¡°El rey em¨¦rito no est¨¢ huido. Si le llamaran no tardar¨ªa en venir¡±

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 59 a?os), afronta uno de los mayores retos de la pol¨ªtica judicial en la reciente etapa democr¨¢tica: aprobar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que sustituir¨¢ a la que lleva vigente desde septiembre de 1882. Los gobiernos de los ¨²ltimos 20 a?os, tanto del Partido Popular como del PSOE, fracasaron en ese empe?o.

Pregunta. Con el modelo vigente, con jueces instructores dirigiendo la investigaci¨®n penal, se ha imputado, procesado y en algunos casos condenado a banqueros, empresarios, ministros, presidentes auton¨®micos, diputados y alcaldes. ?Han visto debilidades en el modelo que obliguen a cambiarlo?

Respuesta. No, no. El modelo ha funcionado y debemos sentirnos orgullosos de la carrera judicial que tenemos. No es un problema de desconfianza en nadie. Es potenciar los roles constitucionales que cada uno tiene. El juez es aut¨¦ntico juez cuando act¨²a de garante de los derechos, cuando juzga. Por eso, la Constituci¨®n le dice que esa es una facultad que tiene exclusiva y excluyente. No es sustituir al juez instructor por el fiscal instructor, no. Es un fiscal investigador. Va a haber un juez que va acompa?ando a ese fiscal de tal modo que, cada vez que haya una afectaci¨®n de un derecho fundamental, ah¨ª estar¨¢ el juez de garant¨ªas y es el que dir¨¢ cu¨¢ndo se abre la causa contra una persona.

P. ?Es m¨¢s dif¨ªcil defender las bondades de un proyecto de ley que da a los fiscales todo el poder investigador cuando el Gobierno al que usted pertenece ha elegido como fiscal general del Estado a una diputada socialista, que hizo campa?a por el PSOE y que antes hab¨ªa sido ministra de Justicia?

R. Creo que es un tema que queda absolutamente desvinculado de la elecci¨®n de la fiscal general, que se hizo conforme a todos los criterios legales, intervino el Poder Judicial y se hizo la audiencia ante la Comisi¨®n de Justicia del Congreso. Pero, evidentemente, el Estatuto Org¨¢nico [del Ministerio Fiscal] tiene que ser objeto de revisi¨®n en varios aspectos para potenciar y fortalecer al fiscal individualmente considerado. La Fiscal¨ªa funciona bajo los principios de unidad de acci¨®n y dependencia jer¨¢rquica. Ya se prev¨¦n mecanismos en la propia ley de enjuiciamiento que soslayan estas dudas a las que usted hace referencia. No va por ah¨ª el problema.

P. ?Deber¨ªa cambiarse el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado?

R. El modelo actual es claramente constitucional, establecido en la Constituci¨®n y el Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal. Creo que hay que abrir un debate sobre ciertos aspectos, igual que lo podemos hacer con el Consejo General del Poder Judicial¡­ A m¨ª los debates nunca me dan miedo.

P. Ahora hay en Espa?a 5.400 jueces y 2.500 fiscales. ?Para que esta reforma legal funcione hace falta que haya 5.400 fiscales y 2.500 jueces?

R. No es la cuenta en la que estamos. Lo que s¨ª est¨¢ claro es que hay que reorganizar esas carreras y abrir un debate importante. Evidentemente, si tenemos fiscales investigadores tendremos que replantear su ubicaci¨®n y su n¨²mero.

P. ?Van a permitir a los jueces convertirse en fiscales?

R. Hay que o¨ªr a la carrera, ver los pros y los contras. No hay nada previsto ni cerrado. El debate tiene que ser honesto; tenemos que tener el tiempo necesario para equivocarnos lo menos posible.

P. La ley prev¨¦ prohibir a los partidos que ejerzan la acusaci¨®n popular. Usted pertenece a un Gobierno formado por dos partidos que ejercen la acusaci¨®n popular en diversas causas de corrupci¨®n que afectan al PP. ?Le ha dicho usted al PSOE que se retire de esas causas?

R. No. En absoluto. Han ejercido una acci¨®n legal, hoy completamente legal, y, por tanto, son decisiones de partido en las que el Gobierno no entra y mucho menos este ministro de Justicia. Creo, y as¨ª lo entiende el Consejo de Ministros, que no es bueno que los debates parlamentarios se trasladen a los tribunales.

P. ?Pero, si lo entienden as¨ª, por qu¨¦ no se retiran de las causas en las que tanto Unidas Podemos como el PSOE est¨¢n personados como acusaci¨®n popular?

R. Porque esto es un anteproyecto todav¨ªa, que ha sido aprobado el pasado martes. Uno se vincula por las leyes que est¨¦n ya en vigor.

P. ?Cu¨¢ntos indultos se han concedido desde que es ministro con informes en contra del fiscal y del tribunal sentenciador?

R. El 99% son denegatorios. El pasado semestre, se aprobaron 10 indultos. Y solo dos de ellos se han dado con informe favorable del tribunal sentenciador y en contra de la Fiscal¨ªa.

P. ?Puede el Consejo de Ministros dar un indulto a los presos del proc¨¦s con informes en contra tanto del tribunal sentenciador como de la Fiscal¨ªa?

R. Cuando se produzca ese debate en el Consejo de Ministros, me ofrezco a explicar por qu¨¦ se dar¨¢n o se denegar¨¢n esos indultos. Ahora mismo ser¨ªa impropio de un ministro de Justicia que se pronunciara.

