillo. En la pr¨¢ctica, este cambio implica que los partidos pol¨ªticos y sindicatos no podr¨¢n ser acusaci¨®n popular en casos como el G¨¹rtel. Los juicios de faltas quedar¨¢n limitados y el fiscal podr¨¢ archivarlos por razones de oportunidad.

El enjuiciado se podr¨¢ sentar, adem¨¢s, junto a su letrado, y no en un banquillo aislado.