Estrasburgo condena a Espa?a por no investigar la actuaci¨®n policial contra una manifestante de Rodea el Congreso en 2012
El Tribunal de Derechos Humanos considera que las autoridades espa?olas no investigaron lo suficiente las denuncias por la violencia policial
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado este martes a Espa?a por no llevar a cabo una ¡°investigaci¨®n profunda y eficaz¡± de la violencia policial que sufri¨® en 2012 una manifestante durante una de las concentraciones de Rodea el Congreso. La mujer fue desalojada por la fuerza del bar en el madrile?o barrio de Huertas en el que se hab¨ªa refugiado cuando comenzaron los disturbios que se produjeron al t¨¦rmino de la manifestaci¨®n, y en los que la demandante no particip¨®, como reconoci¨® la justicia espa?ola.
El fallo del tribunal con sede en Estrasburgo considera probado que en el caso de Ghanima Julia L¨®pez Mart¨ªnez, nacida en 1986 y residente en Madrid, se produjo una violaci¨®n del art¨ªculo tres sobre la tortura del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que ¡°nadie podr¨¢ ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes¡±.
En su demanda, L¨®pez Mart¨ªnez hab¨ªa alegado que fue ¡°golpeada y humillada por los agentes de polic¨ªa¡± durante el desalojo del bar en el que se hab¨ªa refugiado con dos amigas, en vista de los enfrentamientos que comenzaban a registrarse al terminar la manifestaci¨®n del 29 de septiembre de 2012. Ninguna de las personas obligadas a abandonar el local fue ni identificada ni arrestada por la polic¨ªa, destaca la sentencia.
Por este motivo, el Estado deber¨¢ indemnizar a la demandante con 1.000 euros por da?os morales, aunque el TEDH rechaza adjudicar la suma similar por da?os materiales que tambi¨¦n ped¨ªa L¨®pez Mart¨ªnez, alegando que los 750 euros que recibi¨® en compensaci¨®n por la justicia espa?ola no bastaban.
Para el tribunal europeo, Espa?a no ha realizado una ¡°investigaci¨®n eficaz¡± porque las autoridades ¡°han sido incapaces de identificar e interrogar a los polic¨ªas implicados, as¨ª como evaluar correctamente la proporcionalidad de sus acciones hacia la demandante¡±, lo que choca con el art¨ªculo 3 del Convenio.
En este sentido, se hace eco del argumento expuesto por Rights International Spain, que acompa?¨® la demanda de L¨®pez Mart¨ªnez en 2016 y que sostiene que este caso es ¡°representativo del fallo sistem¨¢tico del Estado espa?ol a la hora de realizar investigaciones profundas, adecuadas y eficaces ante acusaciones de tortura y maltrato¡±. Seg¨²n la ONG, este caso presentaba una ¡°oportunidad excelente¡± para que el TEDH ¡°proporcione una gu¨ªa clara sobre c¨®mo se debe eliminar este problema estructural¡± y que, entre otros, los Estados garanticen un ¡°sistema de identificaci¨®n adecuado de los miembros de fuerzas del orden¡±. En su respuesta oficial, el Gobierno espa?ol indic¨® que en abril de 2013 ¡ªposterior a los hechos denunciados, aunque antes de que el caso llegara a Estrasburgo¡ª una resoluci¨®n de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa modific¨® ¡°la reglamentaci¨®n relativa a la identificaci¨®n de los agentes de polic¨ªa durante intervenciones, de manera que su n¨²mero de identificaci¨®n aparezca en los elementos accesorios de los uniformes, como los chalecos antibalas¡±. El problema indicado en la demanda, ¡°ya hab¨ªa sido resuelto¡± cuando el caso fue presentado ante el TEDH, agreg¨®, aunque visto el fallo, esta circunstancia no ha cambiado la valoraci¨®n de los jueces.
El tribunal recuerda adem¨¢s que el juez de la Audiencia Nacional que acord¨® la indemnizaci¨®n consider¨® que la demandante ¡°no debi¨® haber sufrido esas lesiones, porque nada hace concluir que contribuy¨® a los actos violentos tras la manifestaci¨®n¡±. Esa indemnizaci¨®n ¡°no pudo reparar la falta de efectividad de las investigaciones de las autoridades sobre el car¨¢cter desproporcionado del uso de la fuerza¡±, agrega el fallo.
La decisi¨®n del Tribunal Europeo de Derechos Humanos llega solo dos semanas despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa de Madrid solicitase penas de c¨¢rcel, que oscilan desde los tres a?os y ocho meses de prisi¨®n hasta los siete a?os y cuatro meses, para los 21 acusados de provocar des¨®rdenes y enfrentarse a la polic¨ªa durante la primera concentraci¨®n de Rodea al Congreso, convocada el 25 de septiembre de 2012 (cuatro d¨ªas antes de la que ha provocado el fallo del TEDH) en los alrededores del Palacio de las Cortes.
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