P. ?Ser¨ªa asumible para el Gobierno conceder un indulto con esos dos informes en contra?

R. Insisto en que hay que analizar cada caso en concreto, porque no hay dos casos iguales. Es verdad que son casos excepcionales [los indultos que se dan con los dos informes en contra]. Pero esto no es verlo judicialmente; es verlo conforme a otra cosa. El indulto conforme a la ley de 1870, el ejercicio del derecho de gracia, responde a otras cuestiones.

P. El Gobierno lo puede hacer¡­ pero ser¨ªa un caso excepcional, ?no?

R. S¨ª, s¨ª, s¨ª¡­

P. ?La desobediencia a sentencias del Constitucional deber¨ªa ser castigada con altas penas de c¨¢rcel?

R. Tiene que haber claramente un delito que cubra y proteja a los ¨®rganos constitucionales. Esa desobediencia debe tener acogida en el C¨®digo Penal. Es una desobediencia grave y a los delitos graves suelen ir asociadas penas graves.

P. ?Que el delito de sedici¨®n tenga una pena de hasta 15 a?os en Espa?a es un exceso?

R. Es un anacronismo y, comparando con el C¨®digo Penal de otros pa¨ªses de nuestro entorno como el alem¨¢n, el franc¨¦s, el italiano o el portugu¨¦s, tambi¨¦n es un exceso. Estos delitos, en su esencia, llevan casi 200 a?os en nuestro C¨®digo Penal y no se han tocado, no fueron objeto de revisi¨®n. Creo que estamos obligados a hacer esa revisi¨®n como pa¨ªs democr¨¢tico en un entorno europeo y que tiene que armonizar esta cuesti¨®n por exigencias europeas, pero tambi¨¦n de coherencia. Desde luego, hay que hacerlo con la serenidad necesaria, pero oyendo a todos en un proceso legislativo.

P. Sin la sentencia del proc¨¦s, ustedes no se hubieran planteado nunca la revisi¨®n del delito de sedici¨®n, ?no?

R. Posiblemente no, hay que decirlo con honestidad. Durante muchos a?os no han tenido que aplicarse estos delitos. Pero el ejercicio de responsabilidad consiste en decir que tenemos que darle una vuelta a esos delitos. Ya veremos c¨®mo quedan.

P. ?Me podr¨ªa decir, como jurista, en qu¨¦ situaci¨®n judicial se encuentra el rey em¨¦rito Juan Carlos I?

R. Es una persona sobre la que no hay proceso penal abierto y, por tanto, un ciudadano al que asiste, como a cualquier otro, la presunci¨®n de inocencia. Desde que perdi¨® la inviolabilidad, es un ciudadano m¨¢s y se le aplica la igualdad ante la ley.

P. ?No lo considera un huido de la justicia?

R. En absoluto. El que huye es aquel que ha sido reclamado y no est¨¢. Y ¨¦l no ha sido reclamado por la justicia. Es m¨¢s, aventuro a decir que, si se produjera un llamamiento, el rey no tardar¨ªa en absoluto en venir.

P. ?La situaci¨®n de Juan Carlos I es comparable a la del expresidente catal¨¢n Carles Puigdemont?

R. Es radicalmente diferente. Ah¨ª hay una causa abierta y Puigdemont est¨¢ huido de la justicia. El rey em¨¦rito, insisto, no est¨¢ huido de la justicia. La justicia no le ha reclamado nunca.

P. Hist¨®ricamente, en el reparto de los 20 vocales del Poder Judicial siempre hubo vocales propuestos por los nacionalistas catalanes, por los nacionalistas vascos y por IU. Con la fragmentaci¨®n actual de las Cortes, ?deber¨ªan entrar en la renovaci¨®n del Consejo vocales a propuesta de Podemos, ERC o Vox?

R. Alcanzar los tres quintos para aprobar la renovaci¨®n es una cuesti¨®n que exige la ley y, por tanto, una obligaci¨®n m¨¢s que una opci¨®n. El arco parlamentario es el que determinar¨¢ c¨®mo se conformar¨¢ esa composici¨®n. Lo que hay que hacer es renovar el ¨®rgano constitucional, porque as¨ª lo exige la ley.

P. ?Deben entrar vocales en el nuevo Consejo propuestos por esos partidos?

R. No puedo contestar a lo que no est¨¢ en mis manos. Insisto en que, dentro del marco de la legalidad, todo es admisible y lo ¨²nico que no es admisible es que no haya renovaci¨®n.

P. Lo digo porque una de las l¨ªneas rojas del PP es que no haya vocales propuestos por Podemos en el nuevo Consejo.

R. Creo que no puede haber l¨ªneas rojas cuando se negocia. Creo que son unas pseudol¨ªneas rojas, no nos enga?emos. La realidad supone que alcanzar los tres quintos solo se puede hacer hoy con el PP.

P. ?El Gobierno sacar¨¢ del congelador la iniciativa legislativa para reformar el m¨¦todo de elecci¨®n del Consejo si, para el 6 de diciembre, el PP no acepta volver a la negociaci¨®n y retirar sus condiciones?

R. Creo que en un plazo razonable el PP volver¨¢ a ser ese partido de Estado que ha permitido grandes avances en la justicia espa?ola, como el Pacto por la Justicia de 2001. Yo habl¨¦ de esa fecha del 6 de diciembre como algo que ser¨ªa bonito. No s¨¦ si eso se ha magnificado. Ser¨ªa un momento simb¨®lico. Pero prefiero pensar que m¨¢s temprano que tarde vamos a tener la renovaci¨®n de ese ¨®rgano constitucional.