Euskadi mira a Catalu?a para su modelo de c¨¢rceles

Euskadi acaricia ya la transferencia de Prisiones. Los cerca de 1.300 internos que componen la poblaci¨®n reclusa ser¨¢n competencia, a partir del pr¨®ximo mes de abril, del Gobierno de ??igo Urkullu, si las dos administraciones cumplen el calendario pactado. La pol¨ªtica penitenciaria seguir¨¢ en manos del Estado, pero el ejecutivo auton¨®mico quiere implementar un modelo que potencie la reinserci¨®n y el cumplimiento de las penas en semilibertad, creando una nueva red de centros de inserci¨®n y de unidades tuteladas. Una hoja de ruta que defini¨® el Parlamento vasco el 13 de marzo de 2019 en un pleno celebrado 10 meses despu¨¦s de que ETA anunciara, en mayo de 2018, su disoluci¨®n y que mira a Catalu?a como referencia de un modelo que prima el r¨¦gimen abierto.

Euskadi tiene tres prisiones, Zaballa, en ?lava, que sustituy¨® en 2017 a la ya obsoleta de Nanclares de la Oca, con cerca de 700 internos; Basauri, en Bizkaia, con algunos m¨¢s de 300 reclusos, y la guipuzcoana de Martutene, con 260 internos, que cerrar¨¢ sus puertas en 2023, dando paso a la nueva c¨¢rcel de Zubieta, cuyas obras ya han sido licitadas.

La competencia va a llegar a Euskadi en medio de la pol¨¦mica por el traslado de presos de ETA a c¨¢rceles pr¨®ximas al Pa¨ªs Vasco. El PP y varias asociaciones de v¨ªctimas est¨¢n criticando al Gobierno de Pedro S¨¢nchez por poner fin al alejamiento de los reclusos de la banda en un contexto de acuerdos con la izquierda abertzale. Frente a las cr¨ªticas de que un sistema de prisiones vasco pueda favorecer a los reclusos de ETA, fuentes de Justicia del Gobierno vasco subrayan que cualquier decisi¨®n de reclasificaci¨®n de un interno est¨¢ sometido siempre al control judicial. Tambi¨¦n pueden ejercer ese derecho al recurso, el preso y la Fiscal¨ªa en caso de discrepar con el sentido de los informes.

Despejado el camino de la violencia, el departamento de Justicia que dirige la consejera Beatriz Artolazabal trabaja en el redise?o de la infraestructura y cruza sus documentos con los del Ministerio del Interior. ¡°Nuestro modelo estar¨¢ sustentado en el uso del encarcelamiento como una opci¨®n extrema que se use cuando no exista otra alternativa y con el objetivo de que al menos el 40% de los reclusos, con todo tipo de delitos, cumplan sus penas en r¨¦gimen abierto¡±, describi¨® Artolazabal a finales del pasado a?o, cuando el cronograma de transferencias ya situaba a Prisiones en la primera l¨ªnea de los traspasos.

¡°Se puede cumplir la misma ley y el mismo reglamento, pero a la vez avanzar en un modelo propio que apueste por la resocializaci¨®n y eso pasa por tener menos gente encerrada y m¨¢s en semilibertad¡±, aseguran fuentes oficiales del departamento catal¨¢n de Justicia, la primera comunidad en asumir la transferencia. Euskadi ser¨¢ la segunda. El catedr¨¢tico de derecho penal de la Universidad de Lleida Josep M. Tamarit asegura en su informe El sistema penitenciario catal¨¢n: Fundamento y ejercicio de la competencia que el m¨¢s relevante de los criterios diferenciados del sistema catal¨¢n respecto del resto de Espa?a es que hay ¡°una inclinaci¨®n m¨¢s acusada a la progresi¨®n a tercer grado [penitenciario]¡±. Tambi¨¦n subraya que la tasa de empleados p¨²blicos que se dedican a la ejecuci¨®n de penas de cumplimiento en beneficio de la comunidad o en caso de suspensi¨®n de ejecuci¨®n de pena es bastante mayor en Catalu?a que en el territorio gestionado por el Ministerio de Interior, ¡°aunque lejos de la media europea¡±, cita el catedr¨¢tico, que duda de que esos dos elementos sean suficientes para considerar al catal¨¢n un modelo diferenciado.

En Catalu?a, los responsables de las prisiones disponen de un programa piloto para pasar a tercer grado a algunos penados que, por su perfil y arraigo, pueden ingresar directamente al r¨¦gimen de semilibertad. Un plan que ya estaba en vigor en el resto de Espa?a desde 2007, aunque no fue hasta finales del pasado a?o cuando Interior dio instrucciones para ponerlo en marcha y facilitar que los condenados a penas inferiores a cinco a?os de c¨¢rcel por ciertos delitos y que cumplan una serie de requisitos, como el de no ser reincidentes, puedan disfrutar desde el primer d¨ªa de la semilibertad.

¡°Las prisiones tienen ¨¦xito en la medida en la que devuelven a la sociedad a los presos lo antes posible y mejores de como entraron¡±, aseguran fuentes de Justicia, aunque saben que eso supone asumir algunos riesgos de que puntualmente alguno de ellos pueda volver a delinquir.

¡°La idea es dise?ar itinerarios para lograr el fin de reinserci¨®n, con una justicia restaurativa y con itinerarios individualizados para que cada residente acelere su vuelta a la sociedad, y lo haga con mejores herramientas para vivir en la comunidad¡±, explican fuentes del Departamento vasco de Justicia, uno de los que, junto a Interior, est¨¢ en el centro de la negociaci¨®n con el Gobierno de Pedro S¨¢nchez. En la nueva c¨¢rcel de Zubieta est¨¢ previsto crear un Centro de Inserci¨®n Social (CIS, destinado a presos en semilibertad). ¡°La competencia nos permite redise?ar los centros para lograr ese objetivo resocializador¡±, aseguran en el Gobierno vasco. Es decir, con la competencia en la mano, el Gobierno vasco tendr¨¢ autonom¨ªa para la elaboraci¨®n de los informes relativos a los presos de los que dependen decisiones como la concesi¨®n de progresiones de grado, permisos u otros beneficios penitenciarios.

Un modelo muy volcado en la reinserci¨®n necesita de m¨¢s personal dedicado a esas tareas de educaci¨®n y de control de la ejecuci¨®n de penas en semilibertad. Y eso requiere de m¨¢s presupuesto. A partir de la cesi¨®n de la competencia Euskadi asumir¨¢ en torno a 800 funcionarios de prisiones, aunque las ampliaciones de plantilla y las renovaciones del personal se har¨¢n con criterios de la Administraci¨®n central.