Una d¨¦cada despu¨¦s, solo 18 de las 132 piezas del ¡®caso ERE¡¯ han sido elevadas a juicio

El dinosaurio judicial que supone el caso ERE cumple una d¨¦cada este martes y ha engordado tanto que camina a paso de tortuga. Su parsimonia se debe a un descomunal tama?o adquirido en 2015, cuando se separ¨® en 187 piezas, una por cada ayuda del fondo para empresas en crisis de la Junta andaluza entre 2001 y 2010. De ellas hoy permanecen vivas 132 tras decenas de archivos y prescripciones. Desde que la juez Mercedes Alaya abriera el sumario el 19 de enero de 2011 solo se han celebrado dos juicios: el de una subvenci¨®n a una empresa de aceitunas y la pieza pol¨ªtica que conden¨® a los expresidentes andaluces Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Manuel Chaves, y otros 17 ex altos cargos de la Junta.

Un dato revela la larga vida que a¨²n tienen por delante los ERE fraudulentos: la Audiencia de Sevilla no puede albergar m¨¢s de cinco juicios al a?o, seg¨²n apuntan varios magistrados y fiscales por la coincidencia de acusados en muchos juicios y porque solo hay tres secciones penales habilitadas, lo que arroja un c¨¢lculo abrumador de 25 a?os de procesos consecutivos en una macrocausa que se antoja casi eterna. El atasco se ha duplicado desde el Juzgado 6 de Instrucci¨®n de Sevilla a la Audiencia y todas las piezas incluyen la atenuante de dilaciones indebidas, dado el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos.

La causa lleg¨® a acumular dos millones de folios y hoy hay 85 piezas en fase de investigaci¨®n ¨Ddiligencias previas¨D, 29 con las pesquisas concluidas ¨Den fase intermedia¨D y 16 asuntos elevados a la Audiencia para su enjuiciamiento, seg¨²n el recuento realizado por el propio juzgado. Y dos juicios celebrados y ninguna sentencia firme, ya que el Supremo est¨¢ pendiente de resolver la causa pol¨ªtica por la que se enjuici¨® el dise?o del mecanismo de pago del fondo, dotado con 680 millones durante una d¨¦cada. Las personas investigadas alcanzaron hace dos a?os el pico de 507. ¡°Ingrato es un adjetivo que se queda corto para definir el trabajo empleado¡±, comenta uno de los siete jueces que ha instruido el caso y que pide anonimato.

La investigaci¨®n judicial iniciada por Alaya y la Guardia Civil cuestion¨® la pol¨ªtica de empleo de los Ejecutivos andaluces socialistas y supuso un punto de inflexi¨®n en la pol¨ªtica de la comunidad, al sentar en el banquillo a dos presidentes y condenar a Chaves por prevaricaci¨®n y a Gri?¨¢n a seis a?os de c¨¢rcel por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n. Los jueces, en una sentencia de 1.821 p¨¢ginas, estimaron que la exc¨²pula de la Junta urdi¨® un ¡°sistema fraudulento¡± dotado con 680 millones que, sin control, reparti¨® fondo a empresas en crisis. Dos semanas antes de que concluyera el juicio, en diciembre de 2018, el PP arrebat¨® el poder en Andaluc¨ªa al PSOE tras 36 a?os de Gobiernos socialistas.

El Tribunal Supremo estudia ahora esa primera sentencia de la Audiencia sevillana y decidir¨¢ este a?o o en 2022 si la ratifica o si la tumba y pone patas arriba la tesis principal de la macrocausa: que el mecanismo de pago era ¡°fraudulento¡± y fue perge?ado por la c¨²pula del Gobierno para pagar los ERE de 77 empresas y conceder ayudas directas a decenas de empresarios al margen de los controles de la Intervenci¨®n General.

Tras los recursos presentados por una veintena de abogados la pasada primavera, el alto tribunal debe decidir en breve si celebrar¨¢ una vista para que expongan sus argumentos de viva voz, algo que pocas veces sucede. ¡°No se puede aspirar a que los cinco jueces de la Sala [Segunda de lo Penal] se conozcan el mill¨®n de folios¡±, describe un letrado que pide reservar su nombre.

¡°Estamos en un momento de expectaci¨®n, ante el Supremo pero tambi¨¦n ante Acyco [la otra pieza ya juzgada], ambos pronunciamientos condicionar¨¢n los juicios ya se?alados [16] (¡­) ?Duraci¨®n del caso? Calculo 15 ¨® 20 a?os, y muchos m¨¢s¡±, vaticina Luis Garc¨ªa, abogado del PP, que ha ejercido la acusaci¨®n popular en la macrocausa desde 2011.

Para Alfonso Mart¨ªnez del Hoyo, abogado del exconsejero Antonio Fern¨¢ndez, el caso arrastra ¡°la tara de origen de criminalizar a priori las transferencias de financiaci¨®n [el instrumento de pago], a pesar de tratarse de una herramienta presupuestaria neutra cuyo empleo fue establecido por las propias Leyes de Presupuesto, en lugar de seguir el rastro del dinero y comprobar en cada caso si estaba justificada su disposici¨®n (...) El caso sigue en pa?ales porque a estas alturas no ha habido un descenso a la pr¨¢ctica de prueba en juicio sobre la correcci¨®n o incorrecci¨®n de la concesi¨®n y pago de cada una de las ayudas, salvo Acyco, para poder dilucidar si medi¨® delito en cada caso. Esto no se hizo en el juicio principal ya celebrado y, despu¨¦s de 10 a?os, es un fracaso de la justicia¡±.

Tras un calvario judicial con final incierto, uno de los miembros de la exc¨²pula del Gobierno condenado estalla: ¡°Malversar es un verbo transitivo y la sentencia solo presupone, es todo un disparate. La leo y no s¨¦ por qu¨¦ me condenan¡­ ?A¨²n no s¨¦ lo que he hecho mal! Yo sigo orgulloso de todo¡±, dice antes de pedir anonimato para evitar se?alarse ante el Supremo.

A lo largo de la tortuosa instrucci¨®n fallecieron decenas de investigados, el m¨¢s reciente hace solo tres meses Javier Guerrero, considerado el principal responsable de las ayudas, y que concedi¨® como director general de Trabajo subvenciones millonarias a empresarios amigos y a su exch¨®fer. Al menos, el dinosaurio dej¨® de engordar hace un a?o cuando la Guardia Civil dej¨® de remitir nuevos atestados y la cascada de nuevas piezas se sec¨® de una vez por todas.